La oposición aprobó en comisión la Ley de Emergencia PyME. El proyecto suspende embargos, otorga alivio fiscal y busca frenar el cierre de empresas.
La Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la Ley de Emergencia PyME, un proyecto unificado que busca frenar el deterioro del sector productivo nacional. La iniciativa, que reúne ocho propuestas legislativas y declara la emergencia productiva, fiscal, laboral, financiera y tarifaria, avanzó con el respaldo de bloques opositores y el rechazo del oficialismo.
El despacho reúne el trabajo articulado con las comisiones de Finanzas, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, y llega apenas un día después de que el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Diego Ojeda, reclamara públicamente su tratamiento en el Congreso durante un encuentro del Observatorio de Empresas.
Las claves del proyecto
La normativa tendrá una vigencia inicial de un año desde su entrada en vigor, con la posibilidad de ser prorrogada por un año adicional según las condiciones económicas. Alcanzará a todas las personas humanas y jurídicas que cuenten con Certificado MiPyME vigente, incluyendo de manera explícita a cooperativas, fábricas recuperadas y agricultores familiares.
Bajo la implementación y supervisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el texto establece las siguientes medidas centrales:
- Suspensión de ejecuciones y embargos: se frenan las ejecuciones fiscales y los embargos durante la vigencia de la ley, habilitando además el levantamiento de los ya trabados. Asimismo, los embargos bancarios quedarán limitados al monto nominal reclamado más un 15 % en concepto de intereses y costas.
- Alivio tributario y financiero: crea un régimen de regularización de deudas fiscales y de la seguridad social con facilidades de pago diferenciadas según el tamaño de cada empresa, junto con herramientas para facilitar el acceso al crédito y proteger el capital de trabajo.
- Trámites y tarifas: Incorpora medidas para mitigar el impacto de los costos de los servicios públicos, proteger el empleo y poner en marcha una Ventanilla Única para PyMEs (VUPyME) destinada a centralizar trámites ante organismos nacionales.
Cruces en el recinto
El presidente de la comisión, Pablo Farías (Provincias Unidas), valoró el consenso alcanzado entre las distintas bancadas opositoras, aunque aclaró que el despacho «no es la solución definitiva, son medidas de urgencia que el Gobierno debiera tomar».
Desde Unión por la Patria, el diputado Nicolás Trotta denunció un «modelo económico de exclusión» responsable de la destrucción del entramado productivo, mientras que su compañera de bloque, Roxana Monzó, contrastó la búsqueda oficial del equilibrio fiscal con la urgencia de las empresas que luchan por pagar deudas y sostener puestos de trabajo. En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto advirtió sobre el deterioro industrial generalizado; Eduardo Falcone (MID) pidió celeridad por la gravedad de la situación en los conurbanos; y Carolina Basualdo (Provincias Unidas) remarcó el impacto en las economías regionales.
En la vereda opuesta, el diputado oficialista Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) rechazó los cuestionamientos contra la actual gestión y responsabilizó a las administraciones anteriores por haber «hecho absolutamente todo por aplastar al sector privado» y criticó el uso previo de los recursos públicos.
Un reclamo de dos años
La firma del dictamen corona una extensa agenda impulsadas por ENAC desde el 16 de agosto de 2024, cuando la entidad presentó su primer borrador frente a la Casa Rosada tras registrarse los primeros 10.000 cierres de empresas. Si bien aquella propuesta obtuvo dictamen en octubre de 2025, perdió estado parlamentario en diciembre sin llegar a votarse.
Durante 2026, el sector redobló la presión institucional con nuevas presentaciones en el Senado, a través de Jorge Capitanich y Sergio Uñac, y en Diputados con proyectos de Trotta, Guillermo Snopek, José Glinski, Jorge Chica, Cristian Andino y Santiago Roberto, entre otros, además de una nueva movilización a Plaza de Mayo el 20 de agosto. Con el despacho ya firmado, el desafío de la oposición y las empresas será ahora conseguir los votos necesarios para llevar la iniciativa al recinto y convertirla en ley.















































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