Alerta en 15 municipios de Buenos Aires por altos niveles de arsénico en el agua. El Consejo de Química exige informes y no hay respuestas oficiales.
La presencia de concentraciones elevadas de arsénico en las fuentes de agua de al menos 15 municipios bonaerenses encendió la alarma. Al menos 15 municipios bonaerenses registran niveles elevados de arsénico en sus fuentes de abastecimiento, una situación evidenciada por el mapa interactivo del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Frente a este escenario, el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ-BA) solicitó informes detallados a las comunas afectadas, pero hasta el momento no obtuvo ninguna contestación.
Los registros difundidos muestran concentraciones que superan ampliamente los parámetros de seguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino, cuyos límites generales se ubican en 0,01 mg/L (equivalente a 10 microgramos por litro o µg/L). Si bien la normativa contempla tolerancias excepcionales de hasta 50 µg/L para zonas con suelos de alto contenido mineral natural, las mediciones en varias localidades rebasan con exceso dichos topes de resguardo.
Entre los municipios que figuran en estado de alerta o con muestras críticas se destacan:
- Guaminí: 295 µg/L
- 9 de Julio: registros entre 72 y 165 µg/L
- San Vicente: 163 µg/L
- Partido de la Costa: 147 µg/L
- San Miguel del Monte: 146 µg/L
- Alejandro Petión: 117 µg/L
- Mercedes: 105 µg/L
- Ezeiza: 96 µg/L
- Chivilcoy: hasta 94 µg/L
- General Rodríguez: 67 µg/L
- Almirante Brown: 56 µg/L
Asimismo, la nómina de municipios notificados incluye a Azul, Cañuelas, Escobar, Roque Pérez y Villarino. Desde el organismo profesional aclararon que estos valores conciernen a puntos de muestreo específicos y no deben trasladarse de forma directa a la totalidad del sistema de red o del territorio municipal, aunque constituyen una advertencia ineludible para el monitoreo permanente.
Silencio institucional y el pedido formal de informes
Carlos Colangelo, licenciado en química y presidente del CPQ-BA, remarcó que la solicitud de informes busca articular acciones con las administraciones locales para diagnosticar la situación de manera urgente. El pedido abarca la periodicidad de las inspecciones de laboratorio, el estado de los pozos de captación, los tratamientos químicos o de filtrado aplicados y los programas de vigilancia orientados a la población.
«A más de seis meses de los resultados obtenidos a través del mapa del arsénico del ITBA, nos pareció un tiempo prudencial para conocer qué actitud se tomó desde los municipios más críticos frente a esta problemática. Por eso, pedimos de manera formal el detalle sobre las acciones preventivas… Todavía no hubo respuesta.»
— Carlos Colangelo, Presidente del CPQ-BA.
Un problema de salud pública con antecedentes judiciales
El consumo prolongado de agua contaminada con este metaloide provoca una patología endémica denominada Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACER). De acuerdo con informes del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), la enfermedad alcanza a unos 4 millones de personas en todo el país.
El médico Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, advirtió sobre la gravedad de las consecuencias corporales: el trastorno se manifiesta inicialmente con lesiones cutáneas que pueden derivar en carcinomas, incluso en zonas del cuerpo no expuestas al sol, además de generar afecciones digestivas, alteraciones neuropáticas y un riesgo elevado de padecer diferentes tipos de cáncer.
La inacción frente a este cuadro cuenta con precedentes legales significativos. En el municipio de Bragado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme un fallo que obliga a la empresa concesionaria Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) a realizar la infraestructura requerida para garantizar la potabilidad del suministro. Desde el Consejo de Química subrayaron que dicho fallo ratifica que el acceso a agua potable no es solo una variable ambiental, sino una obligación sanitaria insoslayable por parte prestadores y organismos estatales.
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