El Gobierno autorizó la licitación de los trenes Belgrano, San Martín y Urquiza por 50 años. El proceso será digital y contempla beneficios del RIGI.
El Gobierno nacional formalizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para privatizar la gestión de las tres principales líneas trenes de carga del país. A través de la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía, se busca otorgar la concesión por 50 años del Belgrano, San Martín y Urquiza.
La medida abarca 7.594 kilómetros operativos distribuidos a lo largo de 16 provincias, articulando el transporte productivo nacional con los principales puertos del país y con cinco pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Un nuevo esquema operativo y financiero
El proceso licitatorio, que se canalizará de manera digital a través de la plataforma pública CONTRAT.AR, fija como objetivo principal la selección de concesionarios que asuman la administración, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura bajo un esquema de «acceso abierto».
A diferencia de las concesiones tradicionales, el mecanismo de adjudicación no se definirá por quién pague un mayor canon al Estado, sino mediante una fórmula ponderada que dará ventaja a las empresas que ofrezcan las tarifas de peaje más bajas para los operadores y un mayor compromiso de inversiones. Asimismo, el marco regulatorio establece que el concesionario no recibirá subsidios estatales y obtendrá sus ingresos del cobro de peajes y de la explotación comercial de los inmuebles aledaños a la traza, como parques logísticos y silos.
Entre las condiciones fijadas en el pliego definitivo destaca una cláusula que prohíbe explícitamente la participación de compañías controladas por Estados extranjeros, criterio que apunta a limitar el desembarco de firmas estatales internacionales.
El plan contempla además la opción de compra del material rodante (locomotoras y vagones) mediante venta o remate público. Los fondos recaudados por esta vía se administrarán a través de un fideicomiso específico constituido por Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) para financiar parcialmente las Obras Obligatorias previstas para los primeros cinco años de concesión.
Por otra parte, las empresas que comprometan inversiones en la renovación y transformación de infraestructura ferroviaria por un monto mínimo de 200 millones de dólares podrán calificar para obtener los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Las estimaciones iniciales de inversión para el proyecto alcanzan los 755 millones de dólares, distribuidos entre las tres líneas.
Diagnóstico oficial y respaldo político
Desde la cartera económica que encabeza Luis Caputo justificaron la medida señalando el severo deterioro operativo y financiero que arrastra la empresa estatal BCyL, caracterizado por pérdidas acumuladas, alto índice de descarrilamientos e incumplimientos en el mantenimiento del parque tractivo.
«Desde 1970 la producción agropecuaria se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces. Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos», expresó el ministro Caputo. A su vez, remarcó: «Nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo».
En la misma línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró el llamado al calificar la iniciativa como «uno de los cambios más trascendentales» de la gestión actual en materia de infraestructura productiva.
Cronograma y evaluación
El Gobierno ha fijado un plazo preciso para el desarrollo del concurso público:
- Consultas sobre la documentación: hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10:00 hs.
- Presentación de ofertas: hasta el 11 de noviembre de 2026 a las 09:59 hs.
- Apertura de sobres: 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 hs., mediante acto público en CONTRAT.AR.
Las propuestas recibidas serán analizadas por una Comisión Evaluadora ad hoc designada por la resolución, integrada por Enrique Juan Eiras, María Pilar Trejo y Cristián Nicolás García como miembros titulares, abriendo así la etapa decisiva para la reorganización del sistema ferroviario de cargas argentino.











































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