Con 130 votos a favor, el oficialismo logró aprobar el Súper RIGI en Diputados. Ofrece beneficios fiscales por 30 años a megaproyectos tecnológicos.
La Cámara de Diputados aprobó con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones el proyecto de ley conocido como Súper RIGI. La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, en alianza con el Pro, la UCR, el MID y bloques provinciales, ahora girará al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto replica y amplía el esquema del RIGI aprobado en 2024, otorgando estabilidad normativa y beneficios extraordinarios por un plazo de 30 años a aquellas corporaciones que comprometan inversiones superiores a los US$1.000 millones.
Qué es el Súper RIGI y a quiénes beneficia
El nuevo régimen busca atraer «industrias del futuro» vinculadas a la infraestructura tecnológica, el desarrollo de semiconductores y la inteligencia artificial. A diferencia del RIGI sancionado en 2024, este esquema amplía los beneficios impositivos y no detalla sectores específicos, lo que generó fuertes cruces en el recinto.
Incentivos fiscales y cambiarios aprobados:
- Menos ganancias: reducción de la alícuota al 15% (frente al 35% del régimen general y el 25% del RIGI previo).
- Plazo de vigencia: inscripción abierta por 5 años (prorrogable por 1 año más mediante decreto fundado).
- Divisas libres: liberación progresiva de la obligatoriedad de liquidar divisas hasta alcanzar el 100% al tercer año.
- Aduana cero: exención total de derechos de importación y exportación para los proyectos adheridos.
- Tributos locales: compromiso de provincias y municipios para mantener Ingresos Brutos debajo del 0,5% y eliminar el impuesto de sellos.
- Estabilidad por 30 años: blindaje fiscal, cambiario y regulatorio de largo plazo.
- Soberanía judicial: permite resolver controversias en tribunales internacionales como el CIADI.
Modificaciones incorporadas en comisión
Para asegurar el quórum y los votos necesarios, el dictamen de mayoría sumó cambios sugeridos por los bloques aliados:
- Fomento a la I+D: las inversiones en Investigación y Desarrollo se computarán por el doble de su valor (con un tope del 20% del monto mínimo).
- Proveedores locales: se fija una obligación de contratar empresas locales por un piso mínimo del 20% de la inversión en proveedores, siempre que haya disponibilidad de mercado en precio y calidad.
- Filtros ambientales: se incluyeron causales de rechazo para proyectos que generen impactos ambientales negativos significativos en sus áreas de influencia.
- Transparencia: creación de un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI de acceso libre.
Un debate marcado por fuertes cruces ideológicos
La sesión estuvo signada por una profunda polarización entre quienes defienden la necesidad de restablecer la confianza jurídica y quienes alertan sobre un costo fiscal desmedido y la pérdida de soberanía.
Los argumentos del oficialismo y aliados
El diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA), como miembro informante, defendió la inversión privada y apuntó contra la oposición: “En los últimos veinte años un dólar cruzaba la frontera y ya se escuchaba el motor V8 de la aspiradora fiscal. Necesitamos una ley para proteger el derecho de propiedad porque hemos ahuyentado las inversiones”.
Por su parte, Luis Petri (LLA) enfatizó que el país se encuentra ante la cuarta revolución industrial y que existen cartas de intención de inversión por más de US$25.000 millones. En sintonía, Silvana Giudici (LLA) defendió el impacto del régimen anterior señalando la generación de más de 9.000 empleos y subrayó que el Súper RIGI permite al país «competir con las mejores y más poderosas potencias del mundo».
Álvaro Martínez (LLA) fue tajante en sus declaraciones: «Votar en contra es votar para que la Argentina siga siendo un espectador de su propio destino».
Las duras críticas de la oposición
Desde el arco opositor se denunció que el proyecto no define con claridad qué empresas resultarán beneficiadas, calificándolo como un «traje a medida». Martín Lousteau (Provincias Unidas) advirtió sobre la enorme pérdida fiscal: “Estamos votando un régimen inédito, el más generoso con renuncia de soberanía, con la pérdida fiscal monumental y no sabemos a quién pretendemos que venga”.
Asimismo, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la presión sobre las autonomías provinciales al calificar de «inconstitucional» la intromisión en las alícuotas de Ingresos Brutos locales. Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) alertó que el esquema otorga a grandes corporaciones tecnológicas la capacidad de condicionar las decisiones estatales, lo que definió como «una clara plutocracia».
Desde Unión por la Patria, Agustín Rossi vinculó el proyecto con el reciente anuncio del canciller Quirno sobre la integración de Argentina a la Pax Silica —la coalición liderada por Estados Unidos para el circuito de semiconductores y chips— y criticó la postura del presidente Milei de no regular la Inteligencia Artificial, afirmando que va «a contramano del mundo». En una línea similar, Mario Manrique (UP) sentenció: “Esto no es una ley, es un negociado entre particulares para estampar la firma como si fuéramos escribanos”.
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