Dos décadas después de que estallara el primer gran escándalo de la obra pública kirchnerista, la Justicia dictó sentencia por el cobro de coimas y fraude al Estado en la ampliación de gasoductos.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, y a José López, exsecretario de Obras Públicas, a cinco años de prisión al encontrarlos culpables de los delitos de cohecho pasivo (cobro de sobornos) en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El fallo, resuelto por voto mayoritario, marca un hito judicial al sancionar penalmente el desvío de fondos y el pago de retornos en las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, adjudicadas a la constructora sueca Skanska. Se trata del primer gran caso de corrupción que salpicó la gestión pública iniciada en 2003.
Con este veredicto, dictado a través de una audiencia virtual, De Vido sumó su quinta condena por irregularidades en la función pública. Actualmente cumple arresto domiciliario en Zárate por la Tragedia de Once. Por su parte, José López recibió la sentencia desde la cárcel.
Las condenas en detalle
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez (quien votó en disidencia respecto a la calificación técnica del delito), dispuso además la inhabilitación especial perpetua para los exfuncionarios y ordenó un decomiso millonario.
La resolución del TOF 4 definió la situación procesal de los principales implicados:
- Julio De Vido y José López: 5 años de prisión e inhabilitación perpetua como coautores de cohecho pasivo y administración fraudulenta.
- Néstor Ulloa (exgerente de Nación Fideicomisos): 5 años de prisión por el mismo delito en calidad de coautor.
- Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate (exdirectivos de Skanska): 4 años de prisión por cohecho activo (pago de coimas) y participación en la administración fraudulenta.
- Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Roberto Zareba, Alfredo Greco y Adrián López: 3 años de prisión en suspenso. Deberán fijar residencia y someterse al patronato de liberados.
El tribunal ordenó recuperar para el Estado nacional un total de $48.612.536 (compuesto por más de $34.5 millones por fraude y $14 millones por cohecho), sumas que serán debidamente actualizadas al momento de ejecutarse la sentencia. La firma Pecom, que adquirió los activos de Skanska en 2015, será notificada una vez que el fallo quede firme.
Un juicio de largo aliento
El debate oral y público demandó 47 audiencias desde su inicio en abril de 2024, contando con el testimonio de 78 testigos. Durante los alegatos, los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset probaron que existió un acuerdo coordinado entre los exfuncionarios para direccionar de forma irregular los concursos privados de precios en beneficio de la multinacional sueca.
La disidencia de la jueza López Iñiguez radicó en que, según su criterio y basándose en un peritaje de la Corte que descartó sobreprecios directos, no se configuró el delito de fraude. Para la magistrada, la figura penal correspondiente debió ser la de negociaciones incompatibles con la función pública.
Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer oficialmente el próximo 22 de septiembre de 2026 a las 13:30 horas.
El origen del caso: un audio clave que rompió el pacto de silencio
La investigación penal se inició en el año 2006 a raíz de denuncias de la Coalición Cívica y revelaciones periodísticas del diario Perfil que apuntaban al uso de facturas apócrifas por parte de Skanska para encubrir la salida de dinero destinado a coimas.
Aunque la causa fue paralizada y casi sepultada en 2011 tras una serie de sobreseimientos dictados por la Cámara Federal, una prueba clave reabrió el expediente años más tarde: una grabación oculta de auditoría interna. En este audio, el entonces gerente comercial de la firma sueca, Javier Azcárate, confesaba abiertamente el pago de coimas para garantizarse la obra de 100 millones de dólares:
«Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación», admitía Azcárate en la grabación recuperada por la justicia.
Con la validación de esta escucha por parte de la Cámara de Casación, el fiscal Carlos Stornelli logró reactivar el caso y sentar en el banquillo a los máximos responsables de la planificación pública de la época, culminando hoy en una condena histórica.
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