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El Senado aprobó la reforma de la propiedad privada

Ley de Tierras y propiedad privada

Con 42 votos a favor, el Senado sancionó la reforma de propiedad privada: restituye la Ley de Tierras, agiliza los desalojos y endurece expropiaciones.


El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Con 42 votos afirmativos, 26 negativos y cero abstenciones, la norma logró su sanción definitiva tras un giro clave en la estrategia del oficialismo: la restitución plena de la Ley de Tierras Rurales (N° 26.737).

Acompañaron la medida La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, Provincias Unidas, Convicción Federal, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y la chubutense Edith Terenzi. En la vereda opuesta votaron el bloque Justicialista, el Frente Cívico por Santiago, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y el puntano Fernando Salino.

El giro oficialista y el regreso de la Ley de Tierras

El proyecto atravesó múltiples modificaciones desde su ingreso al Congreso en agosto. En su redacción original, en línea con el DNU 70/2023, el Ejecutivo buscaba eliminar cualquier límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, el bloque que conduce Patricia Bullrich debió retirar ese capítulo y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego en el Senado ante la falta de apoyos, en medio de un clima sensible tras el partido contra Inglaterra durante el Mundial donde la Selección Argentina exhibió la bandera «Las Malvinas son argentinas». También había quedado afuera el capítulo referido al RENABAP.

El escenario se tensó luego cuando la Corte Suprema dictó un fallo que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023 que derogaba la Ley de Tierras aunque días más tarde el máximo tribunal dio marcha atrás con una medida cautelar interina. Frente a la amenaza de la oposición de rechazar por completo el mega DNU en el recinto, el oficialismo reactivó el proyecto en la Cámara de Diputados e incorporó dos artículos clave: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del decreto, y el 39, que restituye la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011, la cual prohíbe que extranjeros posean más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, ratificó la incorporación de ambos artículos. Desde la oposición, el senador justicialista Martín Soria calificó el trámite como “vergonzoso e inédito” e ironizó sobre el cambio de postura del Gobierno: “No recuerdo un caso similar en donde un gobierno impulsa una ley para hacer una cosa y termina votando exactamente lo contrario. ¿En qué quedamos? Voltereta cósmica, fenómeno barrial”. Por su parte, la senadora Edith Terenzi celebró el texto definitivo al señalar que permite terminar con la incertidumbre jurídica y recuperar la protección sobre las tierras vinculadas a la soberanía.

Desalojos más rápidos y resguardos sociales

Más allá del capítulo agrario, la nueva ley introduce cambios profundos en los procesos de desalojo tanto para inmuebles urbanos como rurales, estableciendo el trámite de juicio sumarísimo en reemplazo del sumario.

En el caso de viviendas alquiladas, antes de iniciar una demanda por falta de pago, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos para saldar la deuda. Si el incumplimiento persiste, podrá iniciar la acción de desalojo, que se ejecutará en un plazo de diez días hábiles. Asimismo, ante falta de pago o vencimiento de contrato, el dueño podrá solicitar la desocupación inmediata bajo caución juratoria; si se comprueba que ocultó hechos o documentación para obtenerla, recibirá una multa de hasta diez veces el valor mensual del alquiler en favor del inquilino.

La norma contempla también instancias de protección: cuando el desalojo se funde en deterioro del inmueble, cambio de destino o uso abusivo, el juez deberá realizar una inspección dentro de las 72 horas con asistencia del Defensor Oficial. Si en la propiedad habitan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para garantizar una alternativa habitacional, sin que ello frene el proceso judicial. El régimen abarca viviendas únicas y permanentes, además de los predios donde residan y produzcan agricultores familiares.

Endurecimiento para expropiaciones y registro digital

En cuanto a las expropiaciones, la ley fija criterios más estrictos para el Estado. La declaración de utilidad pública deberá ser específica, concreta, idónea y proporcional, y no podrá transferirse el dominio sin el pago previo e íntegro de la indemnización.

El cálculo del resarcimiento tomará el valor objetivo del bien previo al anuncio de la expropiación, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés activa del Banco Nación. Además, incluirá el lucro cesante con un tope del 30% del daño emergente, salvo que se demuestre un perjuicio mayor. También se regula la expropiación irregular para casos en los que el Estado ocupe un bien sin pagar o imponga restricciones sustanciales al derecho de propiedad, y se limita la ocupación temporánea anormal: solo podrá disponerla el Poder Ejecutivo por un máximo de 90 días, prorrogables por única vez ante emergencias graves.

Finalmente, la norma actualiza la Ley 17.801 para modernizar el Registro de la Propiedad Inmueble, habilitando la digitalización integral del sistema, el uso de documentos electrónicos, la firma digital y herramientas tecnológicas que garanticen la trazabilidad e integridad de los datos registrales.

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