Con 71 votos afirmativos, el Senado convirtió en ley la reforma integral de discapacidad. La oposición exige garantías de reglamentación y financiamiento.
En una maratónica sesión celebrada este jueves, el Senado de la Nación sancionó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos a favor, con la única ausencia de la senadora Anabel Fernández Sagasti, y completó el trámite parlamentario tras haber recibido 237 avales en Diputados. La norma transforma el esquema transitorio de emergencia en una política de Estado permanente para dar previsibilidad al sistema, regularizar las prestaciones y blindar los derechos del sector.
A lo largo de más de cuatro horas de debate, el oficialismo y la oposición coincidieron en la necesidad de aprobar la herramienta legislativa, aunque los bloques opositores manifestaron fuertes sospechas sobre la voluntad del Ejecutivo para reglamentarla y dotarla de fondos reales, recordando el veto presidencial anterior a la Ley 27.793 y la posterior judicialización del conflicto.
Los ejes centrales de la nueva ley
La reforma busca dejar atrás los parches presupuestarios mediante un marco jurídico estable que reafirma la continuidad de las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901 y establece las siguientes disposiciones clave.
Por un lado, establece expresamente que las personas con discapacidad pueden acceder a un empleo formal o ser monotributistas sin perder su pensión no contributiva, siempre que sus ingresos individuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Además, fija que las pensiones equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada y se actualizarán automáticamente según la normativa previsional.
Además, incorpora a las personas imposibilitadas para trabajar y fija por estatuto las condiciones de acceso (que antes dependían de definiciones del Ejecutivo): contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cumplir con criterios de residencia y someterse a una evaluación socioeconómica.
Asimismo, garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones mediante el índice de movilidad y un estudio de costos, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027. Para saldar las compensaciones pendientes con los prestadores, que según estimaciones oficiales ascienden a unos $278.300 millones, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días corridos para cancelar la deuda.
También asegura a todos los titulares de pensiones el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. Determina que los recursos por beneficiario no podrán reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior y faculta al Gobierno a utilizar fondos del Tesoro si las partidas del Ministerio de Salud resultan insuficientes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo estimado para el ejercicio 2028 será de 1,2 billones de pesos.
Por último, crea un sistema de auditorías periódicas, pero garantiza la notificación fehaciente al beneficiario y un plazo para realizar descargos antes de cualquier suspensión preventiva. Asimismo, obliga a publicar en formatos abiertos la ejecución presupuestaria y la cantidad de beneficiarios, y fortalece la articulación federal a través del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).
Un debate atravesado por cruces políticos y el mensaje del Papa
La sanción definitiva fue el resultado de intensas negociaciones que incluyeron un giro dentro del propio oficialismo, impulsado en Diputados por María Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo, y acelerado en la Cámara alta por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, luego de haber mantenido fuertes cruces internos con la mesa política de la Casa Rosada por las contradicciones incluidas en el Presupuesto 2027.
Durante el cierre del debate, Bullrich definió la sanción como «un acuerdo social y político» y destacó que el texto reemplaza «el parche por una regla y la incertidumbre por la previsibilidad». Si bien aludió a la existencia de «certificados falsos» en el pasado, la senadora admitió irregularidades en los procesos de auditoría que obligaron a miles de personas a demostrar reiteradamente su condición, y celebró que con la ley «se establece de dónde sale cada peso que se va a gastar». En la misma línea, el miembro informante Agustín Monteverde aseguró que el proyecto «no entraña absolutamente ningún recorte» y que los fondos estarán contemplados en el próximo presupuesto.
Desde la oposición, en cambio, predominó la cautela y el reclamo por el cumplimiento efectivo. La senadora Alicia Kirchner subrayó que las personas con discapacidad son «titulares de derechos» y no meros beneficiarios, advirtiendo que la sanción legislativa es apenas «un punto de partida». Por su parte, Lucía Corpacci denunció que el programa Incluir Salud sufre un recorte real del 13% en el proyecto de Presupuesto 2027 y advirtió: «Hay cosas que se escriben con la mano y se borran con el codo; si no modificamos eso, nada de lo que digamos ahora va a valer la pena».
En términos similares, el senador pampeano Daniel Bensusán exigió respetar el debido proceso en las auditorías bajo la premisa de «equilibrio fiscal sí, pero respetando la dignidad humana», mientras que el chaqueño Jorge Capitanich calificó de «grotesco» el intento previo del Gobierno de deslegitimar las pensiones mediante la exhibición de una radiografía animal.
El debate estuvo marcado también por las referencias a la reciente visita al país del papa León XIV y su paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole, cuya frase: «el progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad», fue citada tanto por el radical Maximiliano Abad como por la peronista Ana Marks para reclamar hechos concretos. En un tono más duro, Eduardo «Wado» de Pedro atribuyó el cambio de postura oficialista a una estrategia electoral de cara a la reelección y pidió vigilar la reglamentación, mientras que Juliana di Tullio atribuyó la conquista exclusivamente a «la lucha popular de las personas con discapacidad y sus familias», cuestionando con dureza los antecedentes del Gobierno frente al sector.
Además de la reforma en discapacidad, durante la misma jornada el Senado convirtió en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la reforma al régimen de propiedad privada, que mantiene vigentes las restricciones de la Ley de Tierras para extranjeros, la Ley Joaquín y la modificación del régimen de cabotaje.















































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