El gobierno de Rodrigo Paz impidió el ingreso de una misión de derechos humanos por «inconsistencias» migratorias. Los delegados denuncian persecución.
Una delegación de diputados y dirigentes argentinos fue expulsada de Bolivia por el gobierno de Rodrigo Paz. El grupo, que incluía al diputado Juan Marino y a referentes de izquierda como Vanina Biasi y Alejandrina Barry, denunció una «retención ilegal» en el aeropuerto de La Paz.
La comitiva viajó con el fin de auditar denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las recientes protestas en el país vecino. Dichos conflictos civiles ya registran un saldo de 16 víctimas fatales y severas pérdidas económicas.
Retención, denuncias de «secuestro» y deportación
La comitiva, que llegó a Bolivia durante la madrugada del lunes, estaba integrada por figuras políticas como el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria / Frente de Patria), las legisladoras porteñas Vanina Biasi (Partido Obrero – FIT) y Alejandrina Barry (CeProDH – FIT), además de las dirigentes gremiales docentes de Ademys, Soledad Mosquera y Ailen Beraldo, y María José Cano (CTA-A), entre otros.
Según denunciaron los propios protagonistas a través de videos grabados en la terminal aérea, agentes de la Dirección de Migraciones de Bolivia les retuvieron la documentación personal sin brindar explicaciones iniciales e intentaron confinarlos a una sala de inadmitidos. Tras negarse, el grupo fue escoltado por la fuerza por personal policial hacia un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra —donde originalmente ya habían realizado los trámites de ingreso— para ser reembarcados de regreso a la Argentina.
«Estuvimos secuestrados con represión policial. El trato que recibimos fue igual al de un secuestro; quisieron hacernos firmar un documento con causas truchas sobre los objetivos de nuestro viaje», denunció la legisladora Vanina Biasi, quien calificó la situación en Bolivia como «una verdadera dictadura militar» que busca instalar un Estado de sitio.
Por su parte, Alejandrina Barry remarcó que el único fin de la misión era «hacer un informe y acercarse a las víctimas a las que se les vulneran sus derechos por ejercer el legítimo derecho a la protesta».
Desde Buenos Aires, los diputados Germán Martínez y Nicolás del Caño exigieron públicamente garantías para la integridad física de los retenidos, argumentando que el diputado Marino contaba con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional de Bolivia.
La postura de las Cancillerías y el aval de Javier Milei
A contramano de los reclamos de la oposición argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, conducido por el canciller Pablo Quirno, emitió un comunicado oficial respaldando la decisión adoptada por la gestión del mandatario boliviano Rodrigo Paz.
Según el Palacio San Martín, las autoridades bolivianas detectaron «inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación», además de irregularidades normativas.
El Gobierno argentino concluyó que la expulsión se ejecutó «en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio», informando además que las oficinas consulares en La Paz y Santa Cruz activaron los mecanismos de asistencia de rutina.
Respaldo oficialista en Bolivia y denuncias de «injerencia»
En el plano político boliviano, parlamentarios del oficialismo salieron en bloque a defender el accionar migratorio. La senadora Tomasa Yarhui solicitó formalmente la expulsión de los activistas argentinos por considerar que «no respetan la soberanía» del país y exigió frenar cualquier «intromisión política en los conflictos nacionales».
En sintonía, el diputado boliviano Alejandro Reyes (bloque Unidad) acusó a la comitiva argentina de formar parte de una «coordinación internacional» orientada a desestabilizar al gobierno para favorecer el retorno de regímenes autoritarios afines al expresidente Evo Morales. Reyes reclamó, además, que se inicie una investigación judicial sobre el origen del financiamiento de los pasajes y la estadía de los delegados deportados.
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