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Se cayó la sesión en Diputados por la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central

Sesión en Diputados por la Ley Malvinas y el Banco Central

Por falta de quórum se cayó la sesión en Diputados por la Ley Malvinas y el Banco Central. El desplante de Córdoba y Santa Fe frenó el plan de Milei.


La estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA) para el cierre de las sesiones ordinarias sufrió este miércoles un duro revés. Por falta de quórum, se cayó la sesión en Diputados donde el oficialismo buscaba dar media sanción a la «Ley Malvinas» y aprobar de forma definitiva la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

A las 12.31, tras agotar la tolerancia reglamentaria, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, debió levantar la convocatoria con apenas 126 diputados sentados en sus bancas, tres por debajo de los 129 exigidos. El fracaso dejó en suspenso una sesión que se proyectaba de 13 horas de debate, y que incluía también la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), convenios judiciales con la Ciudad de Buenos Aires y un régimen para pymes y cooperativas.

La caída de la sesión desató un inmediato cruce de chicanas en el recinto. Diputados de Unión por la Patria, que habían bajado para observar el conteo, celebraron la derrota oficialista entonando la Marcha de las Malvinas mientras los legisladores libertarios abandonaban sus lugares. «Cipayos», les gritó el diputado oficialista Nicolás Mayoraz, en tanto que su compañera de bancada Valentina Ravera estalló con un insulto hacia la oposición.

El quiebre con Córdoba y Santa Fe

Si bien LLA contó con el respaldo de sus aliados habituales del PRO, la UCR y los bloques provinciales de San Juan, Tucumán, Salta y Misiones, el factor determinante del naufragio fue el desplante de Provincias Unidas. Los legisladores que responden a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, bajaron al recinto pero se mantuvieron de pie sin dar quórum hasta que venció el plazo.

Entre los «rebeldes» que permanecieron parados se encontraron los santafesinos Gisela Scaglia, Pablo Farías y José Núñez, junto a los cordobeses Carlos Gutiérrez, quien inicialmente se había sentado pero se levantó al ingresar Scaglia, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Juan Schiaretti e Ignacio García. La única excepción dentro de ese espacio fue la cordobesa Alejandra Torres, de mayor sintonía con la Casa Rosada, quien sí ocupó su banca.

A la estrategia de Provincias Unidas se sumaron las ausencias de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, el trío de Elijo Catamarca, referenciado en el gobernador Raúl Jalil, cada vez más reticente a acompañar las iniciativas oficiales, y el bloque del MID, al que también se plegó el diputado del PRO Álvaro González. Desde el MID, Eduardo Falcone explicó que su ausencia respondió al rechazo a la reforma electoral, a la que acusó de buscar la polarización mediante exigencias que condicionan la supervivencia de los partidos chicos.

Las razones detrás del cortocircuito

Aunque en las redes sociales libertarios y peronistas se acusaron mutuamente por el bloqueo a la iniciativa sobre Malvinas, los motivos reales del malestar de los gobernadores del centro del país obedecieron a una acumulación de promesas incumplidas y negociaciones trabadas en otros frentes.

Por un lado, se encuentra la disputa por el Consejo de la Magistratura. Según la Ley 24.937, a Diputados le corresponden cuatro sillas: dos para la mayoría (donde LLA ubicará a Nicolás Mayoraz y Gonzalo Roca), una para la primera minoría (Guillermo Michel, por Unión por la Patria) y una para la segunda minoría. Provincias Unidas, con 18 integrantes, reclama ese cuarto lugar para el cordobés Juan Brügge. Sin embargo, el PRO, que cuenta con 12 diputados, disputa esa banca para la ritondista Florencia De Sensi, argumentando que Provincias Unidas funciona como un interbloque y no como un bloque unificado. La sospecha de que Menem no convalidaría el pedido cordobés detonó la ruptura.

Otro de los frentes es la la Ley de Biocombustibles. El proyecto con media sanción del Senado que eleva los cortes obligatorios de bioetanol (del 12% al 15%) y de biodiésel (del 7% al 10%) quedó empantanado en comisiones y esta semana vencía el plazo para dictaminar. Mientras Córdoba y Santa Fe impulsan el esquema original, que reduce gradualmente la cuota reservada a las pymes «no integradas» en favor de las grandes aceiteras, el PRO y provincias como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos exigen garantizar un piso del 6% para las pequeñas plantas. La falta de convocatoria a comisión por parte del oficialismo colmó la paciencia de los gobernadores.

El tercer frente son los reclamos por el Presupuesto 2027. En la previa de la sesión del próximo 25 de noviembre, en la que se debatirá la ley de leyes, los gobernadores manifestaron su descontento por un dictamen de mayoría que dejó «gusto a poco». Entre los puntos sin respuesta figuran las deudas con las cajas previsionales provinciales, el mantenimiento de rutas, la reducción del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y la decisión del Ejecutivo de aumentar los subsidios al transporte exclusivamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que Llaryora calificó públicamente de «discriminatoria». A esto se sumó la falta de firma oficialista para el dictamen de promoción pyme.

Los proyectos que quedaron en suspenso

Más allá de las tensiones externas, el propio temario generaba resistencias entre los bloques dialoguistas. La «Ley Malvinas», impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo, endurece las penas por la explotación ilegal de recursos naturales en el Atlántico Sur, reorganiza las áreas de defensa e inteligencia y crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.

No obstante, el articulado despertaba serios reparos en las provincias. Por un lado, se cuestionaba el capítulo 7, que introduce figuras penales para sancionar campañas de «injerencia extranjera» y financiamiento electoral externo. Por otro, el artículo 111 generaba alarma entre los gobernadores al exigir la conformidad previa del Consejo de Seguridad Nacional para inversiones de Estados extranjeros o empresas estatales foráneas en sectores provinciales estratégicos como minería, energía, hidrocarburos, telecomunicaciones e infraestructura crítica.

Por su parte, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya contaba con cambios introducidos en el Senado respecto a los mecanismos de destitución de sus directores, buscaba consagrar por ley la preservación del valor de la moneda como misión primaria de la entidad, junto con la prohibición absoluta de financiar al Tesoro y de emitir nuevas Letras Intransferibles.

Con este tropiezo, el Gobierno deberá recomponer de urgencia los puentes con los gobernadores dialoguistas antes de encarar el tramo final de noviembre, que incluye la sesión por el Presupuesto 2027 en Diputados y tres convocatorias en el Senado previstas para este jueves 19 y los próximos 25 y 26 de noviembre.

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