El Senado sesionó en medio de una fuerte interna oficialista por el pliego de Michelli y avanzó con las leyes de propiedad privada y manejo del fuego.
El Senado volvió a sesionar en un clima de alta susceptibilidad política. El debate estuvo precedido por una semana de fuerte controversia en La Libertad Avanza, gatillada por el pliego de la jueza Verónica Michelli y el posterior amago de renuncia de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
La polémica se originó cuando el presidente Javier Milei y su hermana Karina decidieron vetar la postulación de Michelli como jueza federal de La Plata. El motivo de la Casa Rosada radica en que la postulante es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga el caso de la criptomoneda $LIBRA.
Ante el veto, Bullrich se desmarcó del Gobierno y llegó a ofrecer su renuncia. Aunque inicialmente se acordó retirar el nombre de Michelli para calmar las aguas —lo que desató duros reproches de varios senadores libertarios hacia Bullrich—, la estrategia cambió tras un cuarto intermedio.
Finalmente, el Senado trató y aprobó los 74 pliegos judiciales con dictamen, incluido el de Michelli. El peronismo, liderado en este tramo por Anabel Fernández Sagasti, solo se diferenció al votar en contra de los pliegos de María Julia Sosa (secretaria del juez Ercolini) y de Emilio Rosatti (hijo del ministro de la Corte Suprema).
Cambios en propiedad privada y expropiaciones
En el plano legislativo, el oficialismo logró encauzar el debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que modifica aspectos medulares de las leyes de expropiaciones (21.499) y de regularización dominial (24.374).
Para destrabar el dictamen de comisión el pasado 20 de mayo, el Gobierno debió ceder en puntos sensibles:
- Sin desalojos inmediatos: se eliminó por completo el Capítulo III, que buscaba derogar artículos de la Ley de Integración Socio Urbana (27.453), blindando temporalmente a los barrios populares de desalojos exprés.
- Cambios en Tierras Rurales: se introdujeron modificaciones y derogaciones a ocho artículos de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre Tierras Rurales.
En cuanto a las expropiaciones, el nuevo texto legal fija criterios sumamente técnicos para garantizar lo que el Gobierno denomina un «justiprecio real». De ahora en más, la declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá demostrar idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la valuación del bien se calculará en base a la fecha anterior a cualquier intervención estatal para evitar que el propio Estado distorsione el precio. En contextos inflacionarios, la norma prevé una actualización que contemple la evolución de precios, tasas de interés comerciales y el reconocimiento del lucro cesante debidamente acreditado.
Polémica reforma a la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos neurálgicos de la sesión fue la reforma de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Las modificaciones aprobadas restringen significativamente las protecciones ambientales posteriores a los incendios:
- Se elimina el plazo de prohibición de 60 años para la realización de desarrollos comerciales sobre zonas quemadas.
- Se suprimen las restricciones específicas para la venta, subdivisión, loteo, parcelamiento o emprendimientos inmobiliarios en áreas afectadas, así como los cambios en la actividad agropecuaria.
- Quedan explícitamente excluidos de la protección posterior los humedales, áreas naturales protegidas, bosques implantados y la vegetación en general. No obstante, se mantiene la prohibición de cambio de uso de suelo para bosques nativos y bosques no productivos.
Pago a holdouts y juzgados en el interior
El orden del día también incluyó la aprobación del acuerdo con los holdouts Bainbridge Ltd. (pago de 67 millones de dólares) y Attestor Value Master Fund LP (104 millones de dólares), cerrando los litigios en los tribunales de Nueva York bajo la modalidad de entrega contra pago.
Finalmente, el Senado aprobó la creación de la Sala II en la Cámara Federal de Mar del Plata —impulsada por Maximiliano Abad— y la reorganización de la Cámara Federal de Tucumán, que ahora contará con dos salas y seis jueces en total.
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