El Gobierno lanzó en París el programa que otorga la ciudadanía argentina a extranjeros a cambio de inversiones desde US$ 350.000.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciaron en París el lanzamiento del Programa de Ciudadanía por Inversión durante la Argentina Week. Esta iniciativa permitirá a extranjeros que realicen inversiones significativas en el país solicitar la ciudadanía argentina. Según informaron las autoridades, el sistema estará operativo para recibir las primeras solicitudes a partir del cuarto trimestre de 2026.
Las dos vías de inversión
El esquema diseñado por el Gobierno contempla dos mecanismos principales de capitalización para el titular principal. El primero es mediante un desembolso directo de US$ 350.000 al Tesoro Nacional mientras que el segundo es mediante la suscripción o adquisición de un título público específico para este fin por un valor de US$ 800.000.
El beneficio podrá extenderse al cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo familiar e ingresen el aporte fijado para su categoría:
- Cónyuges e hijos mayores de edad (18 a 25 años): deberán ser solteros, no tener hijos y realizar un aporte al Tesoro de u$s 100.000 por persona.
- Menores de 18 años: requerirán un aporte de u$s 25.000 por cada uno.
Como ejemplo oficial, un grupo familiar compuesto por el inversor principal, su cónyuge y dos hijos menores podrá acceder al trámite por un costo total de US$ 500.000 en la modalidad de aporte directo.
Evaluaciones y organismos de control
El pago del dinero o la adquisición de títulos no garantizará la aprobación automática de la ciudadanía. Las solicitudes estarán sometidas a un riguroso análisis para resguardar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio de la ciudadanía argentina.
La gestión y el filtro inicial estarán encabezados por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con la participación de organismos especializados como la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF), el ministerio de Seguridad y el ministerio del Interior.
Durante el proceso se auditara la identidad del postulante, la trazabilidad y licitud de los fondos, la situación patrimonial y financiera, el riesgo jurisdiccional, los antecedentes penales y reputacionales, y el historial migratorio. Tras finalizar la evaluación, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, entidad responsable de dictaminar la aprobación o el rechazo definitivo de cada expediente.
El programa cuenta con el asesoramiento de firmas internacionales dedicadas a la migración por inversión y adaptará sus procedimientos a los estándares globales de debida diligencia (due diligence), gestión de riesgos y transparencia financiera definidos por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y la OCDE. Además, la totalidad de las operaciones monetarias deberán encauzarse de forma obligatoria a través del sistema financiero formal.
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