La Legislatura porteña aprobó la Ley de Libertad Comercial, fijó el Día de la Prevención de Consumos y autorizó un endeudamiento de $600.000 millones.
Con 32 votos afirmativos y el respaldo del bloque PRO, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley de Libertad Comercial, una iniciativa impulsada por la diputada Pilar Ramírez, titular del bloque de La Libertad Avanza. La normativa busca desregular y agilizar los trámites comerciales en la Ciudad.
Entre los puntos centrales de la reforma se destacan:
- Habilitaciones provisorias y sin inspección previa: los comercios considerados de bajo riesgo podrán comenzar a funcionar de forma inmediata tras presentar la declaración jurada y la documentación requerida. La primera inspección estatal se concretará de manera posterior, dentro de un plazo de 180 días.
- Plazos máximos: se establece un límite general de 30 días hábiles para resolver trámites administrativos. Asimismo, el Estado deberá formular observaciones precisas e integrales para evitar solicitudes sucesivas de documentación.
- Silencio administrativo positivo y validez federal: se incorporan mecanismos donde la falta de respuesta estatal en plazos fijados genera efectos administrativos (sujeto a excepciones). En paralelo, se busca evitar que productos habilitados en otras provincias deban reincscribirse para venderse en CABA.
- Subsanación de faltas: se contempla el derecho a corregir incumplimientos menores antes de recurrir a una clausura.
«Hace tiempo que venimos trabajando en estos proyectos y hoy son una realidad. Es necesario seguir eliminando trabas del Estado», celebró la legisladora Pilar Ramírez tras la votación. La vigencia total del régimen quedará supeditada a su reglamentación.
Unanimidad para el Día de la Prevención de Consumos Problemáticos
Además, el cuerpo legislativo sancionó por unanimidad (53 votos a favor) una ley que establece el 26 de junio de cada año como el «Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos de Sustancias» en la Ciudad.
La iniciativa fue impulsada por el exfutbolista Claudio “Turco” García y presentada formalmente por la diputada Claudia Negri. La fecha elegida coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, fijado por la ONU en 1987 y al que Argentina adhirió en 1991.
La ley faculta al Gobierno porteño a llevar adelante campañas públicas de concientización y reducción de daños basadas en evidencia científica. Las acciones podrán desarrollarse en hospitales, Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) y espacios barriales. Esta ley complementa las legislaciones vigentes en la Ciudad (Leyes 2318, 5650 y 153) para dar mayor visibilidad a la problemática y facilitar el acceso a la orientación y asistencia.
Luz verde al Gobierno porteño para emitir bonos por $600.000 millones
Con 37 votos a favor y 18 en contra, la Legislatura autorizó a la gestión de Jorge Macri a emitir deuda pública por hasta $600.000 millones cancelar obligaciones pendientes con empresas contratistas de bienes, servicios y obra pública.
Los bonos emitidos contarán con las siguientes características:
- Serán emitidos en pesos, con un plazo mínimo de amortización de un año y vencimientos previstos hasta 2029.
- Rendimiento variable atado a la tasa TAMAR del Banco Central (utilizada para depósitos mayoristas). Se estiman intereses asociados por alrededor de $114.000 millones.
Desde la Subsecretaría de Hacienda, Lorena Flores justificó la medida al explicar que busca compensar una caída proyectada en la recaudación para 2026 de $600.000 millones, derivada de una merma cercana al 6% en Ingresos Brutos.
Objeciones de la oposición
La medida generó cruces durante la sesión. Legisladores opositores exigieron precisiones sobre los listados de proveedores beneficiados, la antigüedad de las facturas impagas y el costo financiero de la operación.
Desde el bloque Fuerza Buenos Aires, la diputada Claudia Neira cuestionó el argumento de que la operación no incrementa el pasivo de la Ciudad cuando genera el pago de intereses. Por su parte, Sebastián Nagata (Confianza y Desarrollo) consultó si la aceptación de los bonos por parte de los contratistas será voluntaria o compulsiva, advirtiendo sobre el impacto contractual a futuro.
Tras la sanción, el Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño deberá instrumentar la colocación de los títulos y reglamentar las condiciones de registro y pago.















































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