El oficialismo presenta cambios en la Ley de Salud Mental sobre internaciones y adicciones. Buscan votar a fines de octubre.
El bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), encabezado por Patricia Bullrich junto a las legisladoras Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, dará un paso clave este miércoles en el Congreso al presentar el proyecto de reforma a la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657). La actividad está prevista para las 14:00 en el despacho de la jefa de bancada, donde se darán a conocer las modificaciones consensuadas tras meses de debate y rondas de negociación.
El objetivo del oficialismo es lograr un dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Salud (presidida por Arrascaeta) y de Legislación General (dirigida por Márquez), para impulsar la votación del texto en el recinto durante la última semana de octubre.
Los cambios centrales: internaciones y adicciones
Uno de los ejes más relevantes de la reforma afecta al régimen de internaciones involuntarias. La normativa vigente exige la presencia de un «riesgo cierto e inminente» para disponer una internación sin consentimiento; el nuevo texto propone reemplazar ese criterio por la existencia de un «riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros». Para efectivizar la medida se requerirá la evaluación y firma de dos profesionales, de los cuales al menos uno deberá ser médico (preferentemente psiquiatra).
Asimismo, la iniciativa contempla transformaciones profundas en adicciones y atención sanitaria. El tratamiento de adicciones quedará integrado formalmente al sistema de salud mental y se precisarán definiciones conceptuales para abordar las adicciones como enfermedades. Además, se dispondrá una atención especializada en adicciones infantojuveniles con equipos formados específicamente y dispositivos diferenciados de los adultos. Se garantizará la no criminalización y el respeto a la autonomía.
Se habilitará también el uso de teleconsultas para zonas aisladas y se normará un seguimiento ambulatorio de hasta seis meses tras el alta médica, bajo controles judiciales cada 30 días. Además, los usuarios podrán manifestar previamente su voluntad sobre sus tratamientos y las familias deberán ser notificadas con anticipación sobre las salidas hospitalarias.
Un debate que suma acuerdos
Esta iniciativa se suma al proyecto de reforma integral remitido por el Ejecutivo al Senado el pasado 18 de abril. A partir de mayo, el trabajo parlamentario incluyó plenarios con más de 70 expositores, entre ellos funcionarios, asociaciones profesionales, familiares y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el mes de agosto, Bullrich y Arrascaeta mantuvieron reuniones con autoridades de Salud de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, con el fin de recoger las realidades del sistema en todo el país.
«Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone», destacó la senadora Nadia Márquez respecto del alcance de la reforma.
Con la presentación de esta tarde se vislumbrará el alcance final de los acuerdos logrados. Cabe remarcar que los cambios aún no se encuentran vigentes y su sanción dependerá del tratamiento legislativo en las próximas semanas.
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