Denuncian a Nación y Ciudad por la carpa VIP en la misa del papa León XIV, gastos millonarios y contrataciones dudosas.
La histórica misa que ofreció el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, quedó envuelta en un creciente escándalo político y judicial. La instalación de una «carpa VIP» con catering preferencial para políticos, empresarios y figuras del espectáculo generó duras críticas en redes sociales y en la oposición, que ahora exige investigar el uso de fondos públicos y la transparencia en las contrataciones.
La polémica se intensificó ante el evidente contraste entre el mensaje de austeridad predicado por el Papa, quien durante su posterior paso por Córdoba enfatizó que «la Iglesia no es un negocio», y las imágenes difundidas en redes sociales por influencers y celebridades que disfrutaban de comodidades no otorgadas a sacerdotes, monjas ni colaboradores de la visita.
Pedidos de informes y denuncias penales
La ofensiva en el Congreso no tardó en llegar. El diputado nacional Pablo Juliano presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados con 102 preguntas dirigidas al Ejecutivo. La iniciativa busca transparentar los criterios de selección para el acceso a las zonas preferenciales, el desglose de los costos y los mecanismos de control aplicados. Entre los puntos centrales, Juliano solicita esclarecer los términos de la contratación de la firma DF Entertainment S.A., adjudicataria de un contrato por $8.690 millones para la producción integral y coordinación de la ceremonia religiosa y la vigilia juvenil.
Por su parte, la diputada Marcela Pagano (Coherencia) radicó una denuncia penal para que se investigue la adjudicación directa a DF Entertainment S.A. y la subcontratación de servicios. Pagano puso el foco en la empresa de seguridad privada Tech Security S.R.L. y en la firma de limpieza Purgato S.A., señalando que entre los socios de la primera figuran dos hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había sido accionista hasta diciembre de 2023. La legisladora solicitó además determinar quién confeccionó el listado de invitados VIP y con qué fondos se financió el servicio gastronómico.
En paralelo, el diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) impulsó un proyecto para citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno. Paulón, quien también presentó un pedido de acceso a la información pública y apuntó al rol de Mara Gorini, colaboradora de Karina Milei, en la organización del acontecimiento.
Cruce de responsabilidades entre Nación y Ciudad
La controversia dejó al descubierto tensiones entre la Casa Rosada y la administración porteña encabezada por Jorge Macri.
Desde la sede del Gobierno porteño explicaron que remitieron a la Nación un cupo de 250 invitados especiales, que incluyó a exfuncionarios, magistrados, empresarios, periodistas y figuras públicas como Carolina «Pampita» Ardohain, Florencia de la V, Valeria Mazza y Eduardo Feinmann. Indicaron además que el envío de acreditaciones QR corrió por cuenta de la productora contratada. Asimismo, sostuvieron que las estructuras y el catering estaban contemplados en el contrato firmado por el Gobierno nacional a través de la Jefatura de Gabinete.
Por el contrario, fuentes del Gobierno nacional aclararon que en su lista oficial solo figuraban representantes institucionales, integrantes del Gabinete, legisladores, gobernadores e integrantes de la Corte Suprema, y negaron haber convocado a celebridades.
Ante el revuelo ocasionado, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intentó minimizar el impacto al declarar que «las medialunas y los budines estuvieron de más», aunque rechazó que se tratara de un «lujo descomunal» y recordó la existencia de protocolos habituales para autoridades y diplomáticos. Sin embargo, sus declaraciones fueron replicadas por los legisladores opositores, quienes remarcaron que el sector exclusivo contó con prestaciones gastronómicas de mayor elaboración.
Incomodidad en el Episcopado
La existencia de estos sectores preferenciales también generó malestar en el ámbito eclesiástico. Fuentes religiosas indicaron que la Conferencia Episcopal Argentina solicitó formalmente a la organización que las estructuras VIP fuesen ubicadas a la mayor distancia posible del altar principal.
Mientras la causa judicial aguarda el sorteo del juzgado correspondiente y los pedidos de informes avanzan en el Congreso, la oposición insiste en requerir la documentación que permita auditar la legalidad, transparencia y razonabilidad de los fondos públicos asignados a la masiva convocatoria religiosa.
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