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Córdoba reglamentó la nueva Ley de Promoción Industrial con alivio fiscal de hasta 15 años

Ley de Promoción Industrial de Córdoba

Córdoba oficializó la Ley 11.160 de Promoción Industrial: exenciones impositivas del 100% hasta 15 años, créditos y apoyo a pymes e Industria 4.0.


El Gobierno de Córdoba puso en marcha su nuevo régimen de promoción industrial a través de la Ley 11.160, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La iniciativa, impulsada por el gobernador Martín Llaryora, busca atraer inversiones privadas, fomentar la radicación en parques industriales y modernizar el entramado productivo mediante exenciones del 100% en impuestos provinciales por períodos de entre 10 y 15 años.

La nueva legislación unifica los instrumentos de promoción vigentes hasta el momento, establece mecanismos de transición para las firmas que ya gozaban de beneficios anteriores y vincula directamente el alivio fiscal con la inversión en activos fijos, la incorporación de tecnología y la creación de puestos de trabajo registrados.

Ingresos Brutos Cero para pymes y régimen simplificado

Una de las principales innovaciones de la norma es la creación del Régimen de Promoción Industrial Simplificado, diseñado específicamente para ampliar el acceso de las empresas de menor escala. Bajo esta modalidad, las industrias cuya facturación anual total no supere los $4.500 millones podrán acceder a una exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para sus actividades industriales promovidas.

Para ingresar al esquema, las firmas deberán comprometer inversiones en activos fijos dentro de establecimientos radicados en la provincia por un monto mínimo equivalente al 1,20% de la base imponible de Ingresos Brutos correspondiente al año anterior. El beneficio se otorgará inicialmente de manera provisoria y adquirirá carácter definitivo una vez acreditada la inversión.

Alivio fiscal por 10 años

Para el régimen general, la Ley 11.160 establece exenciones del 100% durante 10 años en tres tributos clave: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos (para los actos y contratos vinculados al proyecto) y el Impuesto Inmobiliario sobre los predios afectados exclusivamente a la actividad promovida. A esto se suma una asignación estímulo durante un año equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por cada nuevo trabajador contratado a jornada completa y por tiempo indeterminado.

Con la mirada puesta en el equilibrio territorial, la normativa extiende estos beneficios fiscales hasta los 15 años para los proyectos que se radiquen en parques industriales o en zonas consideradas estratégicas del interior de la provincia. En el noroeste, el alcance abarca los departamentos Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier y Totoral, además de pedanías específicas de Río Primero; mientras que en el sur comprende a Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca. En estos casos, las pymes contarán además con un subsidio a la capacitación laboral por un plazo de dos años.

Requisitos y apuesta a la Industria 4.0

El acceso al régimen general exige a las empresas incrementar sus activos fijos, un 10% en el caso de las microempresas y un 20% para el resto de las categorías, o alcanzar pisos mínimos de inversión que se actualizarán anualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Córdoba. Los montos iniciales fijados parten desde los $80 millones para microempresas y $450 millones para pequeñas empresas, escalando a $3.000 millones y $7.500 millones para las medianas de tramo I y II respectivamente, hasta llegar a los $18.000 millones para las grandes industrias.

Asimismo, la ley incorpora un capítulo específico orientado a mipymes para promover la Industria 4.0. Se considerarán promovidos los proyectos que modernicen procesos productivos mediante inteligencia artificial, tecnologías digitales, análisis de grandes bases de datos, fabricación aditiva y desarrollo de productos innovadores.

Como complemento de las exenciones impositivas, el Gobierno quedó facultado para articular líneas de crédito con tasas preferenciales o subsidiadas a través del Banco de la Provincia de Córdoba, designado como agente financiero del régimen, destinadas tanto a la ejecución de proyectos como a instancias de formación y vinculación tecnológica.

Finalmente, para garantizar la transparencia y medir el impacto real de la medida, la ley exige que el Gobierno de Córdoba presente anualmente un informe detallado ante la Legislatura con el balance de inversiones comprometidas y concretadas, empleos generados, distribución geográfica de los proyectos y el costo fiscal de los beneficios otorgados.

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