La Casa Rosada busca acelerar la reforma política. Los mandatarios provinciales negocian su apoyo a cambio de blindar sus territorios electorales.
El oficialismo abrió el debate para modificar las reglas electorales de cara a los próximos comicios en 2027. La intención de Javier Milei y, especialmente, de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es avanzar con la suspensión de las PASO. La estrategia de La Libertad Avanza busca debilitar la oferta electoral de la oposición al quitarle la instancia de internas obligatorias. Sin embargo, la falta de mayorías en el Congreso obliga al Gobierno a sentarse con los gobernadores «dialoguistas».
Aunque el oficialismo se entusiasma con la posibilidad de avanzar, los gobernadores denominados «dialoguistas» ya plantearon sus condiciones. La primera diferencia es terminológica, pero esconde un trasfondo legal: los gobernadores hablan de una «suspensión» por este turno electoral y no de una eliminación definitiva, una alternativa que en el entorno del Gobierno ven con más posibilidades de prosperar.
Las negociaciones están siendo comandadas por la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Ambos funcionarios buscan reactivar los canales de diálogo tras la salida de Manuel Adorni, quien era visto como un obstáculo para este tipo de acuerdos. Esta vez, la moneda de cambio no se limitará a la clásica negociación por fondos públicos, obras o pliegos judiciales, sino que será estrictamente política.
Las exigencias de las provincias
La principal preocupación de los gobernadores —entre quienes se encuentran Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Raúl Jalil (Catamarca)— es retener el control de sus propios distritos, dado que la mayoría de ellos buscará la reelección. Por este motivo, la condición fundamental que ponen sobre la mesa para aportar los votos de sus legisladores es un pacto de no agresión: exigen que La Libertad Avanza no les compita con candidatos propios en sus provincias. Para blindar aún más su situación, la mayoría planea desdoblar los comicios locales de los nacionales.
Otra de las grandes exigencias provinciales es la habilitación de las listas colectoras dentro del sistema de Boleta Única de Papel (BUP). Esto permitiría que un mismo candidato a presidente aparezca en diferentes columnas acompañado por distintas listas de diputados o senadores, lo que facilitaría que los partidos provinciales aliados puedan traccionar votos utilizando la figura de Milei sin necesidad de postular un candidato presidencial propio.
El panorama sigue abierto. Mientras figuras como el entrerriano Rogelio Frigerio apoyan públicamente la medida pero carecen de peso propio en el Congreso, el oficialismo confía en la capacidad de muñeca de Bullrich y Santilli para encontrar un punto medio con los mandatarios que sí tienen la llave de los votos, con el objetivo de sellar el acuerdo antes de fin de año.
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