El Gobierno envió al Congreso el proyecto para eliminar las primarias, suspender elecciones al Parlasur y endurecer requisitos a partidos.
El Gobierno de Javier Milei dio un paso decisivo en su agenda de reforma del Estado, esta vez apuntando directamente al corazón del sistema político argentino. Bajo la premisa de «terminar con la joda de la casta», el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma electoral que busca desmantelar estructuras que, según el oficialismo, solo sirven para financiar la política con el dinero de los contribuyentes.
Fin de las PASO: ahorro y autonomía partidaria
El eje central de la iniciativa es la eliminación de las PASO. Según declaraciones del ministro del Interior, Diego Santilli, esta medida permitiría un ahorro superior a los 200 millones de dólares.
El argumento oficial sostiene que el Estado no debe obligar a los ciudadanos a participar ni a pagar por las internas de los partidos políticos. De aprobarse, cada espacio político deberá resolver sus candidaturas de manera autónoma, volviendo a un esquema de internas partidarias o acuerdos de cúpula, sin el despliegue logístico y financiero del sistema electoral nacional.
«Motosierra» a los sellos de goma y biometría
La reforma también apunta a los denominados «sellos de goma»: partidos políticos con escasa representatividad que subsisten gracias a los fondos estatales. El proyecto propone endurecer las condiciones para mantener la personería jurídica, elevando los requisitos de afiliación y de desempeño electoral.
Como novedad tecnológica y de control, se planea implementar la verificación biométrica para las nuevas afiliaciones. Con esto, el Gobierno busca terminar con las afiliaciones fantasma o duplicadas, garantizando que el padrón de cada partido sea real y transparente.
Suspensión de elecciones al Parlasur y cambios en los debates
Otro punto de alta sensibilidad política es la suspensión de la elección directa de representantes para el Parlasur. Bajo el nuevo esquema, los representantes argentinos serían designados por la Cámara de Diputados, respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas. Los designados no percibirían un salario adicional, sino únicamente viáticos por asistencia, eliminando así una estructura de gasto que el Ejecutivo considera ineficiente.
En cuanto a la exposición de los candidatos, la reforma propone modificar la ley de debates presidenciales y elimina su carácter estrictamente obligatorio o flexibilizando las sanciones por no participar. Esta medida busca dar mayor libertad estratégica a los candidatos, rompiendo con la obligatoriedad impuesta en reformas anteriores.
La Boleta Única y el factor gobernadores
El proyecto ratifica la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), pero introduce un detalle técnico que genera debate: la inclusión del casillero de «voto lista completa». Este mecanismo es visto como un beneficio para las fuerzas con figuras nacionales fuertes (como la de Milei), permitiendo que el arrastre presidencial favorezca a los candidatos legislativos.
El éxito de la reforma en el Congreso depende ahora de una compleja negociación con los gobernadores. Según fuentes oficiales, el Gobierno está dispuesto a entablar diálogos con mandatarios provinciales (como los de San Juan, San Luis y Chaco) para buscar los votos necesarios. Algunos estrategas sugieren que el apoyo a la reforma nacional podría estar vinculado a acuerdos de gobernabilidad local o incluso a la discusión sobre las reelecciones en sus respectivos distritos.
Con esta reforma, Milei busca no solo un rédito económico, sino una transformación estructural que debilite la fragmentación partidaria y refuerce el vínculo directo entre el electorado y las fuerzas políticas con representación real.
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