La Provincia de Buenos Aires enfrenta una fuerte crisis laboral y productiva, con desempleo, cierre de empresas, endeudamiento y caída del consumo.
Hay una película argentina de 1993, “De eso no se habla”, dirigida por María Luisa Bemberg, en la que, en un pequeño pueblo, todos saben de la existencia de una “enana”, pero existe un acuerdo tácito: de eso no se habla. El silencio termina convirtiéndose en una forma de negar aquello que incomoda, una venda voluntaria para evitar el conflicto con lo evidente. Algo idéntico ocurre hoy en la Provincia de Buenos Ayres con los datos económicos y sociales: están a la vista, son públicos, medibles y rigurosos. Sin embargo, en buena parte del debate político provincial se prefiere el grito sordo, la chicana estéril, la asignación de culpas cruzadas y las disputas partidarias de palacio, esquivando los números concretos que describen la realidad social y productiva de un territorio que se encamina al abismo. Negar la estadística no anula la tragedia; la vuelve crónica.
El diagnóstico que arroja el Observatorio Económico de la Provincia de Buenos Aires del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) rompe cualquier intento de anestesia discursiva. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, el territorio bonaerense sufrió la extirpación de 91.270 puestos de trabajo registrados. Esta cifra, fría en los papeles, representa una hemorragia social inaudita: significa el 26,7% de todos los empleos registrados destruidos en la totalidad del suelo argentino. Uno de cada cuatro trabajadores expulsados del sistema formal pertenecía a esta provincia. La desocupación abierta escaló sin tregua hasta fijarse en el 9,7%, despegándose de manera alarmante del 7,8% registrado a nivel nacional. Cuando la mirada se posa sobre el cordón del conurbano, el tejido social más denso y postergado, la tasa de desempleo araña el 11%. No estamos ante una fluctuación estacional ni ante un reacomodamiento macroeconómico doloroso pero necesario; estamos frente a un proceso explícito de desindustrialización y pauperización planificada que destruye la movilidad social ascendente, la histórica columna vertebral de la identidad bonaerense.
El desempleo no llega solo. Su contracara inmediata es el ahogo financiero de las familias, que intentan sostener consumos básicos mediante el endeudamiento asfixiante. La provincia concentra hoy a 2.195.427 deudores morosos, una masa crítica que equivale al 37,4% de todos los morosos de la República Argentina. La imposibilidad de cumplir con las obligaciones financieras elementales dejó de ser un problema marginal para transformarse en una condición estructural del ciudadano común. El dato adquiere un tinte dramático al segmentar la población: entre los jóvenes de 20 a 24 años, aquellos que deberían estar forjando su futuro laboral y profesional, la morosidad alcanza un brutal 37,7%. El sistema expulsa a las nuevas generaciones antes de que puedan consolidarse en él, empujándolas a la informalidad, al subempleo o a la dependencia del auxilio estatal o familiar en un contexto donde los recursos escasean para todos.
Esta malaria generalizada cala hondo en las estructuras del empleo informal y de servicios. Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, desaparecieron 8.114 puestos registrados de trabajadoras de casas particulares en Buenos Aires, marcando una contracción del 4,7 por ciento. Esta pérdida representa el 28,1 por ciento de todas las bajas documentadas en el país para dicha actividad. La lectura técnica del CEPA despoja al fenómeno de cualquier eufemismo: los hogares de clase media ya no pueden sostener esa fuente de empleo. El salario familiar promedio mutó en recurso de subsistencia, obligando al recorte de prestaciones básicas de la vida cotidiana. El impacto guarda un evidente sesgo de género, ensañándose con una de las actividades más feminizadas y precarizadas del mercado laboral, dejando a miles de jefas de hogar desamparadas ante una intemperie social absoluta.
LA ASFIXIA TARIFARIA Y EL DESMANTELAMIENTO DEL APARATO INDUSTRIAL
Mientras los ingresos familiares se desplomaban o desaparecían por completo, el costo de los servicios esenciales marchó a un ritmo frenético, absolutamente desconectado de las posibilidades reales de bolsillo de la población. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, el transporte público de pasajeros experimentó un incremento del 423%, el sector de comunicaciones escaló un 443% y el rubro vivienda —que engloba los consumos vitales de gas, electricidad y agua corriente— sufrió una suba catastrófica del 555%. Las tarifas mutaron de ser un precio regulado de la economía a convertirse en un mecanismo de confiscación de ingresos. El peso combinado de luz, gas, agua y transporte pasó a representar entre el 30% y el 35% del salario de los trabajadores formales. Un tercio de la fuerza laboral bonaerense trabaja exclusivamente para financiar la infraestructura básica de su propia supervivencia, resignando alimentación, salud y educación en pos de no quedar a oscuras o a pie.
Este esquema de estrangulamiento tarifario y caída del mercado interno hirió de muerte al aparato productivo. La Provincia de Buenos Aires concentra históricamente el 40% de los establecimientos productivos del territorio nacional; es el corazón industrial que tracciona al resto de las provincias. Sin embargo, bajo la vigencia del actual modelo económico implementado por el gobierno nacional, cerraron sus puertas definitivamente 7.625 unidades productivas bonaerenses. Detrás de cada persiana baja hay capitales familiares destruidos, cadenas de proveedores rotas y décadas de conocimiento técnico acumulado que se pierden irremediablemente. Cuatro de cada diez máquinas en suelo provincial están completamente paradas, acumulando óxido en talleres y fábricas vacías. El derrumbe no es uniforme ni casual: la provincia absorbió el 27% del total de los cierres empresariales registrados en toda la Argentina, evidenciando que el ensañamiento de la recesión golpea con mayor saña donde se genera la riqueza real del país.
Hacia mayo de 2026, la utilización de la capacidad instalada de la industria nacional arañaba un magro 58,4%. La parálisis fabril se consolida como una constante histórica de este período: el promedio de la actividad manufacturera entre diciembre de 2023 y abril de 2026 se ubicó un 6,1% por debajo del nivel de noviembre de 2023. No existen brotes verdes ni rebotes en forma de v; hay un estancamiento en el subsuelo de la productividad. Al desglosar la realidad por sectores, el panorama técnico adquiere ribetes de tragedia productiva. La metalmecánica, históricamente dinamizadora del empleo calificado y excluida aquí la rama automotriz, operaba apenas al 38,7% de su capacidad total. El sector de caucho y plástico funcionaba al 39,6%, el textil se arrastraba en un 42,2% y la industria automotriz, orgullo de las plantas fabriales de la zona norte y sur del conurbano, trabajaba al 45,5%. Más de la mitad de la infraestructura fabril automotriz y metalúrgica está ociosa, un lujo de autodestrucción que ningún país soberano puede permitirse.
La síntesis de este proceso no obedece a fallas operativas del mercado, sino a directrices ideológicas claras. La interpretación del CEPA resulta taxativa al respecto: en el gobierno de Milei la industria no forma parte de las políticas económicas. Se asiste a la entronización del capital financiero y de la especulación por sobre el esfuerzo productivo. La destrucción del entramado fabril bonaerense no constituye un efecto colateral imprevisto, sino un requisito indispensable para implantar un modelo primarizado, exportador de materias primas e importador de bienes terminados, que prescinde deliberadamente de la mano de obra local. Desmantelar la industria es desmantelar la base material que sostiene la soberanía de la Patria y la dignidad del trabajador bonaerense.
EL CIRCUITO DEL DETERIORO Y LA OBLIGACIÓN DEL ARRAIGO
El impacto final de esta tenaza económica, compuesta por desocupación creciente y salarios licuados por el costo de vida, se materializa de manera brutal en las góndolas y mostradores. El consumo de alimentos y bienes de primera necesidad muestra signos de fatiga extrema. En mayo de 2026, las ventas reales en los supermercados bonaerenses se desplomaron un 6,2% interanual. La situación adquiere tintes de mayor gravedad diagnóstica al posar la mirada sobre los centros comerciales del Gran Buenos Aires, donde el derrumbe del consumo masivo alcanzó un alarmante 9,1%. Las familias ya no restringen consumos suntuarios o prescindibles; la tijera de la crisis alcanzó a la mesa familiar, modificando dietas y forzando la migración hacia segundas y terceras marcas de menor valor nutricional. El ajuste no se paga con excedentes financieros, se paga con calidad de vida básica.
Existe un circuito macroeconómico cerrado, una dinámica perversa de retroalimentación destructiva que la dirigencia política insiste en ignorar en sus debates públicos. Menos empleo formal significa de forma matemática e inmediata menos capacidad de consumo en la población. Menos consumo en los hogares se traduce de manera indefectible en menos producción dentro de las fábricas bonaerenses, al evaporarse la demanda que justifica el funcionamiento de las máquinas. Menos producción equivale a una menor base imponible y, en consecuencia, a una caída drástica de la recaudación fiscal tanto para las arcas de la propia Provincia como para las administraciones municipales. La asfixia se completa por vía externa: el territorio bonaerense ya sufrió una contracción real del 2,1% en las transferencias por coparticipación federal de impuestos durante el primer semestre de 2026. El ahogo financiero que la administración nacional impone sobre las provincias no busca el equilibrio fiscal; busca quebrar la autonomía de gestión del principal motor económico del país.
Ante este escenario de emergencia provincial, Buenos Aires necesita con urgencia algo superador a una simple escaramuza de trinchera entre oficialismo y oposición. La gravedad del cuadro estadístico demanda abandonar el espectáculo mediático y empezar a mirar de frente los números propios, aquellos que describen la fractura de su entramado social. El debate urgente debe girar en torno a qué modelo productivo, laboral, fiscal y municipal se quiere edificar para detener la sangría. La Provincia de Buenos Aires está absorbiendo el impacto de las políticas de desregulación económica con una intensidad muy superior al promedio registrado en el resto del territorio nacional. La provincia es el epicentro de la resistencia productiva o el laboratorio de su destrucción final.
El ciudadano bonaerense no puede, bajo ninguna circunstancia, resignarse a administrar el deterioro cotidiano, a normalizar la pérdida de derechos o a ver cómo sus hijos caen en la morosidad y la falta de horizonte. Es imperioso volver a pensar la provincia en términos geopolíticos internos de soberanía, priorizando la descentralización política efectiva que potencie el interior productivo, la reactivación del trabajo genuino con salarios dignos, la inversión estatal en infraestructura básica y la consolidación del arraigo y el desarrollo local.
Romper el silencio cómplice es el primer acto de soberanía. Cuando una sociedad elige omitir la discusión de sus problemas estructurales y reales, ese silencio deja de ser una postura pasiva para convertirse en una política activa de entrega. Buenos Aires acarrea demasiadas realidades urgentes, demasiadas deudas históricas con su pueblo de las que, durante demasiado tiempo, por conveniencia o cobardía, simplemente no se habló.
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