La Ciudad de Buenos Aires recuperó 1.000 propiedades usurpadas y se las devolvió a sus dueños. Un hito de gestión que defiende la propiedad privada.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recuperó un total de 1.000 propiedades que se encontraban usurpadas y las restituyeron a sus legítimos dueños. El anuncio oficial fue realizado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante un encuentro en la sede de Parque Patricios, donde los protagonistas compartieron años de sufrimientos, largos procesos judiciales y demoras que, en algunos casos, se extendieron por hasta cuatro décadas.
Entre los testimonios compartidos, se destacó el de Daniel Azzaroni, quien logró recuperar la casa de su infancia ubicada en la calle Entre Ríos tras casi diez años de litigio y recordó a su padre. Asimismo, Luciana Palacio relató cómo recuperó el hotel pensión que pertenecía a su abuelo en la calle Chile, el cual había permanecido tomado durante seis años mientras los usurpadores le exigían cifras millonarias para devolvérselo.
Durante el encuentro, del que participaron también el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el diputado Cristian Ritondo, impulsor de la Ley de Inviolabilidad Privada en el Congreso Nacional, además de ministros y legisladores, Jorge Macri reflexionó sobre el impacto de esta problemática: “Perdón por todo el tiempo en el que la política les falló. Perdón por los años en los que tuvieron que ver cómo otros disponían de lo suyo”. Y añadió que esta política busca reparar una injusticia naturalizada durante años, remarcando que la propiedad privada representa una cuestión de libertad y de moral.
El operativo que marcó la cifra redonda de los mil inmuebles recuperados se llevó a cabo en Mataderos, en una galería y predio anexo situados en Cafayate 1642, los cuales llevaban 15 años tomados. La intervención de la Policía porteña se produjo luego de reiteradas denuncias vecinales por delitos como venta de drogas, robos y hurtos que afectaban incluso a los alumnos de una escuela cercana. Al respecto, el mandatario porteño advirtió que a quienes creen que pueden usurpar sin consecuencias se les terminó la impunidad, enfatizando que detrás de estas acciones operan delincuentes y mafias vinculadas a delitos graves, y descartando que los usurpadores sean víctimas del sistema.
El abanico de inmuebles recuperados a lo largo de este período incluye una gran diversidad de tipologías: desde viviendas particulares y edificios enteros hasta talleres textiles clandestinos en Flores y Parque Chas, donde se constató la explotación de menores, predios estatales usurpados por organizaciones sociales en San Telmo, bajos de autopistas en Villa Luro, y hoteles en Constitución que funcionaban como búnkers de drogas y centros de prostitución. Territorialmente, los desalojos se concentraron mayoritariamente en los barrios de Balvanera (especialmente en la zona de Once), La Boca, Almagro, Constitución y Flores.
Un esquema de trabajo coordinado
La estrategia implementada por el Gobierno porteño se apoya en un esquema articulado entre la Policía de la Ciudad, el Poder Judicial y distintas áreas gubernamentales. Los procedimientos se activan a partir de denuncias de vecinos, solicitudes de los propios propietarios o bien a través de los casos recibidos de forma directa por las autoridades durante las reuniones barriales.
En los operativos intervienen de manera conjunta la Guardia de Auxilio, Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control, la Red de Atención, encargada de relevar la situación de los ocupantes y evaluar alternativas de asistencia, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuando hay menores involucrados, y el área de Ordenamiento Urbano y Espacio Público.
Entre los casos más resonantes de intervenciones previas figuran la recuperación de inmuebles de alto impacto patrimonial o barrial, tales como la histórica Casa Blaquier, la denominada “Galería del Terror” en Nueva Pompeya y el emblemático edificio de la avenida Olazábal en Belgrano, donde se concretó el desalojo número quinientos. Desde la administración porteña destacaron que, con el conjunto de estas restituciones, se logró devolver a sus dueños legítimos un patrimonio equivalente a más de 500 millones de dólares.
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