EE.UU. aplicará aranceles de hasta 12,5% a 60 países por fallas en controles contra el trabajo forzoso. La Argentina pagará una tasa del 10%.
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzará a aplicar a partir de este viernes un nuevo esquema de aranceles a las importaciones procedentes de 60 países. Las tarifas, que irán del 10% al 12,5%, surgen tras el dictamen de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que determinó que dichas economías no aplican ni imponen de manera efectiva prohibiciones contra el ingreso de bienes elaborados mediante trabajo forzado.
La resolución se apoya en investigaciones impulsadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que faculta al Ejecutivo a adoptar sanciones económicas frente a prácticas comerciales consideradas irrazonables, discriminatorias o injustificadas.
“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas no son razonables”, precisó el comunicado oficial del organismo.
El nuevo marco tarifario reemplaza al gravamen provisional del 10% que la Casa Blanca había fijado a comienzos de año, instado por un fallo de la Corte Suprema que limitó la potestad del Poder Ejecutivo para imponer aranceles de forma unilateral sin el aval del Congreso.
El impacto según cada país
El USTR estructuró la aplicación del impuesto en diferentes niveles según el grado de compromiso y regulación de cada socio comercial:
- Tasa del 10%: corresponde a los países que ya cuentan con normativas internas contra el trabajo forzoso, asumieron compromisos de control a través de Acuerdos sobre Comercio Recíproco o aplican sistemas parciales para bloquear productos bajo sospecha. En este grupo se encuentran Argentina, Canadá, México, el Reino Unido, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Bangladesh, Camboya, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka y Trinidad y Tobago.
- Tasa del 10% al 12,5%: se aplicará de manera escalonada a determinados productos de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, descontando los gravámenes ya vigentes bajo las reglas de nación más favorecida.
- Tasa del 12,5% (máximo nivel): recaerá sobre aquellas naciones que no adoptaron medidas suficientes para combatir la explotación laboral.
- Casos especiales: China no figura en el listado por mantener un régimen arancelario independiente con Washington. Por su parte, la India logró reducir su alícuota inicial del 12,5% al 10% tras modificar sus normativas internas durante la fase de evaluación.
Justificación oficial y mecanismo económico
El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que la política busca erradicar la explotación laboral en las cadenas globales de valor. “El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso. Estados Unidos mantiene una prohibición de importación sobre estos bienes desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó.
Aunque los impuestos son abonados en primera instancia por las empresas importadoras estadounidenses —quienes habitualmente trasladan los costos al consumidor final vía aumentos de precios—, Washington insiste en que el propósito es forzar cambios en la legislación y supervisión de los gobiernos extranjeros.
El régimen prevé excepciones para materias primas esenciales como petróleo, gas y fertilizantes, así como para aquellos bienes protegidos por las cláusulas de libre comercio del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA) o insumos cuya restricción genere desabastecimiento en el mercado interno norteamericano.
El trabajo forzoso en el comercio global
De acuerdo con las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente 27,6 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en todo el mundo durante 2021.
Si bien diversas organizaciones de derechos humanos coinciden en que la presión comercial puede obligar a los gobiernos a endurecer sus controles, remarcan la necesidad de otorgar plazos adecuados y asistencia técnica para que los países en desarrollo puedan implementar mecanismos de fiscalización efectivos.
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