El máximo tribunal penal aceptó evaluar el reclamo de los inversores. Si son reincorporados, los sobreseimientos dictados a favor del Presidente podrían revocarse.
La Cámara Federal de Casación Penal dio un giro en la causa judicial por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA. Por dos votos contra uno, la Sala II aceptó revisar la decisión de apartar a los inversores damnificados como querellantes. De confirmarse la reincorporación de los acusadores particulares, la causa en la que fueron sobreseídos el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el resto de los imputados podría reabrirse.
El fallo de la Sala II del máximo tribunal penal contó con los votos favorables de los camaristas Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, quienes respaldaron los recursos de queja presentados por las víctimas tras ser apartadas del expediente. Slokar sostuvo que los planteos se encuadran en los supuestos del artículo 456 del Código Procesal Penal, mientras que Ledesma fundamentó su posición en la existencia de una cuestión federal suficiente vinculada al derecho constitucional de acceso a la justicia. En disidencia, el juez Guillermo Yacobucci votó por declarar inadmisibles las presentaciones.
La causa había sido archivada en tiempo récord por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, un día después de que el fiscal Eduardo Taiano dictaminara que no existió delito. Sin embargo, el sobreseimiento había quedado firme debido a que tres meses antes los querellantes sufrieron la revocación de su rol acusador. Aquella exclusión se originó en una «excepción de falta de acción» presentada por el empresario imputado Mauricio Novelli, avalada por Martínez de Giorgi y confirmada luego por la Sala I de la Cámara Federal, bajo la premisa de que los damnificados no habían acreditado fehacientemente su afectación.
Entre los inversores desplazados que buscan reincorporarse figuran Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero, Martín Romeo, y los ciudadanos bielorrusos Vladislav Andreevich Lapchenko y Sviatlana Vitalievna Krasutskaya.
Tiempos procesales y el reclamo de la PIA
El camino en la Cámara de Casación no será inmediato. Se abrió un plazo de 10 días hábiles judiciales para que las partes y los pretensos querellantes expongan sus argumentos por escrito. Tras ese paso, el tribunal convocará a una audiencia presencial. Se prevé que dicha audiencia se realice antes de fin de año, pero la decisión definitiva sobre si se devuelve la condición de querellantes a las víctimas se conocería recién a principios del próximo año, tras la feria judicial de enero.
A la par del trámite en Casación, distintos grupos de afectados ya interpusieron apelaciones contra los sobreseimientos dictados a la espera de que el máximo tribunal penal restablezca su condición procesal y habilite a la Cámara Federal a analizar la validez del cierre.
Por otro lado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, se presentó ante el juzgado de primera instancia para asumir el rol de acusador público que Taiano declinó ejercer y solicitó formalmente la revocación de los sobreseimientos. Rodríguez cuestionó que Taiano no dio participación al organismo especializado ni notificó sus intenciones de cerrar el caso, e independientemente afirmó que la causa se encuentra en fase de recolección de pruebas que darían indicios de una «concertación defraudatoria».
La intervención de la PIA está actualmente bajo análisis. El juez Daniel Rafecas, quien subroga temporalmente a Martínez de Giorgi durante su viaje y fue propuesto recientemente por el Gobierno para integrar la Cámara Nacional de Casación, otorgó un plazo de tres días hábiles a Taiano para que dictamine sobre el pedido del organismo anticorrupción. La resolución definitiva sobre la viabilidad de la PIA en el expediente quedará en manos de Martínez de Giorgi a su regreso.
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