El oficialismo consiguió el dictamen en el Senado para suspender las PASO 2027, pero debió ceder y retirar las listas colectoras tras negociar con aliados.
Tras una extensa jornada de negociaciones al límite en la Cámara alta, La Libertad Avanza obtuvo este miércoles el dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales para avanzar con la reforma política en el Senado. El despacho reunió 11 firmas, apenas una por encima del mínimo reglamentario, y establece la suspensión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, aunque el Gobierno debió resignar varios puntos de su iniciativa original, entre ellos la polémica habilitación de las listas colectoras.
La intención de La Libertad Avanza, encabezada en el recinto por Patricia Bullrich y respaldada en el armado político por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, es llevar la iniciativa al recinto el próximo jueves 26 de noviembre para darle media sanción y girarla a la Cámara de Diputados. El debate en el recinto se dará apenas un día después de que Santilli brinde su primer informe de gestión ante el Senado, previsto para el miércoles 25 a las 15.
Negociaciones al límite y rechazo a las colectoras
El despacho se destrabó recién cerca de las 20 horas, luego de un cuarto intermedio y de una reanudación exprés que generó quejas en el bloque peronista por la falta de debate y de lectura previa del texto final. Además de los seis senadores oficialistas —Patricia Bullrich, Agustín Coto (presidente de la comisión), Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta—, el dictamen sumó las firmas de los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez. Las tres firmas decisivas llegaron en disidencia: una parcial del radical catamarqueño Flavio Fama y dos simples de los senadores de Provincias Unidas Carlos «Camau» Espínola y Alejandra Vigo.
El principal escollo de la negociación fue el sistema de listas colectoras, una herramienta que permitía que más de una lista legislativa adhiriera al mismo candidato presidencial y que había sido impulsada originalmente por sectores del oficialismo, señalados hacia «Lule» Menem, para seducir a gobernadores aliados, como el mendocino Alfredo Cornejo y el correntino Juan Pablo Valdés. Sin embargo, ante el rechazo explícito del PRO y de diversas fuerzas provinciales, el Gobierno advirtió que insistir con ese mecanismo ponía en riesgo la aprobación general del proyecto en el recinto. «Escuchamos las distintas miradas y decidimos volver al sistema de un ciudadano, un voto», justificó Bullrich tras sellar el acuerdo con la UCR para sostener el acompañamiento a cambio de eliminar las colectoras.

Los puntos clave del dictamen
El proyecto enviado originalmente por el Ejecutivo en abril sufrió profundas modificaciones para asegurar los votos necesarios. Por un lado, se suspenden por única vez las elecciones primarias previstas para 2027, dejando la selección de candidatos nacionales a cargo de las cartas orgánicas de cada partido o los reglamentos de las alianzas.
Además, se implementará la ley de Ficha Limpia de forma permanente. Se prohíbe la postulación a cargos electivos de personas con condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Si el fallo se dicta a partir del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación regirá una vez concluido ese proceso.
También se realizaron cambios en la Boleta Única de Papel (BUP). A contramano de la ley vigente, se habilita que las provincias y municipios que realicen sus elecciones el mismo día que las nacionales puedan unificar todas las categorías en una misma boleta. Asimismo, se incorpora un casillero de «boleta completa» para que el elector pueda votar la lista entera con una sola marca.
A su vez, se realizaron cambios en los debates presidenciales. La obligatoriedad de los debates públicos organizados por la Cámara Nacional Electoral quedará restringida únicamente a los candidatos que alcancen una eventual segunda vuelta (balotaje), debiendo realizarse dentro de los diez días previos a esa votación.
En cuanto al financiamiento y la publicidad electoral, se mantiene el tope del 2% para los aportes privados a las campañas, descartando la liberación total que pretendía el texto original, y se reduce a la mitad (del 5% al 2,5%) el tiempo gratuito que los medios audiovisuales deben ceder para publicidad electoral.
También se flexibilizó de la veda electoral. Se modifica el artículo 71 del Código Electoral para levantar las restricciones a las actividades comerciales, culturales y sociales durante la jornada de votación, además de eliminar los plazos de veda para la difusión de publicidad en medios de comunicación.
Por último, se elimina la elección directa de los Parlamentarios del Mercosur. Los 24 parlamentarios por distrito pasarán a ser designados por las legislaturas provinciales, mientras que los 19 correspondientes al distrito único serán elegidos por el Congreso Nacional (12 por Diputados y 7 por el Senado).















































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