El oficialismo logró destrabar los pliegos judiciales y el acuerdo económico, pero debió postergar la ley de propiedad privada por falta de votos.
En una jornada de alta intensidad política, el Senado avanzó con reformas clave para el Poder Judicial y dio un paso financiero decisivo. El oficialismo logró aprobar un paquete de 74 pliegos judiciales —entre ellos, la jueza Michelli— y otorgó la media sanción al pago de 171 millones de dólares a Fondos Buitre. Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) debió ceder terreno y postergar el debate sobre la ley de propiedad privada ante la falta de consenso.
Aval a 74 jueces y fractura oficialista por el «caso Michelli»
El Senado aprobó la designación de 74 funcionarios judiciales cuyas postulaciones estaban pendientes. Aunque 72 de los pliegos se votaron por unanimidad, la controversia se centró en la nominación de Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.
Tras una hora de cuarto intermedio marcada por discusiones en los pasillos, el oficialismo cedió a las presiones del interbloque Popular para tratar su pliego. La votación expuso quiebres inesperados:
- Aprobación ajustada: se convalidó con 44 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones.
- Fisuras en LLA: la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, se abstuvo argumentando que «no se pueden atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar», mientras que 18 senadores de su propio bloque votaron en contra.
- Cruces en la oposición: el peronismo aportó 21 votos para aprobarlo, mientras que la gran mayoría de la Unión Cívica Radical (UCR) optó por ausentarse.
El peronismo también se diferenció al rechazar los pliegos de María Julia Sosa (secretaria del juez Julián Ercolini) y del hijo del ministro de la Corte Suprema, Emilio Rosatti. La senadora Anabel Fernández Sagasti justificó el acompañamiento general por la necesidad de cubrir vacantes en las provincias, aunque aclaró: «Que votemos 72 pliegos no quiere decir que estemos de acuerdo con la política judicial».
Media sanción al pago de Fondos Buitre
En el plano económico, el oficialismo logró enviar a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que convalida los Acuerdos de Conciliación con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. La iniciativa obtuvo 40 votos a favor y 22 en contra.
El acuerdo estipula un desembolso de 171 millones de dólares (67 millones para Bainbridge y 104 millones para Attestor) para cerrar litigios que arrastran 25 años de antigüedad y que no habían ingresado al canje del año 2016.
El senador libertario Agustín Monteverde defendió la medida señalando que se logró una quita superior al 35%, garantizando la inmunidad del país ante nuevos embargos. En la vereda opuesta, el titular de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, rechazó de pleno el proyecto afirmando que «la verdadera corrupción está en el endeudamiento público».
Más salas en Mar del Plata y Tucumán
Con un amplio consenso de 61 votos afirmativos, la Cámara Alta aprobó una reforma estructural para apurar los tiempos de la justicia en el interior:
- Mar del Plata: se creó la Sala II en la Cámara Federal de Apelaciones para atender el colapso del tribunal, cuya demanda saltó de 700 expedientes en 1992 a más de 8.000 proyectados para 2025.
- Tucumán: se dispuso la reorganización en dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones y se sumó un sexto juez para agilizar causas complejas de narcotráfico, trata de personas y ciberdelito.
Freno a la Ley de Propiedad Privada
El dato político de la jornada fue el paso atrás que debió dar el oficialismo con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el cual era defendido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El tratamiento fue postergado para la próxima semana a mano alzada y sin justificaciones públicas por parte del senador libertario Agustín Coto. Desde la oposición celebraron la marcha atrás; la senadora santacruceña Ana Marks afirmó en sus redes sociales que el Gobierno retiró el proyecto «porque no tenían los votos» para aprobar el modelo económico.
Cabe destacar que el proyecto original ya había sufrido severas modificaciones en comisiones, donde se eliminó el capítulo que permitía desalojos inmediatos en barrios populares (derogando la Ley 27.453). Las reformas remanentes buscan modificar la Ley de Expropiaciones, limitar la ocupación temporánea y acelerar las vías procesales de desalojo mediante juicios sumarísimos y notificaciones electrónicas.
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