El Senado aprobó el recorte de subsidios de gas en zonas frías. El Gobierno prevé ahorrar u$s400 millones a cambio de alivios en tarifas de zonas cálidas.
Con el peronismo ausente, el Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza y respaldada por sectores aliados, cosechó 38 votos afirmativos y 8 en contra, retrotrayendo así la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández.
La norma reestructura el esquema tarifario en 11 provincias beneficiadas años atrás. De acuerdo con proyecciones de la Secretaría de Energía, la medida significará un ahorro fiscal estimado en unos US$ 400 millones anuales. No obstante, las proyecciones sobre el impacto varían: mientras que el Gobierno calcula que 1,6 millones de hogares dejarán de percibir el beneficio, desde la oposición afirman que la cifra escalará hasta los 2,5 millones de familias.
El triunfo del oficialismo fue el resultado de meses de negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo donde lograron garantizar el respaldo de gobernadores de las provincias del norte. A cambio del voto de sus senadores, el Gobierno se comprometió a implementar, mediante resoluciones administrativas, compensaciones en el servicio de energía eléctrica para las zonas cálidas para el verano.
Cómo funcionará el nuevo esquema de subsidios
El texto votado reestructura la forma en que se liquida la ayuda estatal en las facturas residenciales. En primer lugar, se preservan los beneficios de la Zona Fría para la región patagónica, Malargüe (Mendoza) y la Puna.
Por otro lado, en distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan y Mendoza, entre otros, el beneficio ya no será masivo. Se aplicará bajo el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), reservado a hogares que no superen el ingreso equivalente a tres Canastas Básicas (unos $4,7 a $4,8 millones), así como a personas con discapacidad y veteranos de Malargüe y Malvinas.
El subsidio remanente aplicará estrictamente sobre el costo de generación de gas, desvinculando la cobertura de los tramos de distribución y transporte, un segmento que representa cerca del 60% del monto total en las facturas residenciales.
La norma faculta al Estado a cancelar obligaciones con CAMMESA contra la renuncia a reclamos judiciales por parte de las distribuidoras, además de quitar competencias al ENARGAS para limitar el traslado de ciertos costos a las facturas finales.
Cruces y ausencias durante el debate
El tramo final del tratamiento en el recinto estuvo marcado por la retirada del bloque de Unión por la Patria antes de iniciar la discusión presionar por la falta de quórum. Ante un recinto semivacío, el senador santacruceño José María Carambia intentó hacer caer la sesión al solicitar una moción de cuarto intermedio, absteniéndose de sentarse en su banca.
Sin embargo, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, concedió los 15 minutos reglamentarios para restablecer el quórum. Con el regreso de legisladores oficialistas, la moción fue descartada y la presidenta de la bancada del PRO, Patricia Bullrich, solicitó proceder directamente a la votación general y particular, apresurando el cierre del debate.
El resultado del tablero expuso la brecha geográfica por sobre las pertenencias partidarias: las provincias norteñas (Salta, Tucumán, Misiones, Catamarca y Corrientes) votaron alineadas al proyecto, mientras que los senadores de provincias afectadas rechazaron la iniciativa de forma transversal.
Durante las intervenciones, la salteña Flavia Royón defendió la ley argumentando la búsqueda de un «sistema de subsidios mucho más justo», señalando la brecha existente con más de seis millones de usuarios en Argentina que dependen exclusivamente de garrafas por no poseer red de gas.
Por el contrario, las voces de rechazo marcaron duras críticas. Maximiliano Abad (UCR) dijo que «No se puede cambiar una ley mala por otra ley mala que, además, es arbitraria, injusta y sin rigor técnico. Esta ley perjudica a mi provincia de Buenos Aires, donde 94 municipios y más de 5 millones de personas quedan desprotegidas.»
En el mismo sentido, la mendocina Mariana Juri (UCR) calificó la medida como un «día muy triste» para la equidad energética e improvisación por la falta de criterios técnicos rigurosos. Por su parte, la santacruceña Natalia Gadano, quien defendió un dictamen en minoría para declarar «zona polar» a Santa Cruz y Tierra del Fuego, cuestionó la quita del subsidio en el transporte y distribución hasta la Patagonia.
Con la norma ya sancionada, el foco se traslada al impacto que tendrán los incrementos en los cuadros tarifarios del próximo invierno y al cumplimiento de la norma administrativa prometida para amortiguar el costo de la luz en el norte del país.
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