Pausaron por 60 días la baja de la imputabilidad a los 14 años en Buenos Aires. Bullrich criticó a Kicillof por la falta de infraestructura.
A 48 horas de su entrada en vigencia, la suspensión de la ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires desató un intenso cruce entre Nación y Provincia. La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una medida cautelar que paraliza por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley N° 27.801) en territorio bonaerense.
La resolución judicial se dio en respuesta a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote José María «Pepe» Di Paola. El eje central del fallo puso el foco en la capacidad edilicia y la falta de recursos institucionales y profesionales del Estado provincial para contener el previsible incremento de jóvenes alojados en el sistema de encierro. Según proyecciones del Colegio de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, la baja de imputabilidad a los 14 años implicaría un aumento de entre el 40% y el 60% en las causas penales juveniles.
Entre los fundamentos, la magistrada advirtió sobre las deficiencias detectadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora y enfatizó la falta de garantías en el acceso a la educación y formación profesional. «Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales indispensabales. Hacinar menores, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia», fundamentó el tribunal, que citó a una audiencia multipropósito para el próximo 16 de septiembre a fin de evaluar los avances del Ejecutivo provincial.
Dura respuesta de Patricia Bullrich y el oficialismo a Kicillof
El fallo judicial generó una inmediata oleada de cuestionamientos por parte de funcionarios y dirigentes nacionales, quienes dirigieron sus duras críticas hacia la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
La senadora Patricia Bullrich se expresó con firmeza a través de sus redes sociales: «En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad». Asimismo, calificó a la Justicia provincial de «garantista» por dejar libres a los acusados «para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias».
En la misma línea, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuvo que «aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil», añadiendo que «en la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune». Sus declaraciones contaron con el respaldo directo del presidente Javier Milei.
Por su parte, el diputado nacional y exministro de Defensa, Luis Petri, tildó de «kirchnerista» a la jueza causante de la suspensión y reclamó que se haga cumplir la ley. A la ola de reproches se sumaron dirigentes como Sebastián Pareja, la jefa del bloque de LLA en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, y la exlegisladora Carolina Píparo, quienes acusaron al Gobierno bonaerense de priorizar los derechos de los delincuentes sobre los de las víctimas.
La respuesta bonaerense: reclamo de fondos e infraestructura
Desde la gobernación en La Plata, las respuestas no tardaron en llegar. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, le respondió de forma directa a Santilli solicitándole que se concentre en «devolverles a los bonaerenses los recursos que les han quitado».
Alonso cuestionó la viabilidad de la normativa aprobada a nivel nacional ante la ausencia de financiamiento: «¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?». En ese sentido, tildó la ley de «eslogan de campaña» y recordó que la decisión suspendida provino del Poder Judicial y no de una orden directa del Ejecutivo provincial.
En sintonía con la posición del gobernador Kicillof, funcionarios como Andrés «Cuervo» Larroque, titular del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), habían manifestado con anterioridad su rechazo al enfoque puramente punitivo, remarcando la necesidad de sostener programas de inclusión para evitar la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley.
Detalles del marco normativo y el «gris jurídico»
La Ley 27.801 establece un régimen penal aplicable a personas adolescentes desde los 14 hasta los 18 años. Entre sus principales puntos reglamentarios, fija un tope de 15 años de prisión y la prohibición de prisión perpetua en centros especializados sin contacto con adultos, incorpora penas alternativas (como tareas comunitarias y tobilleras electrónicas) y prevé la creación de la figura del «supervisor especializado».
Pese a la cautelar dictada en Lomas de Zamora, distintos magistrados y especialistas señalaron la existencia de un «gris jurídico» sobre la extensión del alcance del fallo. Mientras algunos juzgados evalúan cómo actuar, otros magistrados de la provincia, como en el caso del fuero de menores de Quilmes, han aplicado la nueva normativa para ordenar detenciones de menores de 15 años, lo que da cuenta de un escenario con interpretaciones encontradas que continuará resolviéndose en los tribunales en los próximos días.
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