En una votación ajustada, el oficialismo aceptó la vigencia de la Ley de Tierras tras presiones de la oposición. El texto vuelve al Senado.
El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa clave del Gobierno que endurece los requisitos para expropiaciones y agiliza los procesos de desalojo. Sin embargo, para evitar un rechazo, La Libertad Avanza (LLA) debió ceder ante sus aliados e incorporar la restitución de la Ley de Tierras, norma que limitaba la venta de campos a extranjeros y que originalmente buscaba derogar.
Al haberse introducido modificaciones al texto original, la iniciativa fue devuelta a la Cámara de Senadores para su ratificación definitiva.
Una votación ajustada
La aprobación general de la propuesta se concretó con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Las abstenciones, cinco pertenecientes a legisladores cordobeses afines al gobernador Martín Llaryora (Provincias Unidas) y una del diputado Álvaro González (Pro), resultaron determinantes para frenar la embestida de la oposición y evitar el rechazo de la norma.
El sustento del proyecto provino del bloque oficialista junto a sus aliados de Pro, la UCR y ciertos bloques que responden a los gobernadores aliados. En contraposición, la bancada de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores afines a los gobernadores de Catamarca y Tucumán rechazaron la iniciativa.
El punto de mayor consenso se registró en el Capítulo IV, donde se ratifica la plena vigencia de la Ley de Tierras. Sometido a votación nominal en particular, este apartado cosechó 239 votos afirmativos, 4 en contra y 6 abstenciones, otorgándole una mayoría calificada capaz de blindar la norma ante un eventual veto presidencial.
El revés con la Ley de Tierras
El aspecto más controversial del debate fue la inclusión y conservación de la Ley 26.737 (Ley de Tierras), impulsada originalmente en 2011. La norma fija un tope del 15% a la posesión de tierras rurales por parte de personas o corporaciones extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal.
La intención original de derogar esta norma se formalizó en el artículo 154 del DNU 70/2023 y figuraba en los planteos promovidos por el ministro Federico Sturzenegger. Sin embargo, tras fallos judiciales, amparos ambientales y frenos en el debate en el Senado, la Corte Suprema de Justicia dictó recientemente una medida cautelar interina que suspendió la derogación vía DNU. Frente a este escenario y ante el riesgo de que la oposición derogara el decreto fundacional en el Congreso, el oficialismo aceptó derogar el artículo 154 del DNU e incluir la restitución de la ley en el proyecto actual.
Qué cambia en expropiaciones y desalojos
El texto devuelto a la Cámara Alta modifica de manera sustancial diversos aspectos del régimen inmobiliario y procesal. Por un lado, las expropiaciones serán más costosas. De ahora en más, se exige una declaración específica de utilidad pública y dispone que las indemnizaciones contemplen el valor objetivo de mercado y el lucro cesante. Desde la oposición cuestionaron duramente este punto, señalando que encarecerá de forma drástica las expropiaciones para proteger a las empresas privatizadas frente a eventuales estatizaciones futuras.
Además, se busca agilizar la restitución de propiedades usurpadas a sus dueños mediante procesos exprés, previendo una ventana de protección de diez días para personas vulnerables. Se contemplan también modificaciones técnicas en el Registro de Propiedad Inmueble para modernizar el proceso.
Durante las intervenciones, el diputado oficialista Santiago Santurio argumentó que «cuando se sabía que acá en la Argentina no se respetaban los derechos de propiedad, nadie quería invertir» y defendió que acelerar desalojos promueve la oferta de alquileres. Por parte de la oposición, Maximiliano Ferraro (CC) replicó que el Gobierno terminó «reculando en chancletas» debido a la inconstitucionalidad de las medidas y la presión social, mientras que Myriam Bregman (FIT) acusó a los autores de la iniciativa de ser «econochantas» que encarecen el Estado mientras vulneran derechos sociales.
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