Tras una maratónica sesión, Diputados devolvió a comisión los proyectos sobre endeudamiento familiar y morosidad en el país por falta de consenso.
Por falta de acuerdos, la Cámara de Diputados resolvió devolver a comisión todos los proyectos vinculados al endeudamiento familiar tras una maratónica sesión de más de 15 horas. La Libertad Avanza (LLA) apeló a una moción de orden para frenar el debate al no contar con los votos necesarios para aprobar su propio dictamen de mayoría.
La jugada, impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudici, se impuso de manera muy ajustada con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones. La definición estuvo marcada por el rol de los cinco legisladores cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora (Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez), quienes optaron por abstenerse. De haber votado en contra, la propuesta del Gobierno se habría caído, abriendo paso al dictamen de la oposición.
Desde la oposición denunciaron que la devolución sin fijar una fecha límite para emitir dictamen es una maniobra burda para «cajonear» la discusión. Senadores como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Pablo Juliano (UCR disidente) acusaron al oficialismo de eludir la problemática del sobreendeudamiento, al tiempo que Cecilia Moreau (Unión por la Patria) denunció presiones de funcionarios del Gobierno en los pasillos del Congreso durante la madrugada.
Tres posturas frente a la crisis crediticia
La discusión en el recinto dejó expuestas tres miradas contrapuestas sobre el mercado crediticio y el sobreendeudamiento de las familias en Argentina. Por un lado, el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza propone un esquema centrado en la transparencia informativa y la educación financiera. Obliga a bancos y entidades a detallar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), comisiones y sanciones por mora, además de exigir doble validación en créditos por internet y portabilidad crediticia. Rechaza la fijación de topes o reestructuraciones obligatorias para no retraer la oferta de crédito.
Por otro lado, el dictamen de minoría de Unión por la Patria y aliados plantea la emergencia crediticia por 180 días con un plan de alivio. Establece refinanciaciones para deudas de hasta dos canastas básicas totales con un límite en las cuotas del 30% de los ingresos, eliminación de punitorios y suspensión de embargos.
Por último, Argentina Federal también presentó un dictamen que impulsa la emergencia por un año y fija un tope a las tasas de interés (1,5 veces la tasa de plazo fijo del Banco Central), sumado a un programa de desendeudamiento para sectores vulnerables.
Cruces por la mora y denuncias de la oposición
Durante la madrugada, la oposición denunció que la maniobra de enviar el tema a comisión sin fecha límite de dictamen busca «cajonear» la discusión. Desde la Coalición Cívica y de la UCR disidente criticaron con dureza la decisión del oficialismo, mientras que desde Unión por la Patria denunciaron presiones de funcionarios del Gobierno a diputados durante la sesión.
«El 40% de los deudores deben menos de 90 mil pesos y no los pueden pagar. Eso ocurre porque cayó el poder adquisitivo y porque subieron fuertemente los gastos fijos de las familias», denunció el diputado Martín Lousteau (UCR).
Por su parte, la diputada Julia Strada (Unión por la Patria) remarcó que más del 60% de los morosos se encuentran en la situación más crítica del Veraz (Nivel 5, con más de 365 días de atraso), mientras que Kelly Olmos (Unión por la Patria) advirtió que más de 6 millones de argentinos entraron en morosidad.
Desde la otra vereda, la diputada Daiana Fernández Molero (PRO) defendió la postura del Gobierno advirtiendo que regular tasas o romper contratos provocará el colapso de la oferta crediticia:
«Si ponemos topes de tasas vamos a generar una retracción del crédito, como pasó con la Ley de Alquileres. Si un trabajador independiente quiere cambiar la heladera, se quedará afuera del mercado».
Al congelarse el tratamiento parlamentario sin una fecha definida para dictaminar en comisiones, la problemática del endeudamiento familiar y la mora de los consumidores vuelve a quedar en un limbo legislativo.
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