La oposición impulsa proyectos para limitar tasas y reestructurar deudas familiares, mientras el Gobierno rechaza intervenir por considerarlo un tema privado.
El vertiginoso incremento del endeudamiento de los hogares y los altos niveles de morosidad irrumpieron con fuerza en la agenda política. Frente a la postura del Gobierno nacional, que rechaza la intervención estatal por considerar que se trata de un «problema entre privados», distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados acumulan más de 30 proyectos de ley para limitar tasas de interés, frenar abusos en las cobranzas y establecer mecanismos de refinanciación.
El conflicto escaló luego de que el presidente Javier Milei ratificara que el Gobierno no tomará medidas sobre la situación crediticia, argumentando la responsabilidad individual de los tomadores de crédito y desvinculando a la política económica oficial del fenómeno. Sus declaraciones generaron duras respuestas de la oposición, sindicatos e intendentes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó la posición presidencial como «cínica», advirtiendo que las familias se endeudan para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos o alquileres, e instó a una regulación nacional. En la misma línea, gobernadores como el riojano Ricardo Quintela avanzaron con normativas locales para sancionar cláusulas abusivas y proteger a los usuarios.
Ante el freno del oficialismo y sus aliados en el ámbito legislativo, bancadas como Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el Socialismo y bloques provinciales buscan forzar el tratamiento del tema en la Cámara Baja. Aunque reconocen la dificultad de alcanzar las mayorías especiales para debatir los proyectos de forma directa en el recinto, apuestan a votar el emplazamiento de las comisiones para obligar a abrir la discusión y exponer las posiciones de los distintos sectores.
Principales ejes de las iniciativas legislativas
Las iniciativas buscan revertir además el impacto desregulador del DNU 70/2023 sobre las tarjetas de crédito. Entre las medidas centrales destacan:
- Regulación de tasas y entidades no bancarias: establecimiento de techos a los costos financieros e intereses, sumado a un mayor control operativo sobre billeteras virtuales y prestamistas informales.
- Rehabilitación financiera: proyectos como el del diputado Pablo Juliano (UCR) plantean procesos judiciales de rehabilitación financiera para insolventes, mientras que la propuesta de Vanesa Siley (Unión por la Patria) sugiere una plataforma en el ámbito de la ANSES donde las cuotas de reestructuración no superen el 33% de los ingresos del deudor.
- Reforma concursal y protección al consumidor: iniciativas como las del socialista Esteban Paulón buscan modificar la Ley de Concursos y Quiebras para facultar a los jueces a reducir o anular intereses. Asimismo, se impulsa la prohibición explícita de tácticas de cobranza intimidadoras o de hostigamiento.
El escenario en el Congreso refleja un tenso pulso político. Mientras las centrales sindicales y movimientos sociales han llevado el reclamo a las calles demandando medidas urgentes, el oficialismo insiste en que las soluciones deben darse de manera bilateral entre deudores y acreedores, manteniendo bajo reserva la posibilidad del veto en caso de que la oposición logre consensuar un dictamen unificado y sancionar la ley.
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