El Senado debate discapacidad, propiedad privada y patentes. El oficialismo frenó tratar sobre tablas la ley de ludopatía y pasó el debate al próximo jueves.
Con un holgado quorum de 41 senadores presentes gracias a la asistencia del peronismo y los bloques aliados, el Senado inició pasadas las 11 de la mañana la primera de las tres sesiones previstas para el cierre del período ordinario. Los senadores debatirán sobre el fortalecimiento del sistema de discapacidad, la ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», un tratado internacional de patentes y la apertura del cabotaje marítimo.
Fuerte cruce por la ley de ludopatía
Antes que comenzara el debate de los proyectos, se generó una polémica por la ley de prevención de la ludopatía. El jefe de la bancada del PJ, José Mayans, reclamó tratar la iniciativa al advertir que el proyecto con media sanción de Diputados lleva 731 días en el Senado y perderá estado parlamentario la próxima semana. “No podemos tener el corazón tan duro ni mirar para otro lado”, sostuvo el senador formoseño. La norma prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de plataformas de apuestas en línea, incluyendo redes sociales, eventos deportivos e indumentaria, y exige controles biométricos para impedir el acceso de menores.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, recordó que su espacio no habilita tratamientos sobre tablas. S8in embargo, ratificó su compromiso con el tema, asumido en la previa de la visita del Papa, y propuso convocar a las tres comisiones intervinientes el próximo martes o miércoles.
La discusión escaló cuando la senadora catamarqueña Lucía Corpacci pidió a los legisladores dejar «de pensar en los negocios que hace cada uno». Esto motivó una enérgica réplica de Bullrich: “No le voy a aceptar que diga que atrás de esto hay negocios. No se la voy a dejar pasar”. Finalmente, el pedido de Mayans fue rechazado: 28 votos a favor y 40 en contra, sin alcanzar los dos tercios. No obstante, se aprobó por unanimidad (70 votos) una moción del jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, para otorgarle preferencia y tratar el proyecto en el recinto el jueves 26, con o sin dictamen.
Reforma del sistema de discapacidad
Tras aprobar el ascenso a general de división del actual jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibañez (59 votos a favor, 3 en contra y una abstención), el recinto inició el debate del proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, que ya cuenta con media sanción en Diputados.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), defendió la propuesta asegurando que reemplaza el esquema de emergencia por un régimen permanente para dar «previsibilidad» y que «no establece ningún tipo de recorte».
Según explicó, la norma garantiza la continuidad de las prestaciones de la Ley 24.901 y fija las pensiones no contributivas en el 70% de la jubilación mínima con actualización automática. También establece su compatibilidad con el empleo formal siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Asimismo, incorpora auditorías periódicas con garantías de notificación y descargo previo a cualquier suspensión y obliga a actualizar los aranceles de los prestadores por movilidad y estudio de costos. Además, fija un plazo máximo de 90 días corridos para cancelar las compensaciones pendientes, estimadas en $278.300 millones, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó el costo total para 2028 en $1,2 billones.
Desde el justicialismo anticiparon el acompañamiento al proyecto, aunque con fuertes críticas al Gobierno por los vetos y recortes previos en el área. Alicia Kirchner cuestionó que el oficialismo hable de «beneficiarios» en lugar de «titulares de derechos» y advirtió sobre la «cultura del descarte». Por su parte, Lucía Corpacci denunció un recorte real del 13% en el Programa Incluir Salud dentro del proyecto de Presupuesto 2027, mientras que Daniel Bensusan exigió el cumplimiento efectivo de las partidas bajo la premisa de “equilibrio fiscal sí, pero respetando la dignidad humana”. En la misma línea, Jorge Capitanich subrayó la jerarquía constitucional de estos derechos, destacó la inclusión de pensiones para mayores de 70 años y repudió las campañas oficiales previas que buscaron deslegitimar las pensiones por invalidez.
Propiedad privada, patentes y cabotaje marítimo
Otro de los temas a tratar es la ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», de cuyo texto final fueron excluidas las modificaciones a las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. La norma establece que «la utilidad pública será de interpretación restrictiva» en expropiaciones. Además, fija un límite de 90 días para ocupaciones temporáneas anormales y garantiza un plazo de 10 días para ofrecer una solución habitacional en desalojos que involucren a menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
Asimismo, se someterá a votación la apertura del cabotaje marítimo y fluvial a buques extranjeros, iniciativa que generó protestas de gremios y operadores navales. También se tratará la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la OMPI; un acuerdo de 1970 que busca simplificar el registro internacional de invenciones, pero que históricamente enfrentó la resistencia de los laboratorios nacionales por el uso de informes técnicos elaborados en el exterior.
El temario se completa con la «Ley Joaquín», que exige medidas obligatorias de seguridad para prevenir accidentes en espacios deportivos y recreativos. También tratarán la creación de protocolos contra la violencia hacia niños y adolescentes en ámbitos educativos, deportivos, religiosos y culturales, tratados internacionales y transferencias de inmuebles nacionales a provincias.
Por último, el Senado designará a las autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), una nómina que incluye a Mariano Przybylski, Gabriela Bencina, Humberto Schiavoni, Diego Armesto, Eduardo Toniolli, Leonardo Szuchet y Fernando Zarabozo. La postulación de este último recibió una dura impugnación del CELS, que cuestionó su falta de independencia por desempeñarse desde 2024 en la defensa de funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.















































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