El caso Alfredo López: la Disciplina Judicial ante el Tribunal de la Constitución

El caso Alfredo López abre un debate constitucional sobre disciplina judicial, debido proceso, libertad de expresión y responsabilidad de los magistrados.

La destitución del juez federal Alfredo Eugenio López, titular del Juzgado Federal N.º 4 de Mar del Plata, obliga a formular una pregunta que no admite respuestas partidarias: ¿puede un órgano constitucionalmente habilitado para remover magistrados convertir una valoración disciplinaria en una condena política sin acreditar con rigor la causal de mal desempeño y sin respetar plenamente las garantías del debido proceso?

La cuestión no prejuzga sobre las expresiones atribuidas al magistrado ni convierte la libertad de expresión en impunidad. Se examina la juridicidad del procedimiento y la motivación que debe satisfacer una decisión que priva a un juez de su cargo. El artículo 115 de la Constitución declara irrecurrible el fallo del Jurado de Enjuiciamiento en cuanto a su resultado sustancial. Precisamente por ello, las garantías que rodean su formación no pueden ser decorativas.

Según el Consejo de la Magistratura, el debate concluyó el 13 de julio de 2026, después de los alegatos de acusación y defensa, y el Jurado pasó a deliberar. El 18 de agosto se informó públicamente la destitución de López por mal desempeño, fundada en publicaciones de la red X consideradas antisemitas y discriminatorias. La acusación sostuvo que esas expresiones afectaban la imparcialidad y la confianza pública; la defensa invocó libertad de expresión y negó haber actuado con ánimo de ofender.

La primera precisión jurídica es decisiva: el Jurado no ejerce jurisdicción penal. No condena por un delito. El artículo 115 establece un mecanismo específico de responsabilidad política de los jueces inferiores. La ley 24.937 dispone que el procedimiento es oral y público, debe asegurar el derecho de defensa y que las causales de remoción son el mal desempeño, la comisión de delito en el ejercicio de las funciones y los crímenes comunes. El fallo destitutorio exige mayoría de dos tercios.

El artículo 18 de la Constitución agrega defensa en juicio, juez natural y juicio previo fundado en ley; el artículo 19 protege las acciones privadas que no perjudiquen a terceros; el artículo 28 impide que las reglamentaciones alteren los derechos; el artículo 31 consagra la supremacía constitucional, y el artículo 75, inciso 22, incorpora los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Por ello, no basta afirmar que una conducta es «incompatible con el decoro judicial». La resolución debe explicar por qué, mediante hechos probados, normas aplicables y relación causal, esa conducta configura realmente mal desempeño. Una fórmula disciplinaria no sustituye la prueba; una calificación moral no sustituye la subsunción; una mayoría no convierte en constitucional aquello que el procedimiento no ha demostrado.

Si el fundamento de la destitución de López es que determinadas expresiones demuestran que perdió la imparcialidad necesaria para juzgar, la resolución debe establecer el puente entre expresión y función jurisdiccional: autoría, contexto, reiteración, destinatarios, carácter propio o republicado, relación con causas concretas, eventual utilización de la investidura y perjuicio jurisdiccional. Sobre todo, debe explicar por qué esos elementos hacen objetivamente incompatible al magistrado con el ejercicio futuro del cargo.

La libertad de expresión tampoco es absoluta. El artículo 13 de la Convención Americana protege la libertad de pensamiento y expresión, pero contempla límites determinados y la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia o a otra acción ilegal similar. La diferencia entre opinión protegida, expresión discriminatoria, incitación punible y conducta disciplinariamente incompatible con la magistratura no puede borrarse: son categorías distintas y exigen fundamentos distintos.

El Código Penal ilumina el problema desde otra perspectiva. El artículo 248 reprime al funcionario que dicta resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes; el artículo 249 contempla la omisión, negativa o retardo ilegal de un acto propio del oficio; y el artículo 269 tipifica el prevaricato cuando un juez dicta resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo, o las funda en hechos o resoluciones falsas.

Debe hacerse aquí una precisión capital: una resolución disciplinaria que un comentarista considere injusta no es, por ese solo hecho, prevaricato. Para que exista responsabilidad penal deben concurrir los elementos objetivos y subjetivos del tipo. La discrepancia jurídica jamás basta. El artículo 269 no es un instrumento retórico para descalificar jueces; es una figura penal de interpretación estricta.

Algo semejante ocurre con el Código Civil y Comercial. Sus artículos 9 y 10 consagran la buena fe y la prohibición del abuso del derecho; el segundo establece que la ley no ampara el ejercicio abusivo cuando se contrarían los fines del ordenamiento o se exceden los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Estas normas no son la fuente inmediata de la responsabilidad política de un juez federal, pero expresan un principio general: ningún poder jurídico puede ejercerse válidamente contra su finalidad.

El artículo 115 introduce una garantía adicional. La Constitución declara irrecurrible el fallo del Jurado; pero la Corte Suprema, desde «Brusa», Fallos 326:4816, y luego en «Murature», precisó que esa irrecurribilidad no sustrae el procedimiento a toda garantía constitucional. La Corte no puede sustituir el criterio sustancial del Jurado sobre la conducta del magistrado, pero puede examinar, por la vía extraordinaria y en sus límites propios, violaciones nítidas y graves del debido proceso y de la defensa en juicio.

La comparación con los magistrados que aparecen en la imagen aportada resulta útil si se hace con rigor y sin convertir denuncias en condenas.

Norberto Oyarbide fue sometido a juicio político y absuelto por el Senado en septiembre de 2001. Las acusaciones comprendían mal desempeño, amenazas, cohecho y enriquecimiento ilícito; no se alcanzaron los dos tercios requeridos y conservó el cargo.

Ariel Lijo acumuló, según el relevamiento de ACIJ citado por Chequeado, 34 denuncias disciplinarias ante el Consejo de la Magistratura hasta 2024; varias fueron desestimadas, rechazadas in limine o archivadas y cinco permanecían abiertas al momento del relevamiento. También fue objeto de denuncias penales por asociación ilícita, lavado de activos y soborno. Nada de ello autoriza a afirmar que haya cometido esos delitos; sí permite señalar el volumen excepcional de cuestionamientos que no culminaron en su destitución.

Rodolfo Canicoba Corral enfrentó denuncias por presunto enriquecimiento patrimonial, sobresueldos, viajes en aviones privados y supuesto pedido de dinero a un imputado. En 2020 se avanzó en la desestimación de cuatro denuncias y ese mismo año dejó el cargo al cumplir la edad constitucional de retiro.

Luis Rodríguez fue denunciado por el presunto cobro de una coima millonaria vinculada con la investigación patrimonial de Daniel Muñoz. En 2020 el Consejo de la Magistratura desestimó las denuncias al concluir que no había encontrado pruebas que corroboraran el presunto soborno ni enriquecimiento patrimonial. Rodríguez no fue destituido y posteriormente dejó la magistratura para acogerse a la jubilación.

Raúl Zaffaroni fue denunciado en 2011 por departamentos de su propiedad en los que funcionaban prostíbulos. Sostuvo que desconocía la actividad y que la administración estaba delegada. La causa vinculada con su administrador terminó en 2013 mediante el pago de una multa, sin que ello equivaliera a una condena penal contra Zaffaroni; los pedidos de juicio político no culminaron en su remoción.

Estos antecedentes no prueban que exista una «justicia corrupta» y tampoco prueban que López sea inocente. El Derecho no funciona por compensación de agravios. Pero sí permiten formular una cuestión legítima: ¿son consistentes, generales y previsibles los estándares con los que se exige responsabilidad a los magistrados? La igualdad ante la ley exige comparar categorías jurídicas relevantes, no titulares periodísticos.

La consecuencia para los católicos y para todo ciudadano que pretenda defender públicamente una concepción religiosa o moral de la vida debe formularse con sobriedad. El artículo 2 de la Constitución dispone que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano; los artículos 14 y 20 reconocen la libertad de profesar libremente el culto, y el artículo 75, inciso 22, incorpora tratados que protegen la libertad de conciencia, religión, pensamiento y expresión. Ninguna garantía otorga inmunidad para amenazar o incitar al odio; del mismo modo, ninguna invocación a la tolerancia permite convertir una cosmovisión religiosa en objeto de sospecha por el solo hecho de ser religiosa.

La destitución de un juez no afecta solamente al destituido: produce precedente. Enseña a los demás magistrados qué clase de conducta puede comprometer su permanencia. Si el precedente está correctamente fundado, fortalece la magistratura porque delimita responsabilidades. Si está deficientemente fundado, induce autocensura, dependencia y temor a contrariar determinadas sensibilidades políticas, culturales o institucionales.

Por eso, la resolución contra López debe poder responder cinco preguntas: cuál es exactamente la norma que define la conducta reprochada; qué hechos quedaron probados y con qué prueba; cuál es el nexo entre esos hechos y el ejercicio de la magistratura; por qué la conducta resulta incompatible con la permanencia en el cargo; y por qué la destitución, máxima sanción disponible, resulta necesaria y proporcional.

Si alguna de esas preguntas queda sin respuesta sustancial, la cuestión deja de ser política y se vuelve constitucional.

Y si la defensa acredita una violación nítida y grave del debido proceso, el camino republicano no es la violencia ni el insulto contra los juzgadores, sino el expediente, la prueba, la doctrina, la jurisprudencia y la Constitución. El Derecho no se defiende destruyéndolo.

Queda, finalmente, una dimensión moral. El Preámbulo de la Constitución argentina invoca a Dios como «fuente de toda razón y justicia». Esa fórmula no convierte al Jurado en tribunal teológico; recuerda, sin embargo, una verdad clásica: la justicia no es la voluntad desnuda de quien tiene poder para decidir. Juzgar es ejercer una potestad ordenada al Derecho y, en la concepción clásica, practicar la virtud de dar a cada uno lo suyo.

La sentencia moral que este caso permite formular no es una condena religiosa contra personas concretas ni una absolución sentimental del juez López. Es más severa: todo poder que juzga injustamente se degrada a sí mismo. El juez que condena sin prueba, el acusador que exagera, el defensor que oculta, el periodista que transforma denuncia en condena y el ciudadano que confunde indignación con justicia participan, cada cual a su medida, de la misma enfermedad institucional: sustituir la verdad por la conveniencia.

La República no necesita jueces santos; necesita jueces sometidos a la ley. No necesita magistrados sin opiniones; necesita magistrados capaces de distinguir entre conciencia privada, libertad pública y deberes reforzados de su función. No necesita órganos disciplinarios complacientes; necesita órganos disciplinarios imparciales. Y no necesita una justicia que castigue según el clima político; necesita una justicia capaz de explicar, ante la Constitución y ante la historia, por qué castigó.

Ésa es la cuestión que el caso Alfredo López deja abierta: no si una opinión fue agradable o repugnante, sino si el Estado respetó la diferencia entre opinión y función, entre reproche y prueba, entre disciplina y persecución, entre mayoría y razón, entre autoridad y arbitrariedad.

Porque cuando el Derecho pierde la medida, la balanza sigue existiendo, pero deja de pesar.

Y una República en la que la balanza ya no pesa la ley sino la conveniencia de quienes la sostienen puede conservar tribunales, expedientes, togas y sellos; lo que comienza a perder, silenciosamente, es la Justicia.

Fuentes normativas, jurisprudenciales y documentales verificadas

Nota técnica importante: en el texto deliberadamente no se afirma que los integrantes del Jurado hayan cometido prevaricato, abuso de autoridad o delito alguno. Eso sería una imputación penal y exigiría prueba de los elementos típicos. La tesis del artículo es más sólida: si la sentencia careciera de adecuada fundamentación, prueba suficiente, nexo funcional, proporcionalidad o respeto al debido proceso, podría existir un problema constitucional susceptible de revisión en los términos que la propia Corte Suprema ha reconocido para los procedimientos de remoción de magistrados.