Diputados dio media sanción a la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad con 237 votos a favor. Conocé los cambios en pagos y pensiones.
Tras un extenso debate que se prolongó por más de cuatro horas, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por abrumadora mayoría el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. La iniciativa oficialista, impulsada por La Libertad Avanza (LLA), obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras acordar modificaciones clave con la oposición dialoguista y el peronismo.
El texto, que busca regularizar la atención de las personas con discapacidad y saldar las deudas históricas con los prestadores médicos, deberá ser tratado ahora por el Senado para convertirse en ley.
Negociaciones al filo
La aprobación del proyecto fue el resultado de intensas negociaciones en los pasillos del Palacio Legislativo. La articulación estuvo a cargo de la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado y el presidente de la Cámara, Martín Menem, junto a legisladoras del bloque opositor Unión por la Patria (UP), como Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva.
Aunque inicialmente la oposición y las organizaciones de la sociedad civil se inclinaban por declarar la prórroga de la emergencia, las concesiones otorgadas por el oficialismo inclinaron la balanza a favor del proyecto de ley. Un actor clave en la redacción final fue el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), quien presentó en el recinto el dictamen de mayoría con las modificaciones acordadas por diversos sectores.
«El dictamen introdujo previsibilidad y atendió las demandas del colectivo de discapacidad. Si estas sugerencias no eran aceptadas, no habríamos acompañado», remarcó Herrera Ahuad durante su intervención.
El debate contó además con la presencia de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, que mantuvo reuniones de último momento con legisladores para manifestar su preocupación por la situación prestacional y exigir un consenso que garantice la atención del sector.
Sin embargo, a pesar del amplio consenso, se registraron nueve votos en contra. Siete diputados alineados con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, (Juan Fernando Brügge, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Natalia de la Sota) rechazaron el proyecto.
Por parte de Unión por la Patria la diputada Gabriela Beatriz Estévez fue la única de su bancada en votar de forma negativa, respondiendo a pedidos de organizaciones locales de Córdoba. La diputada mendocina Lourdes Arrieta sumó otro voto negativo, mientras que los cuatro integrantes del Frente de Izquierda optaron por la abstención.
Los puntos centrales de la nueva norma
El texto definitivo introdujo sustanciales mejoras respecto a la propuesta original presentadas para resguardar los derechos de los beneficiarios y regularizar las prestaciones:
- Pago a prestadores: Se fija un plazo de 30 días para presentar el cronograma de pagos y un límite de 90 días para cancelar la deuda acumulada de $278.323 millones.
- Pensiones y empleo: Confirma la compatibilidad de la pensión con el trabajo formal (siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles) y con otros beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Actualización por inflación: Se mantiene el nomenclador ajustado mensualmente por IPC y la cobertura a través del programa Incluir Salud. En caso de insuficiencia presupuestaria, el Estado podrá apelar a fondos del Tesoro Nacional.
- Protección al beneficiario: Se requiere notificación previa y un plazo de 60 días de descargo antes de suspender una pensión por inconsistencias.
- Adultos mayores: Se otorga una pensión inembargable equivalente al 70% de la jubilación mínima a mayores de 70 años con CUD sin cobertura previsional.
- Auditorías: La Secretaría de Discapacidad quedará facultada para realizar auditorías periódicas, al tiempo que el Ministerio de Salud deberá publicar estadísticas transparentes sobre la ejecución presupuestaria.
Reclamos pendientes con el Presupuesto
A pesar del acompañamiento en general, referentes de la oposición advirtieron sobre la necesidad de corregir el proyecto de Presupuesto 2027. Según denunciaron legisladores como Juan Marino y Sabrina Selva, el texto presupuestario enviado por el Gobierno nacional contiene artículos que buscan derogar aspectos centrales de la actualización automática por IPC para los prestadores.
Al respecto, la Cámara baja analiza avanzar con una resolución complementaria que comprometa al Gobierno a eliminar dichos artículos del proyecto presupuestario durante su debate en comisiones.
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