La Marcha Federal Universitaria terminó con más de 30 detenidos y heridos frente al Congreso tras choques entre manifestantes y la policía.
La quinta Marcha Federal Universitaria concluyó este jueves con graves incidentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Lo que comenzó como una masiva movilización de la comunidad educativa en reclamo del presupuesto para las casas de estudio finalizó con más de 30 personas detenidas, efectivos de las fuerzas de seguridad lesionados, severos daños en las calles y acusaciones cruzadas entre el Gobierno nacional y los sectores organizadores.
La movilización estuvo marcada por las intensas lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y una convocatoria integrada por estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades de distintas casas de estudio y diversas agrupaciones políticas y sindicales. Los reclamos centrales apuntaron a exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial del sector y el rechazo al Presupuesto 2027, además de solicitar la derogación del DNU 70/2023.
Cómo empezaron los incidentes
Los disturbios comenzaron pasadas las 15:40 sobre la avenida Entre Ríos, cuando un grupo de personas encapuchadas comenzó a derribar el vallado de protección, romper baldosas y arrojar piedras y elementos contundentes contra el personal policial. Las fuerzas federales, conformadas por Gendarmería Nacional, Policía Federal y Prefectura Naval, junto a la Policía de la Ciudad, desplegaron un operativo para dispersar a los manifestantes mediante el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.
Los choques se extendieron por las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, y se generon momentos de zozobra; incluso afectó el anexo de la Cámara de Diputados, donde el ingreso de los gases provocó la descompensación de algunos legisladores. De acuerdo con informes oficiales, los incidentes dejaron un saldo de ocho efectivos de seguridad heridos (cuatro de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de Prefectura) y al menos dos civiles atendidos por el servicio de emergencias SAME.
Asimismo, la jornada concluyó con 31 personas detenidas. La Policía de la Ciudad arrestó a seis personas cerca del Palacio Legislativo, incluidos dos menores de edad de 14 y 17 años, mientras que las autoridades nacionales informaron sobre otros 25 arrestos realizados en las principales terminales de trenes. En tanto, desde el Gobierno porteño evaluaron de manera preliminar los daños sobre la Plaza del Congreso y sus inmediaciones en $90 millones.
El reclamo del documento central
Durante el acto principal, la comunidad universitaria hizo público un documento conjunto en el que advirtió que la falta de financiamiento adecuado y la falta de aplicación de las decisiones judiciales referidas a la Ley de Financiamiento no solo amenazan la continuidad de las actividades para el próximo ciclo lectivo, sino que también atentan contra el funcionamiento democrático y el sistema republicano.
Los organizadores subrayaron la urgencia de readecuar las partidas asignadas para garantizar la infraestructura y las condiciones laborales básicas en el sistema de educación pública superior, que ya ha experimentado múltiples movilizaciones a lo largo del año.
La respuesta oficial
El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por atentado a la autoridad, daño agravado y atentado contra el orden constitucional. Desde el oficialismo calificaron los hechos como un intento deliberado de desestabilización política.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a quienes protagonizaron los destrozos y remarcó en sus canales oficiales que el derecho a protestar no valida el uso de la fuerza ni la destrucción de bienes públicos.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que los incidentes respondieron a una estrategia deliberada por parte de sectores radicalizados para generar inestabilidad política frente al escenario electoral, y defendió la asignación de recursos realizada por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, el secretaario de Educación, Carlos Torrendell, calificó los desmanes como acciones orquestadas por «grupos de tarea» que atentan contra la institucionalidad, al tiempo que aseguró que la gestión nacional está actuando en el marco de la ley para equilibrar las cuentas públicas y garantizar el superávit fiscal.
Por su parte, referentes de bloques opositores y dirigentes sindicales repudiaron la actuación de las fuerzas de seguridad, calificando el operativo como una provocación innecesaria frente a una manifestación que venía desarrollándose de forma pacífica.
Deja una respuesta