El Ministerio de Salud oficializó la norma que exige seguro de salud o pago previo a extranjeros sin residencia. Las emergencias siguen garantizadas.
A través de la Resolución 1066/2026 del Ministerio de Salud, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó el esquema operativo que obliga a los extranjeros sin residencia permanente a abonar por la asistencia médica habitual en los hospitales dependientes del Estado Nacional. La medida concreta lo dispuesto en el DNU 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones N° 25.871, e introduce un procedimiento estandarizado para el recupero de costos en la red sanitaria federal.
El nuevo reglamento establece una diferenciación estricta entre la atención de emergencia y los servicios de salud programados o habituales:
- Atención de emergencias garantizada: cualquier cuadro clínico que implique un riesgo cierto e inminente para la vida o la conservación de funciones vitales (como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos graves o urgencias obstétricas y pediátricas) será asistido de manera inmediata sin demoras ni requisitos administrativos previos. La norma señala que, ante la duda sobre la gravedad del cuadro, prevalecerá la atención médica inmediata.
- Cobro de atenciones subsiguientes y habituales: una vez estabilizado el paciente o para consultas y estudios programados, los extranjeros no residentes deberán contar con un seguro de salud suficiente o abonar el 100% del arancel antes de recibir la prestación. Si la persona posee seguro, el hospital emitirá una factura electrónica de exportación a la compañía aseguradora con un plazo de cobro de 45 días.
- Residentes permanentes: quienes acrediten la condición de residencia permanente mediante su DNI físico vigente (o constancia digital Radex en trámite junto a su pasaporte) mantendrán el acceso al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.
Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió el nuevo protocolo señalando que busca terminar con los denominados «tours sanitarios», argumentando la necesidad de optimizar los recursos fiscales y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario nacional. La iniciativa sigue la línea impuesta previamente en jurisdicciones como Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, donde ya se aplican esquemas de arancelamiento a personas sin residencia.
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