Energía, ambiente y derecho de los vecinos: el progreso debe rendir cuentas ante la comunidad
Hay decisiones que exceden un expediente o la conveniencia empresarial: comprometen la tranquilidad de una población, su patrimonio ambiental y el porvenir de quienes habitarán ese territorio. La proyectada planta de almacenamiento eléctrico mediante baterías de litio en Ingeniero Maschwitz pertenece a esa categoría y merece una reflexión seria, documentada y libre de consignas.
Según informó El Día de Escobar el 2 de noviembre de 2026, Genneia S.A., en articulación técnica con EDENOR, proyecta instalarla sobre calle Brasil, entre La Pista y la Ruta Provincial 26, en el límite con Dique Luján. El emprendimiento BESS Maschwitz 33 kV tendría una potencia de 40 megavatios y una capacidad de almacenamiento de 200 megavatios hora: podría entregar electricidad durante cinco horas. El diseño contempla 44 contenedores de baterías y otros ocho destinados a equipos de conversión y transformación. La iniciativa forma parte del programa AlmaGBA, destinado a reforzar el abastecimiento eléctrico del Área Metropolitana.
No es una mina ni una fábrica de baterías: es una instalación de almacenamiento eléctrico. Los sistemas BESS acumulan energía cuando la demanda es menor y la devuelven a la red durante los picos de consumo. En Maschwitz y Garín, donde los vecinos conocen las dificultades del servicio en jornadas de alta demanda, mejorar el abastecimiento constituye un objetivo legítimo.
Argentina necesita energía, inversión, infraestructura y tecnología. Pero reconocer la legitimidad de un propósito energético no obliga a aceptar cualquier emplazamiento o condición de ejecución. La necesidad de electricidad no concede licencia ilimitada para disponer del territorio ni exime a empresas y autoridades del cumplimiento de la ley.
La preocupación vecinal se expresó mediante la petición «Protejamos Ingeniero Maschwitz de instalaciones peligrosas» y la cuenta de Instagram «Maschwitz Libre de Litio». Según la cobertura periodística, la solicitud había reunido más de 1.500 adhesiones. Los habitantes preguntan por la ubicación, el suelo, el agua, la vegetación, los equipos de refrigeración y transformación, los ruidos, los eventuales incendios, las distancias de seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias. Reclaman conocer el estudio ambiental, las habilitaciones y la compatibilidad del proyecto con las normas urbanísticas. Proponen examinar una localización industrial y que las obras no avancen mientras subsistan dudas sustanciales.
Esas inquietudes no deben descalificarse como resistencia irracional, ni cada temor presentarse como daño probado. Corresponde distinguir peligro identificado, probabilidad, consecuencias posibles y riesgo cuantificado. Esa precisión fortalece el reclamo y exige respuestas respaldadas técnicamente.
Las baterías de ion-litio presentan riesgos específicos. Uno de los más relevantes es el thermal runaway o fuga térmica: una reacción en cadena de sobrecalentamiento que puede propagarse entre celdas y módulos y originar incendios difíciles de controlar. Durante esos episodios pueden liberarse gases inflamables y sustancias peligrosas; en determinadas condiciones, su acumulación puede provocar deflagraciones. Existe, además, la posibilidad de reignición, por lo que la vigilancia posterior a un incendio resulta esencial. Las tareas de emergencia pueden requerir grandes cantidades de agua para enfriar los módulos; su manejo debe impedir que eventuales contaminantes alcancen el suelo o cursos de agua.
Describir estos riesgos no significa afirmar que la planta vaya a incendiarse. Significa reconocer que la tecnología requiere prevención y protocolos específicos. Deben conocerse la química de las baterías, sus certificaciones, compartimentación, sensores de temperatura y gases, ventilación, distancias de seguridad y planes de emergencia. Bomberos y servicios locales necesitan capacitación y simulacros previos a la puesta en marcha.
El estudio ambiental presentado por Genneia, elaborado por Scudelati & Asociados y fechado el 16 de septiembre de 2025, examina construcción, operación y desmantelamiento; considera aire, suelo, aguas, vegetación, fauna y ruido, e incluye programas de residuos, monitoreo y contingencias. La consultora califica bajo el riesgo ambiental. Esa conclusión debe examinarse: el informe fue encargado por la empresa y no garantiza ausencia de riesgo ni reemplaza la decisión de la autoridad ambiental.
Hay, además, una cuestión territorial que exige aclaración. El portal bonaerense de Participación Pública identifica el expediente «Planta de almacenamiento BESS Maschwitz 33 kV y LMT de vinculación», presentado por Genneia, bajo el partido de Tigre. Registra un período de participación entre el 2 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, y señala que no había observaciones o que estas aún no habían sido validadas. La noticia local ubica el predio de calle Brasil entre La Pista y Ruta 26, en el límite entre Ingeniero Maschwitz y Dique Luján. La diferencia no prueba por sí sola una irregularidad, pero obliga a precisar nomenclatura catastral, jurisdicción y correspondencia entre el estudio y el terreno intervenido. La evaluación debe referirse al sitio real.
También debe explicarse el estado de cada autorización. En su comunicación del 3 de noviembre, la Municipalidad de Escobar informó que el proyecto cuenta con autorización nacional para incorporarse al sistema interconectado, conformidad del Ministerio de Ambiente bonaerense para realizar trabajos preliminares, prefactibilidad hídrica de la Autoridad del Agua y aval antisiniestral de la Dirección de Bomberos provincial. La misma comunicación indica que la Declaración de Impacto Ambiental final, la Licencia de Construcción y la Habilitación de Funcionamiento corresponden a instancias diferenciadas.
Una conformidad para trabajos preliminares no equivale a una Declaración de Impacto Ambiental definitiva; la prefactibilidad hídrica no reemplaza la evaluación integral y el aval antisiniestral no habilita la operación. Es inexacto afirmar que ya están todos los permisos, pero también que no existe autorización alguna. Los vecinos tienen derecho a saber qué se aprobó, qué falta y quién fiscalizará.
La Ley bonaerense 11.723 establece el marco de protección ambiental y exige evaluación previa. Deben publicarse estudio y anexos, planos, mediciones, análisis hídricos, evaluaciones acústicas y planes de contingencia. La transparencia requiere explicar los documentos, responder observaciones y permitir su revisión independiente.
La localización exige ponderar zonificación, viviendas próximas, evacuación, drenaje, inundabilidad, cursos de agua y capacidad de respuesta pública. El estudio describe suelos con drenaje pobre: las condiciones hídricas y el manejo de escorrentías requieren explicación específica. La propuesta vecinal de estudiar un emplazamiento industrial merece comparación fundada. Toda alternativa viable debe considerarse antes de consolidar una decisión duradera.
Genneia debe explicar el proyecto y responder con documentación verificable. Su trayectoria no exige confianza automática: obliga a sostener estándares elevados de seguridad y diálogo. EDENOR y CAMMESA deben explicar la necesidad operativa y los beneficios para la red. Municipio, Provincia y Nación deben responder por sus decisiones y controles.
Argentina cuenta con litio, recursos naturales, universidades y capacidades científicas para desarrollar una industria energética de mayor valor agregado. Pero el progreso exige conocimiento, técnicos, proveedores y producción nacional. Una inversión se mide por el trabajo que genera, las capacidades que deja y el respeto hacia la sociedad que la recibe.
Ingeniero Maschwitz no debe reducirse a un terreno disponible en un mapa de inversiones. Una localidad está hecha de hogares, instituciones, paisaje, memoria y vínculos comunitarios. Sus habitantes no necesitan una condena anticipada ni una defensa empresarial sin fisuras: necesitan información cierta y participación efectiva. Preguntar por los riesgos no equivale a rechazar la energía; exigir permisos completos no significa oponerse a la inversión; proponer otro emplazamiento no constituye una negativa al desarrollo.
La salida exige serenidad y firmeza: vecinos organizados y asesorados; empresa dispuesta a exhibir estudios y asumir compromisos; autoridades que garanticen legalidad, respuestas y controles; medios que investiguen sin actuar como voceros. Una decisión semejante no puede resolverse mediante descalificaciones ni hechos consumados.
Argentina necesita energía para producir, trabajar y vivir mejor. Necesita inversiones y tecnología, pero también instituciones que respeten la ley y comunidades tratadas con dignidad. No hay contradicción inevitable entre seguridad energética y protección ambiental: la obligación pública consiste en armonizarlas con evidencia, previsión y responsabilidad. El verdadero progreso no se mide por la rapidez con que una máquina empieza a trabajar ni por los megavatios anunciados, sino por la calidad de las decisiones, la seguridad de las personas y la confianza que inspiran quienes las adoptan.
Que haya energía para el desarrollo, inversiones para el trabajo y tecnología para el futuro. Pero que haya, por encima de cualquier conveniencia circunstancial, respeto por la ley, por la naturaleza y por los argentinos. La grandeza de una patria se demuestra haciendo que cada obra esté a la altura de la dignidad de su pueblo.
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