En una sesión de 12 horas, Diputados busca dar media sanción a la Ley Malvinas y aprobar la reforma del Banco Central que prohíbe financiar al Tesoro.
La Cámara de Diputados afronta este miércoles desde el mediodía una sesión maratónica de alrededor de 12 horas. Con la meta de reunir el quórum de 129 legisladores junto a los bloques aliados, La Libertad Avanza (LLA) intentará avanzar con dos proyectos centrales de su agenda de noviembre, antes del debate del Presupuesto 2027 la próxima semana: la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la sanción definitiva de la reforma del Banco Central (BCRA).
Los ejes y tensiones de la “Ley Malvinas”
Enviada por el Poder Ejecutivo en septiembre y dictaminada el 28 de octubre tras un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional sufrió varias modificaciones que ampliaron su texto original de 133 a 154 artículos.
El primer título del proyecto deroga la Ley 26.659 y endurece las sanciones (multas, suspensiones y cancelación de habilitaciones) para las empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas directos que exploten recursos naturales renovables o no renovables en el Atlántico Sur sin autorización argentina. No obstante, tras las negociaciones con bloques dialoguistas y las presiones del gobierno de Estados Unidos, el oficialismo aceptó excluir de las penalidades a los fondos de inversión indirectos y a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2%.
Sin embargo, los mayores cortocircuitos con la oposición y los aliados radican en los capítulos siguientes, que reforman las leyes de Defensa Nacional, Inteligencia, Financiamiento de Partidos Políticos y el Código Penal.
En primer lugar, se creará un Consejo de Seguridad Nacional. Estará encabezado por el Presidente e integrado por la Jefatura de Gabinete, los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. Coordinará políticas de defensa, seguridad interior e inteligencia, y protegerá la soberanía aeroespacial, marítima y las infraestructuras críticas. Para destrabar el apoyo aliado, se creó una Comisión Bicameral de Seguimiento a la que el Ejecutivo deberá informar sus medidas en un plazo de 48 horas.
Además, el artículo 111 faculta al Consejo a analizar capitales o Estados extranjeros que busquen invertir en sectores sensibles (defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales). Este punto despierta recelos entre los sectores aliados por temor a que la Nación pueda frenar inversiones gestionadas por las provincias.
Otro de los puntos polémicos es el Título VII que prevé penas de 5 a 12 años de prisión para quienes actúen bajo orden o financiamiento de un Estado extranjero para alterar comicios, manipular la opinión pública o condicionar autoridades, además de multas a extranjeros sin residencia permanente que financien campañas. Pese a que se excluyó expresamente al periodismo, la diplomacia, la academia y la representación abierta de intereses, desde la oposición advierten que la redacción sigue siendo ambigua y amenaza la libertad de expresión y el trabajo de las ONG. Al requerir una mayoría especial de 129 votos por modificar el Código Penal y el régimen electoral, este apartado corre riesgo de ser rechazado en el recinto si no se introducen cambios de fondo.
Sanción definitiva para la reforma del Banco Central
El segundo plato fuerte de la jornada será la votación final de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa a la Cámara baja con modificaciones introducidas por el Senado. El oficialismo ya adelantó su intención de aceptar los cambios de la Cámara alta y convertir la iniciativa en ley hoy mismo.
El proyecto establece que la misión principal de la autoridad monetaria será preservar el valor de la moneda nacional y prohíbe de manera taxativa el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional, tanto mediante adelantos transitorios como a través de la compra de títulos públicos en el mercado primario. Asimismo, elimina las reservas de libre disponibilidad, dispone un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y adelantos acumulados en el activo de la entidad, e impide girar al Tesoro ganancias contables o por diferencias de cambio (las utilidades deberán destinarse primero a cubrir pérdidas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda).
En cuanto a la conducción del BCRA, el texto definitivo avalado por el Senado modificó el sistema de designación y remoción de los miembros del directorio: en lugar de exigir los dos tercios de ambas cámaras como planteaba el proyecto original de Diputados, bastará con la mayoría absoluta (la mitad más uno) únicamente de los integrantes del Senado y habilita además al Ejecutivo a realizar nombramientos en comisión mientras se tramita el acuerdo.
Acuerdos internacionales, traspaso judicial y pymes
Más allá de los dos debates centrales, la agenda legislativa incluye otros temas. Por un lado, se debatirá la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, conformada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), firmado en septiembre de 2025 en Río de Janeiro, junto con la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
Además, se tratarán dos convenios firmados en julio pasado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para concretar el Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales y el traspaso de la justicia criminal y correccional de menores al ámbito porteño.
Por último, se pondrá a consideración un dictamen que modifica el artículo 2 de la Ley 24.467 con el objetivo de permitir que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyME.















































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