El Gobierno eliminó el tope del 2% a los aportes sindicales y amplió el cálculo a los salarios reales. La CGT mantiene su plan de lucha.
El Gobierno oficializó un cambio clave en la reglamentación de la reforma laboral. A través del Decreto 612/2026, el Gobierno dio marcha atrás con la medida del 1° de julio, eliminó el límite del 2% para los aportes y contribuciones de los Convenios Colectivos de Trabajo y habilitó que el cálculo se realice sobre el total de los conceptos remunerativos habituales.
Un reclamo gremial que modificó la norma
La reglamentación previa imponía que los aportes no podían superar el 2% y que debían calcularse de forma exclusiva sobre el salario básico convencional. Esta medida había generado un fuerte rechazo en el arco sindical, dado que en numerosos convenios el sueldo básico no refleja el haber real percibido, el cual se integra con adicionales y sumas fijas de cobro habitual.
Con el nuevo decreto, el Gobierno otorgó luz verde a gremios y cámaras empresarias para negociar libremente los montos y estableció que la base de cálculo comprenderá, además del haber básico, todas las sumas remunerativas normales y habituales de pago mensual.
La normativa excluye expresamente de esta base a los conceptos que no sean de percepción normal y mensual, tales como el aguinaldo, plus vacacional, horas extras, premios, bonos y participación en las ganancias. Desde la conducción sindical aclararon que esta exclusión aplica únicamente al cómputo de los aportes convencionales y no afecta la remuneración general del trabajador.
Asimismo, la normativa ratifica que los fondos recaudados por esta vía deberán administrarse de manera separada y destinarse de forma exclusiva a obras asistenciales, sociales, previsionales o culturales en beneficio directo de los afiliados.
Reacciones del sector sindical y el mapa político
Desde la CGT calificaron la medida como un triunfo frente al esquema inicial del Gobierno. Cristian Jerónimo, secretario general de la central obrera y de SEIVARA, señaló que el cambio busca «evitar una lluvia de cautelares», recordando que su organización ya había iniciado acciones judiciales contra la reglamentación original. Desde la central enfatizaron que estos recursos garantizan prestaciones esenciales como capacitación, sepelios, ajuar y turismo.
Por su parte, Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, analizó el impacto técnico de la norma y cuestionó la orientación de la política oficial. Confirmó que se computarán adicionales mensuales como antigüedad y presentismo. Además, sostuvo que el marco regulatorio evidencia una postura que busca condicionar la autonomía sindical según el origen del financiamiento (aportes de los trabajadores vs. contribuciones patronales).
Mantenimiento del plan de lucha
A pesar de la flexibilización en este punto normativo, la tensión entre el sindicalismo y la Casa Rosada no ha cedido. La CGT, junto a la CATT, la CTA Autónoma y movimientos sociales, anunció el inicio de un plan de protestas coordinadas y escalonadas:
- Frente al Congreso: convocatoria a movilizarse este miércoles 22 en respaldo al reclamo de los jubilados y en rechazo al rumbo económico.
- Jornada del 7 de agosto: acompañamiento a la marcha de la UTEP en coincidencia con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Tercera semana de agosto: concentración ante el Ministerio de Economía para denunciar el endeudamiento pyme y de las familias.
Desde la conducción sindical advirtieron que este cronograma de movilizaciones busca consolidar el escenario para la posterior convocatoria a un paro general.
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