Argentina cerró su alegato en el Tribunal del Mar y reclamó frenar de urgencia la explotación petrolera Sea Lion en Malvinas. El fallo será el 28/11.
La delegación argentina concluyó su participación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, con un reclamo formal para dictar medidas provisionales que paralicen el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Tras dos audiencias marcadas por un fuerte cruce con el Reino Unido, la corte fijó el próximo 28 de noviembre para emitir su fallo.
El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el tribunal, quien sintetizó los fundamentos jurídicos de Buenos Aires y cuestionó con dureza la estrategia procesal británica. Previamente, los juristas internacionales Marcelo Kohen y Nico Schrijver habían advertido sobre la gravedad de la situación: según señalaron, desde el 10 de diciembre de 2025 el emprendimiento abandonó la etapa exploratoria para pasar a un programa concreto de explotación que contempla entre 23 y 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles a lo largo de 35 años.
“Una vez perforado el primer pozo de explotación, el daño será irreversible y no habrá recursos por preservar. Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. Es ahora o nunca”, sentenció Schrijver ante los magistrados y bajo la mirada de la comitiva británica, en la que se encontraban presentes en la sala los directores ejecutivos de las dos operadoras del proyecto: Ian Ramsay (Navitas Petroleum) y Samuel Moody (Rockhopper Exploration).
Los cuatro pedidos de Argentina
Durante su exposición final, Oyarzábal sostuvo que la Argentina acreditó los requisitos exigidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para dictar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral del Anexo VII que resolverá el fondo del litigio. En ese marco, reclamó que se ordene al Reino Unido:
- Suspender toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada a Sea Lion, ubicado a unas 107 millas náuticas al norte del archipiélago.
- Abstenerse de utilizar la información obtenida en la etapa de exploración en detrimento de los derechos argentinos.
- Cesar en los impedimentos para que la Argentina cumpla sus obligaciones de protección medioambiental bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR.
- No otorgar nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa ni adoptar medidas que agraven la controversia.
Asimismo, el diplomático reafirmó la voluntad argentina de reanudar las negociaciones bilaterales con Reino Unido y alcanzar arreglos provisionales prácticos mientras persista el diferendo. En el tramo final de su discurso, criticó el comportamiento del equipo británico durante el proceso por no haber presentado documento escrito en plazo, intentar modificar prueba documental minutos antes de la última audiencia, exceder su tiempo de exposición por más de quince minutos y presentar testimonios de personas con interés directo en el resultado del litigio.
Los cinco ejes de un choque irreconciliable
Las audiencias en Hamburgo dejaron al descubierto cinco puntos de confrontación directa entre ambos países:
En primer lugar, la fiscal general británica, Ellie Reeves, y el abogado Michael Wood argumentaron que el reclamo argentino encubre una disputa de soberanía territorial, materia que queda fuera de la jurisdicción de la CONVEMAR. Kohen y Oyarzábal rechazaron esa lectura: aclararon que no le piden al TIDM que resuelva a quién pertenecen las islas, sino que preserve los derechos soberanos sobre recursos no renovables mientras la cuestión de fondo se tramita en otro foro. “La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía”, explicó Kohen.
Además, Argentina invocó la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU (1976), que insta a las partes a no innovar ni adoptar decisiones unilaterales mientras la disputa esté abierta. Londres replicó que el gobierno isleño otorga licencias desde 1998 sin que la Argentina hubiera acudido antes a una corte internacional.
Por su parte, el Reino Unido apeló al derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas y al referéndum de 2013. La delegación argentina respondió que, si bien respeta los intereses y derechos humanos de los isleños, estos no tienen facultad para apropiarse de los hidrocarburos de una plataforma continental en disputa que pertenecen a los 46 millones de argentinos.
Para demostrar la inminencia del daño, la Argentina citó el Fleet Status Report de la firma Noble Corporation, que confirma que la plataforma semisumergible Noble Endeavour comenzará a operar en Sudamérica en enero de 2027. La defensa británica intentó desactivar el planteo asegurando que las perforaciones no se iniciarán antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción efectiva recién ocurrirá en 2028, fecha para la cual el tribunal arbitral ya estará en funciones.
Por último, Argentina advirtió que un eventual derrame podría alcanzar aguas argentinas en un plazo de 30 días y recordó que el área se encuentra dentro de su zona de búsqueda y salvamento, a diferencia del Reino Unido, ubicado a 12.700 kilómetros. Londres respondió que su evaluación de impacto ambiental determinó riesgos “muy bajos a bajos”.
Expectativa en Buenos Aires y gestos políticos
Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei siguió de cerca el desarrollo de las jornadas en Alemania. Según trascendió, el mandatario envió un mensaje interno a su gabinete destacando el despliegue oficial: “Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia”. Además de Oyarzábal, Kohen y Schrijver, la comitiva estuvo integrada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca; el asesor jurídico Agustín Giustiniani y funcionarios del Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro.
En paralelo al debate jurídico en Europa, la disputa sumó un componente político en el Atlántico Sur: el 9 de noviembre, un día antes del inicio de las audiencias, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, arribó a las Islas Malvinas en una visita oficial registrada por la Casa Real británica.
Aunque las autoridades argentinas esperaban una resolución más veloz, similar al precedente de la Fragata Libertad, que demandó unas tres semanas, la mirada está puesta ahora en el 28 de noviembre. En el Gobierno analizan tres escenarios: una aceptación total del planteo que congele Sea Lion, un acogimiento parcial de las medidas cautelares o un rechazo por falta de jurisdicción, hipótesis que los especialistas consideran improbable. Más allá del fallo, en la delegación oficial aseguran que la ofensiva jurídica y diplomática continuará en la instancia arbitral ya iniciada.
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