El Gobierno accionará contra cinco empresas por operar sin aval en la Cuenca Malvinas Norte y reforzará la seguridad en la región.
El Gobierno nacional anunció la presentación de una denuncia penal contra cinco empresas petroleras por realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos no autorizadas en la Cuenca Malvinas Norte.
La presentación judicial, que se tramitará ante la Cámara Federal porteña, es impulsada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio letrado del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acusación apunta al incumplimiento de la Ley 26.659, normativa argentina que prohíbe y sanciona las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental del país sin el debido aval de las autoridades nacionales.
Empresas y autoridades imputadas
La medida judicial alcanza directamente a las siguientes firmas:
- Navitas Petroleum Development & Production Ltd.
- Navitas Petroleum Atlantic United
- Navitas Petroleum LP
- JHI Associates Inc.
- Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.
Según la Casa Rosada, al menos tres de estas compañías habrían recibido licencias otorgadas de manera unilateral por el Reino Unido para operar en el área.
Asimismo, la acción legal no se limita a las sociedades comerciales, sino que se extiende a sus accionistas y a todos los directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios y representantes que hayan intervenido en los hechos bajo investigación.
Freno al proyecto Sea Lion
Esta ofensiva judicial se enmarca dentro de las acciones para frenar el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, un yacimiento descubierto en 2010 a 220 kilómetros al norte de las islas y a 450 metros de profundidad. El emprendimiento es liderado por la empresa Navitas Petroleum (poseedora del 65% de participación) junto a Rockhopper Exploration (35%). A fines de 2025, las firmas adoptaron la decisión final de inversión para su primera etapa, paso que la Cancillería argentina rechazó formalmente en diciembre de ese mismo año por considerar a las empresas como licenciatarias ilegítimas y señalar que la explotación unilateral viola las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además de la vía penal, la Cancillería confirmó la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, abarcando a las operadoras, a sus accionistas y a las compañías prestadoras de servicios.
Inversión estratégica en Ushuaia
Junto con la denuncia penal, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada Ushuaia, junto a otros proyectos estratégicos.
Dicha propuesta presupuestaria será enviada al Congreso Nacional el próximo 15 de septiembre con el objetivo de reforzar la presencia estatal, la Seguridad Nacional y la protección de los recursos naturales en el Atlántico Sur. Desde el Gobierno remarcaron que estas decisiones forman parte de una política integral orientada a resguardar los derechos soberanos e imprescriptibles de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.
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