El Gobierno impulsa la Ley de Competitividad Financiera: habilita vender plazos fijos, adelantar cobros de tarjetas, pagarés indexados y activos digitales.
El Gobierno nacional avanza con la reforma del sistema financiero mediante el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que busca desregular el mercado de capitales, modernizar los instrumentos de crédito y habilitar el uso de tecnologías digitales y nuevos activos como garantía.
El texto, enviado a la Cámara de Diputados con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva, y retirado de manera temporal para incorporar ajustes técnicos antes de su reingreso, retoma los lineamientos anunciados en julio pasado para promover la competencia y dar mayor liquidez al circuito financiero.
El texto no se limita a la operatoria bursátil tradicional, sino que reescribe normas clave sobre plazos fijos, tarjetas de crédito, pagarés, facturas de crédito electrónicas, prendas y fondos comunes de inversión, además de introducir cambios tributarios en el Impuesto a las Ganancias para los certificados de depósito de acciones adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026.
Plazos fijos negociables y cobro anticipado en tarjetas de crédito para comercios
Entre las medidas con impacto más directo en ahorristas y comercios, la reforma habilita la negociación secundaria de los certificados de plazo fijo constituidos por un plazo igual o superior a los 365 días en los mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
De este modo, quien inmovilice su dinero a un año o más podrá vender el certificado antes de su vencimiento si necesita hacerse de efectivo. El economista Eric Paniagua advierte que, si bien esta herramienta brinda una opción adicional de liquidez sin alterar el funcionamiento de los plazos fijos tradicionales a 30 días, introduce un riesgo de mercado: el precio de venta dependerá de la cotización vigente y podría resultar inferior al capital depositado si las tasas de interés subieron en el interín.
En cuanto a las tarjetas de crédito, la iniciativa introduce cambios orientados a los comercios y no a los consumidores finales, ya que no modifica las tasas ni el resumen del titular. Cada venta financiada generará un título valor electrónico no cartular que los comercios podrán negociar en el circuito financiero para adelantar su cobro, evitando la espera habitual de entre 8 y 18 días.
Según la socia del estudio Bomchil, María Victoria Tuculet, el mecanismo funcionará de manera similar al descuento de cheques de pago diferido. Tanto Tuculet como Paniagua coinciden en que, en un entorno competitivo, el abaratamiento del financiamiento para los comercios minoristas podría traducirse indirectamente en mejores precios o condiciones de venta, reduciendo la brecha entre el precio de lista y el pago al contado o por transferencia.
Tokenización, blockchain y delimitación de roles entre el BCRA y la CNV
Uno de los pilares de la reforma es la actualización de la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831 para permitir que cualquier valor negociable sea emitido, almacenado y transferido mediante tecnologías de registros distribuidos (blockchain) u otros sistemas equivalentes, siempre que garanticen trazabilidad, inmutabilidad y seguridad.
Asimismo, el proyecto crea la categoría de «Otros Ámbitos de Negociación Autorizados» y habilita a plataformas digitales, aplicaciones móviles y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la CNV a operar estos instrumentos con la misma validez legal que los mercados tradicionales. También abre la puerta para que los fondos comunes de inversión incorporen activos virtuales bajo la regulación del organismo bursátil.
Para evitar superposiciones normativas, el proyecto establece una división de competencias explícita entre los entes reguladores: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) conservará la custodia sobre el dinero y los sistemas de pago, liquidación y compensación, mientras que la CNV tendrá competencia exclusiva sobre las inversiones y los valores negociables, incluidos los tokenizados.
Pagarés indexados, pago en especie y alivio judicial para PyMEs
Con el fin de revitalizar el crédito comercial a mediano y largo plazo, la reforma modifica el régimen de letras de cambio y pagarés para permitir la inclusión de cláusulas de actualización basadas en índices públicos o unidades de medida de valor. El proyecto aclara que esta indexación no afectará la liquidez ni la fuerza ejecutiva del título al momento de reclamar su cobro por vía judicial.
Como novedad para el sector productivo, los pagarés podrán estipular el pago en especie mediante la entrega de bienes fungibles —como productos agrarios, minerales o insumos industriales—, detallando cantidad, calidad, lugar y fecha. Tuculet destaca que esta medida brinda respaldo legal para el endoso, descuento y securitización de una práctica comercial que ya es habitual en el agro.
Para las pequeñas y medianas empresas, el texto introduce dos modificaciones relevantes en la Factura de Crédito Electrónica MiPyME. Por un lado, blinda su cobro ejecutivo al establecer que la falta, error o inexistencia del remito no invalidará bajo ninguna circunstancia el título, otorgando mayor seguridad jurídica tanto a la PyME emisora como a quien adquiera la factura en el mercado. Por otro lado, permite su negociación directa en plataformas sin intermediarios obligatorios, aunque extiende de 15 a 21 días corridos el plazo para su aceptación tácita.
Un nuevo Sistema Federal de Registro de Garantías
Finalmente, la ley propone una modernización integral del régimen de prenda con registro para ampliar el abanico de activos que empresas y emprendedores pueden ofrecer como respaldo crediticio. El texto autoriza prendas fijas sobre activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias y créditos contractuales, así como prendas flotantes sobre inventarios, fondos de comercio, flujos de ingresos futuros y saldos en cuentas bancarias, billeteras virtuales o subcuentas comitentes.
Para administrar estas operaciones, se crea el Sistema Federal de Registro de Garantías bajo la órbita del BCRA. Funcionará como una red digital descentralizada e interoperable integrada por entidades financieras, mercados, cámaras compensadoras y plataformas habilitadas, donde el orden de prioridad de cada gravamen quedará determinado por el día, hora, minuto y segundo exacto de su inscripción, con acceso público y gratuito para consultas simples.
De aprobarse en el Congreso tras el reingreso de la versión ajustada por el Ejecutivo, la ley entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y otorgará al Banco Central un plazo de 180 días para reglamentar el nuevo registro de garantías y hasta 360 días para su plena puesta en marcha.
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