El Gobierno oficializó el DNU 681/2026 que permite denegar el ingreso o expulsar a extranjeros que emitan mensajes de odio contra la Argentina.
El Presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual el Gobierno nacional endureció la política migratoria argentina. La normativa incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país y disponer la cancelación de la residencia o expulsión de aquellos extranjeros que emitan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por razones de nacionalidad, así como de quienes participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios.
La disposición modifica los artículos 29 y 62 de la Ley de Migraciones y entrará en vigencia a partir del viernes 31 de julio. Según lo establecido en la norma, en el caso de extranjeros que ya residan en el país e incurran en dichas conductas, la Dirección Nacional de Migraciones podrá cancelar su residencia, lo que conllevará la intimación a abandonar el territorio nacional dentro de un plazo determinado o su expulsión directa, evaluando las circunstancias fácticas y personales de cada caso.
En el texto del decreto, el Gobierno fundamentó la decisión señalando que se ha registrado un aumento considerable de expresiones de odio, menosprecio y hostilidad contra el pueblo argentino y sus emblemas nacionales. De acuerdo con los fundamentos oficiales, estas manifestaciones atentan contra la «convivencia armónica y la paz social», representando un riesgo para el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
A su vez, la normativa especifica que no quedarán comprendidas dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución Nacional. Asimismo, para respaldar la atribución estatal de fijar las pautas de admisión y permanencia, el Gobierno citó jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a la facultad soberana de la Nación para establecer las condiciones de ingreso de extranjeros.
Poco después de la publicación de la medida, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial en el que reafirmó la postura del mandatario: «La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», remarcó el texto difundido en la red social X.
El contexto y los antecedentes diplomáticos
La medida se conoce en el marco de lo que el Gobierno definió como una «campaña antiargentina» surgida tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. Tras el certamen deportivo, diversas celebridades internacionales expresaron críticas hacia la Argentina y su población. Entre las declaraciones mencionadas figuran las del actor estadounidense Samuel L. Jackson —quien calificó al país de racista—, así como intervenciones de la actriz Mia Khalifa, el cantante Niall Horan y el escritor Arturo Pérez-Reverte.
En el plano político, el Presidente Milei atribuyó la difusión de estos mensajes a sectores de izquierda y acusó a los gobiernos de Brasil, México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de formar parte de dicha campaña. Por su parte, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, definió la situación como una «hipótesis» promovida por sectores que buscarían perjudicar el modelo libertario.
La oficialización del DNU se produce además en un contexto de fricciones diplomáticas con el gobierno de Brasil, luego de que Milei se refiriera al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como «ladrón» y «presidiario» durante un acto político en apoyo a Flávio Bolsonaro. Como consecuencia, la administración brasileña llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, para evaluar el estado de la relación bilateral.
Tramitación parlamentaria y firmas
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; del jefe de gabinete, Diego Santilli; y de los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva y Mario Lugones.
En cumplimiento con el procedimiento constitucional para los decretos de necesidad y urgencia, la iniciativa deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso. El cuerpo legislativo dispondrá de un plazo de diez días hábiles para expedirse sobre su validez o invalidez y elevar el dictamen correspondiente para su posterior tratamiento en el pleno de ambas cámaras.
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