La propuesta de AySA prevé aumentos para el 60% de los usuarios y bajas para el 20% antes de su privatización. Se busca reforzar la tarifa social.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública virtual por la actual gestión estatal de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), quien presentó una propuesta de reestructuración tarifaria. La iniciativa, que busca resolver distorsiones históricas en el cobro del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, se debate a pocas semanas de que la empresa pase formalmente a manos privadas.
El plan contempla una modificación en la forma de cobrar el servicio a los usuarios residenciales. Por un lado, se contempla un aumento para 1.998.747 hogares (59,6% del total). La factura media mensual (a valores de septiembre de 2026 y sin impuestos) pasará de $29.116 a $35.710, lo que representa una suba promedio del 22,6% ($6.594 adicionales). Para el 3% de los usuarios con mayores desfasajes, las correcciones máximas escalarán hasta un 149%.
A su vez, 683.927 hogares (20,4% del total) tendrán un descuento promedio del 14,7%, por lo que la boleta media caerá de $27.889 a $23.798. Los 672.194 hogares (20% del total) restantes mantendrán sus montos vigentes tras la readecuación.
Si se contempla a la totalidad de los clientes residenciales, la variación ponderada del sistema arroja un incremento medio del 11,4%.
Nuevo mapa zonal y quita de bonificaciones
El cambio principal de la reforma es la sustitución de los 11 «coeficientes zonales» vigentes, diseñados en las décadas de 1960 y 1980, por una nueva escala de cinco niveles, con valores que irán de 0,75 a 2,75. Para confeccionar este nuevo esquema, la empresa cruzó datos del Censo 2022 con estimaciones de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, con el objetivo de corregir distorsiones en barrios que se valorizaron con el paso del tiempo pero continuaban categorizados como zonas de menores recursos (actualmente, el 88,8% de la superficie urbana se encuentra encuadrada en los niveles más bajos).
Sin embargo, el ajuste no responde únicamente a la rezonificación. La eliminación del descuento del 15% afectará a 504.044 usuarios (15% del total residencial), quienes verán incrementos de hasta el 17,6% exclusivamente por perder este beneficio. Esta medida representa el 54% de la facturación adicional prevista.
Asimismo, la reclasificación territorial afectará de manera directa a 1,49 millones de hogares (44,6% del total), que abonarán más debido al salto de categoría. Y se aplicará un recargo del 10% sobre el cargo variable de cloacas para usuarios medidos del denominado Radio Antiguo porteño, para equipararlo con el régimen no medido por el servicio de desagües pluviales (con un impacto global del 0,18% sobre la facturación total).
Para amortiguar el impacto financiero, la propuesta establece que las reducciones se apliquen de forma inmediata desde el primer mes. En tanto, la quita del descuento del 15% se concretará en tres etapas mensuales (pasando al 10%, luego al 5% y finalmente al 0%), lo que equivale a incrementos aproximados del 6% mensual. A partir del cuarto mes, los aumentos derivados del cambio de coeficiente zonal tendrán un tope del 5% mensual acumulativo sobre los cargos variables. De esta manera, el ajuste completo se extenderá hasta 19 meses en los casos con mayores variaciones.
Bajo este cronograma de transición, el 37% de los usuarios con incrementos completará la adecuación en 3 meses; el 63%, en 6 meses; y el 96%, en un año. Para los casos con ajustes más pronunciados, la convergencia total se extenderá hasta el mes 19.
Destino de los fondos y combate a la morosidad
Según las proyecciones de AySA, la reestructuración generará un incremento bruto en la facturación de la compañía del 7,3%, equivalente a unos $140.000 millones anuales. La empresa ratificó que la totalidad de este excedente se destinará a reforzar el Programa de Tarifa Social, por lo que «el ingreso final de la empresa no aumenta».
Actualmente, el programa de asistencia cuenta con 122.000 beneficiarios. Con la inyección de estos recursos, la firma busca garantizar que ningún hogar asistido sufra un aumento neto en su boleta si resulta afectado por la reclasificación zonal. A su vez, la ampliación de la cobertura apunta a contener los índices de cobrabilidad: la morosidad actual ronda el 12% y existen cerca de 400.000 usuarios sin registros de pago en los últimos cinco años.
A largo plazo, el plan de acción para el quinquenio 2027-2031 prevé inversiones por $2,92 billones (a precios de diciembre de 2025) y la instalación de un piso de 100.000 medidores domiciliarios por año para pasar progresivamente de un cobro por metros cuadrados a uno basado en el consumo real.
El debate tarifario se produce en medio del proceso de venta del 90% de las acciones estatales de AySA. Tras la adjudicación oficial por US$340,2 millones al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX y Transclor, el Gobierno fijó como fecha límite el 13 de noviembre para la firma del contrato de compraventa.
El cronograma licitatorio establece que el nuevo operador privado asumirá la gestión integral del servicio entre enero y febrero de 2027. La audiencia pública desarrollada por el ERAS no tiene carácter vinculante, por lo que el organismo regulador será el encargado de dictaminar la aprobación final del cuadro tarifario, su fecha de implementación y el calendario definitivo de aplicación.
Deja una respuesta