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Llaryora envió un proyecto a la Legislatura para aliviar deudas familiares

Alivio de deudas en Córdoba

El Gobierno provincial envió a la Legislatura un proyecto para refinanciar deudas de consumo en hasta 48 cuotas con una tasa fija del 35% anual.


El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, envió a la Legislatura un proyecto de ley para instrumentar el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar. La propuesta busca ofrecer una vía de salida a los hogares cordobeses que enfrentan serias dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, permitiendo reestructurar deudas bajo condiciones más accesibles para evitar el deterioro de su situación crediticia.

La iniciativa impulsa la participación voluntaria de bancos y entidades emisoras de tarjetas de crédito para consolidadas y refinanciar deudas de consumos vinculados a gastos ordinarios y necesidades básicas del hogar. Se excluyen expresamente los deudas vinculadas a juegos de azar y apuestas.

Condiciones del programa y requisitos de acceso

Las entidades que se sumen al régimen deberán ofrecer líneas de financiamiento que contemplen una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35%, con plazos de cancelación de entre 24 y 48 cuotas mensuales.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Acreditar domicilio en la provincia de Córdoba con un mínimo de dos años de antigüedad.
  • Estar registrados en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA) al 31 de julio de 2026.
  • Cumplir los límites de ingresos y bienes registrables que defina la autoridad de aplicación en relación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Incentivos fiscales y vigencia

Para promover la participación del sector bancario, la Provincia otorgará una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicada a los intereses devengados por las operaciones enmarcadas en este programa.

El Ministerio de Economía provincial actuará como autoridad de aplicación. Tras su aprobación en la Legislatura y posterior reglamentación, la medida tendrá una ventana de vigencia de tres meses calendario para que los usuarios interesados soliciten la refinanciación.

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