A través de un anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ejecutivo confirmó el envío de un nuevo proyecto al Congreso. La iniciativa busca modificar artículos clave de la normativa vigente desde 2010, atendiendo a históricos reclamos de familiares y sectores médicos sobre la operatividad del sistema ante crisis agudas.
El Gobierno nacional anunció formalmente que en los próximos días enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar la actual Ley de Salud Mental (N° 26.657). La noticia, comunicada por el portavoz y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reabre un debate profundo y sensible en la sociedad argentina sobre cómo el Estado y el sistema sanitario deben intervenir ante los padecimientos mentales y las adicciones.
El foco en las internaciones involuntarias
Uno de los puntos más críticos y esperados de la reforma es la flexibilización de los criterios para las internaciones involuntarias. Según el proyecto que prepara el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, se busca que los profesionales tengan herramientas más ágiles para actuar ante señales de alarma, incluso antes de que la situación derive en una tragedia o un riesgo de vida inminente.
Bajo la normativa actual, la internación involuntaria es un recurso excepcional que requiere de una determinación de riesgo «cierto e inminente». Sin embargo, familiares de pacientes han denunciado durante años que este marco legal deja «desprotegidos» a quienes no tienen conciencia de enfermedad, impidiendo una intervención temprana. La nueva propuesta permitiría convertir una internación voluntaria en involuntaria mediante notificación judicial y un análisis interdisciplinario si el paciente no está en condiciones de evaluar su propio estado.
El rol de los hospitales especializados
Otro eje central de la reforma es el replanteo de los hospitales monovalentes (instituciones especializadas en salud mental). Mientras que la ley vigente de 2010 promovía el cierre progresivo de estas instituciones para integrar la atención en hospitales generales, el nuevo proyecto reconoce que ciertos pacientes requieren atención especializada por períodos prolongados.
La iniciativa apunta a que estas instituciones no desaparezcan, sino que se modernicen y se integren a una red de cuidados que evite que las personas con patologías crónicas o crisis graves queden sin opciones de tratamiento adecuadas.
Para garantizar la transparencia en estas nuevas facultades, el Gobierno propone ampliar la participación en el Órgano de Revisión. Se busca incorporar áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental y la SEDRONAR, con el objetivo de fortalecer la fiscalización de los procesos y asegurar que el aumento en las internaciones no vulnere los derechos individuales de los pacientes.
Primeras reacciones
El anuncio ya generó repercusiones en el arco político. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la iniciativa a través de sus redes sociales: «La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma que las familias reclaman y los pacientes necesitan con urgencia».
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de trabajadores de la salud advierten que cualquier cambio debe hacerse con cautela para no «desandar conquistas» en materia de autonomía y derechos ganados desde 2010.
El proyecto ingresará formalmente a las cámaras legislativas esta misma semana, donde se espera un tratamiento intenso y la participación de diversos colectivos profesionales para definir el futuro de la salud mental en la Argentina.
