La sanción de FIFA a la Argentina reabre el debate sobre la autoridad, la transparencia y la aplicación del fair play en el fútbol mundial.
La FIFA acaba de sancionar a la Asociación del Fútbol Argentino después de la final de la Copa Mundial de 2026. Leandro Paredes recibió diez partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares; Nahuel Molina, siete encuentros y la misma suma; Roberto Ayala, tres partidos y 30.000 dólares; Thiago Almada, un partido y 30.000 dólares. Gavi, de España, fue suspendido por un encuentro. La AFA recibió una multa de 321.000 dólares y deberá reducir al cincuenta por ciento el aforo de sus dos próximos partidos como local. La Asociación anunció su intención de apelar.
La existencia de hechos sancionables no ofrece demasiada materia para la discusión. Una pelea posterior a una final puede y debe quedar sometida al régimen disciplinario. Paredes, Molina y los demás involucrados tendrán que responder por aquello que haya sido probado. La cuestión verdaderamente grave aparece en otro lugar: ¿con qué autoridad moral ejerce FIFA semejante potestad?
La pregunta resulta pertinente porque FIFA no se presenta ante el mundo como una simple organizadora de torneos. Sus Estatutos y su normativa disciplinaria la sitúan como custodio de la integridad de las competiciones, de la ética deportiva y del fair play. Esa pretensión genera una consecuencia elemental: la conducta del juez también queda sometida al examen público.
La actualidad de FIFA ofrece abundante materia para ese examen.
Durante 2026, Gianni Infantino promovió FIFA Forward Enterprise, una estructura comercial proyectada con una valoración cercana a los 20.000 millones de dólares y una eventual inversión privada de unos 4.000 millones. Entre los nombres vinculados a las conversaciones apareció Joshua Kushner, fundador de Thrive Capital y hermano de Jared Kushner. El proyecto provocó una fuerte oposición dentro del fútbol europeo y terminó siendo abandonado.
El episodio posee una importancia que excede la discusión financiera. FIFA concentra derechos televisivos, patrocinios, entradas, hospitality, datos, competiciones y una formidable capacidad de generación de recursos. Su Mundial se ha transformado en una operación económica de dimensiones extraordinarias. Infantino llegó a recibir en la Torre Trump a dirigentes y autoridades estadounidenses para celebrar el éxito comercial de la competición.
El precio de las entradas mostró hasta dónde ha llegado esa transformación. Por primera vez FIFA aplicó de manera amplia un sistema de precios dinámicos. Se ofrecieron localidades por miles de dólares y las autoridades de Nueva York y Nueva Jersey abrieron una investigación sobre las prácticas de comercialización, incluidas denuncias relativas a categorías de localidades y variaciones de precios.
Hubo además diferencias notables entre el valor inicialmente anunciado y el precio observado cerca de determinados encuentros. Una reducción de último momento no constituye, por sí misma, prueba de evasión tributaria ni de circulación de dinero clandestino. Tampoco existe fundamento suficiente para afirmar que FIFA haya ocultado ingresos al fisco estadounidense. Sostenerlo sin documentación bancaria o fiscal sería confundir sospecha con prueba.
Sí existe, en cambio, un problema de transparencia económica. La reventa, el precio variable, los paquetes de hospitality y la enorme distancia entre el valor nominal de una entrada y determinadas cotizaciones del mercado secundario convierten al espectador en una pieza de un negocio financiero cada vez más sofisticado. Reuters calculó que el precio de algunas entradas de la final llegó a decenas de miles de dólares y que las plataformas de reventa alcanzaron valores extraordinarios.
El mercado de apuestas añade otra zona de interés. FIFA reconoce expresamente que las apuestas constituyen un riesgo para la integridad del fútbol. Paralelamente, Stats Perform fue designado distribuidor mundial oficial de datos y streaming para apuestas durante el Mundial. La relación comercial es legítima en sí misma; el interrogante surge de la coexistencia entre explotación económica de esos datos y responsabilidad institucional sobre la integridad de la competición.
La respuesta no puede consistir en una acusación gratuita de corrupción. Debe ser una exigencia de controles independientes. Una organización que maneja simultáneamente la competición, sus datos, buena parte de sus derechos comerciales y su régimen disciplinario necesita una arquitectura de fiscalización capaz de disipar cualquier conflicto real o aparente.
El componente político resulta todavía más delicado.
En diciembre de 2025, Gianni Infantino entregó a Donald Trump el primer FIFA Peace Prize. FIFA justificó el reconocimiento por las actuaciones del presidente estadounidense en favor de la paz y la unidad.
El hecho posee una dimensión simbólica evidente. FIFA ha utilizado repetidamente el principio de neutralidad para intervenir contra manifestaciones políticas de jugadores, asociaciones y aficionados. Sin embargo, su propio presidente concedió el primer premio de paz de la institución a un jefe de Estado en ejercicio, durante la ceremonia oficial del sorteo mundialista celebrada en Washington.
La contradicción no exige atribuirle a Infantino una determinada intención política. Basta observar los hechos.
La política puede ser considerada inconveniente dentro del campo. Resulta mucho más difícil sostener que debe desaparecer del fútbol mientras la propia dirección de FIFA establece relaciones públicas de alto nivel con gobiernos, presidentes y grandes estructuras económicas.
El caso argentino ofrece un ejemplo concreto.
Después de la victoria sobre Inglaterra, jugadores argentinos mostraron una bandera con la inscripción «Las Malvinas son Argentinas». FIFA abrió un expediente contra la AFA y terminó incorporando aquel episodio al conjunto de infracciones sancionadas.
La cuestión merece ser examinada con serenidad. Las Malvinas constituyen una controversia de soberanía reconocida internacionalmente. La reivindicación argentina forma parte de la política exterior de la República. FIFA puede establecer restricciones respecto de manifestaciones políticas dentro de sus estadios, pero la aplicación de ese criterio debe ser universal, precisa y proporcional.
Más aún: aquel encuentro se disputó bajo una atmósfera particularmente hostil. La rivalidad angloargentina, los antecedentes de 1982 y los abucheos a los himnos formaron parte del contexto. Nada de ello justifica una agresión ni convierte la grosería en virtud. Pero el derecho disciplinario no puede prescindir de las circunstancias.
La cuestión iraní.
Durante el Mundial, Irán quedó atrapado en las tensiones entre Washington y Teherán. Donald Trump formuló declaraciones contradictorias respecto de la presencia iraní en el campeonato. En Seattle, además, se produjo la controversia alrededor del denominado «Pride Match» entre Irán y Egipto. FIFA sostuvo que no existía oficialmente un partido con esa denominación, aunque permitió las banderas arcoíris dentro del estadio y las celebraciones vinculadas al orgullo LGBTQ+.
No hace falta adoptar una posición cultural determinada sobre aquella celebración para advertir el punto jurídico: si una expresión vinculada con una controversia territorial argentina es susceptible de sanción por su contenido político, mientras otras manifestaciones de naturaleza política, cultural o ideológica reciben un tratamiento diferente, la FIFA debe justificar esa diferencia. De lo contrario, la neutralidad deja de ser un principio y se transforma en una herramienta discrecional.
También merece atención el vínculo entre FIFA y la administración estadounidense. Trump creó un grupo de trabajo federal para supervisar los preparativos del Mundial y del Mundial de Clubes, mientras Infantino destacó públicamente la cooperación entre ambas partes y las enormes repercusiones económicas de los torneos.
La relación institucional entre un país anfitrión y el organizador del campeonato resulta perfectamente normal. Lo que exige vigilancia es la concentración de poder: la autoridad política del país sede, la maquinaria económica del torneo y la conducción de FIFA aparecen estrechamente conectadas en una competición que pretende presentarse como universal y neutral.
La pregunta que verdaderamente interesa a la Argentina.
No se trata de afirmar que la final contra España haya sido amañada. No existe, hasta el momento, prueba pública suficiente para sostener semejante acusación. Las versiones difundidas en redes acerca de la arenga de Lionel Messi, determinadas decisiones arbitrales o supuestos arreglos tampoco constituyen por sí mismas evidencia judicial. Una denuncia de esa naturaleza requeriría documentos, comunicaciones, movimientos financieros, patrones anómalos de apuestas, testimonios o elementos objetivos susceptibles de verificación.
La ausencia de esas pruebas no convierte a FIFA en una institución incuestionable. Son asuntos diferentes. Una cosa es investigar un eventual arreglo de un partido. Otra, mucho más amplia, es revisar la estructura de poder que administra el fútbol internacional. La sanción contra la Argentina debe examinarse desde esta segunda perspectiva.
Paredes puede haber infringido el reglamento. Molina puede haberlo infringido. Ayala puede tener responsabilidad disciplinaria. La existencia de una infracción no queda anulada porque FIFA tenga problemas de gobernanza. Pero tampoco la existencia de una infracción concede a FIFA una licencia para sancionar sin límites.
Diez partidos de suspensión constituyen una pena de enorme gravedad. La respuesta jurídica debe guardar correspondencia con la conducta acreditada, la participación individual, las circunstancias del episodio y las disposiciones aplicables. Una sanción ejemplarizante no equivale necesariamente a una sanción justa.
La AFA tiene, por tanto, una obligación institucional: recurrir la decisión con fundamentos técnicos, separar cada expediente, cuestionar aquello que resulte desproporcionado y acudir, si corresponde, a las instancias arbitrales internacionales.
La defensa debe ser jurídica. No sentimental.
Tampoco conviene transformar a la FIFA en una caricatura de corrupción universal. Las investigaciones abiertas sobre entradas, las controversias financieras, el conflicto con el fútbol europeo, la comercialización de datos de apuestas y los vínculos políticos de su presidente constituyen hechos que justifican escrutinio; ninguno autoriza, por sí solo, una sentencia penal. Por eso la cuestión esencial puede formularse en términos mucho más simples: ¿quién controla a la FIFA?
La organización dispone de tribunales internos, comités, códigos y mecanismos de integridad. Pero una institución con ingresos multimillonarios, capacidad regulatoria sobre asociaciones nacionales, influencia sobre gobiernos y control de una de las mayores industrias deportivas del planeta requiere una fiscalización que no dependa exclusivamente de ella misma.
El fair play no es una decoración verbal. Es una concepción de la justicia deportiva. Y la justicia deportiva exige proporcionalidad, igualdad, independencia, derecho de defensa y coherencia. Si esos principios valen para un jugador argentino, deben conservar idéntico valor ante la estructura dirigente que dicta las normas.
Argentina tampoco está por encima del reglamento. La camiseta celeste y blanca no constituye una patente de corso. Una pelea es una pelea; una infracción es una infracción; una conducta discriminatoria merece sanción. El patriotismo auténtico no necesita encubrir la conducta indigna de nadie. Pero la autoridad internacional tampoco está por encima de la crítica.
La Selección argentina debe defenderse con documentos, reglamentos, antecedentes jurisprudenciales y pruebas. La AFA debe exigir que las decisiones disciplinarias estén correctamente motivadas. Los episodios de Malvinas deben ser examinados dentro del contexto específico en que ocurrieron. Las sanciones individuales deben guardar relación con las conductas efectivamente demostradas. Las denuncias sobre eventuales irregularidades en la final sólo deben avanzar si aparecen elementos verificables. Ese camino es más lento que la indignación, pero infinitamente más sólido.
La cuestión ya no consiste únicamente en Paredes, Molina, Ayala o una bandera. El verdadero asunto es la autoridad.
FIFA ha adquirido una dimensión económica, política y jurídica que excede ampliamente la naturaleza originaria de una federación deportiva. El fútbol genera cantidades colosales de dinero; las entradas se han convertido en activos de enorme valor; las apuestas constituyen una industria global; los derechos audiovisuales alcanzan cifras astronómicas; los gobiernos compiten por albergar torneos; los grandes inversores buscan participar de sus negocios.
Frente a semejante concentración, la exigencia de transparencia no es una hostilidad contra FIFA. Es una condición de su supervivencia institucional. Argentina debe aceptar la justicia deportiva. La FIFA debe aceptar el examen público. El jugador responde ante el reglamento. El reglamento responde ante el derecho. Y la autoridad que administra el reglamento responde ante la sociedad. Ahí reside la verdadera medida del fair play.
La Selección no pide privilegios. La Argentina no reclama inmunidad. Lo que corresponde exigir es algo mucho más antiguo que cualquier código deportivo: una misma medida para todos. Porque la justicia pierde su nombre en el instante en que la vara cambia según quién se encuentre debajo de ella. Y una institución que pretende custodiar el fútbol mundial debería ser la primera en comprenderlo.
Deja una respuesta