El Gobierno detalló las claves de las reformas del BCRA y propiedad privada

El vocero Adrián Ravier detalló los planes de Javier Milei para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y blindar los derechos de propiedad.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, ofreció este martes una detallada exposición en su habitual rueda de prensa sobre dos de los pilares estructurales que el Gobierno busca consolidar en el corto plazo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta última iniciativa ingresará formalmente para su debate en el Senado este jueves.

Durante su intervención, Ravier argumentó la necesidad de desmantelar el andamiaje regulatorio heredado y de retornar a las bases de la Constitución Nacional de 1853. Para sostener la urgencia de las reformas, el vocero citó al prócer e intelectual Juan Bautista Alberdi, señalando que la propiedad privada debe entenderse como «una extensión de la libertad individual» y el motor indispensable para el desarrollo, el ahorro y la inversión.

La reforma del Banco Central: fin al financiamiento del déficit y retorno a los noventa

Ravier detalló que el presidente Javier Milei mantuvo el pasado lunes un encuentro clave con su bloque de legisladores. En lo que describió como una «Master class», el mandatario expuso los lineamientos de una reforma que busca blindar la estabilidad monetaria. Aunque aclaró que el texto definitivo aún se encuentra en etapa de diseño y pulido de detalles —por lo que todavía no se ha fijado la fecha de envío ni la cámara de origen—, el funcionario delineó con precisión los cinco ejes que estructurarán la nueva Carta Orgánica de la autoridad monetaria:

Mandato único de estabilidad: el BCRA recuperará como única y exclusiva función la preservación del valor de la moneda, un esquema idéntico al de la Carta Orgánica de 1992. El vocero criticó con dureza la modificación introducida en 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont en el artículo 3, señalando que al desviar al banco de su misión central, la Argentina «comenzó a ser más desigual, más pobre y perdió el crecimiento».
Prohibición de asistencia al Tesoro: se eliminará de manera tajante el financiamiento al Tesoro Nacional, impidiendo los adelantos transitorios (préstamos a tasa cero). Asimismo, se prohibirá la emisión de «Letras Intransferibles del Tesoro», un instrumento que Ravier denunció como el mecanismo utilizado por administraciones anteriores para «tomar las reservas del BCRA» dejando a cambio un papel sin liquidez de mercado para los gobiernos sucesores.
Gobernanza e independencia real: el proyecto contempla robustecer la institucionalidad del directorio, elevando de forma sustancial los requisitos necesarios para la remoción de sus autoridades. «Sería deseable que un presidente del BCRA que cumpla con la misión de estabilizar la moneda se mantenga en su cargo más allá de los cambios de gobierno político de turno», reflexionó.
Restricción estricta de utilidades: se prohibirá o limitará severamente el reparto de utilidades del BCRA hacia el Tesoro, permitiéndose únicamente en escenarios excepcionales y restrictivos, tales como procesos de deflación.
Régimen de sanciones penales: se endurecerá el esquema de responsabilidades y penalidades para los funcionarios que, de forma directa o indirecta, resuelvan emitir dinero con el propósito de financiar el déficit fiscal del Tesoro.

Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: los puntos clave que debatirá el Senado

Por otra parte, el oficialismo apunta sus cañones legislativos al próximo jueves, día en que la Cámara Alta debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. «La propiedad privada es un derecho, no un privilegio, y merece la protección plena de la ley», aseveró Ravier. Según el vocero, la iniciativa apunta a remover un conjunto de leyes vigentes que «contradicen flagrantemente» el espíritu constitucional.

El proyecto está estructurado en cinco capítulos específicos:

Capítulo I: Reforma de la Ley de Expropiaciones (Ley 21.499). Ravier alertó que el país ostenta un triste récord global, ubicándose como la segunda nación con más demandas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), acumulando un total de 65 casos derivados en gran medida de expropiaciones dudosas que derivan en juicios millonarios para el Estado. La nueva redacción limitará la discrecionalidad estatal exigiendo la identificación concreta de la «utilidad pública» y la demostración técnica de que la expropiación es idónea, proporcional y necesaria. Además, se garantizará una indemnización plena y actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Capítulo II: Desalojos exprés ante usurpaciones. Con el objetivo de reactivar el mercado inmobiliario de alquileres, el proyecto busca agilizar drásticamente las sentencias por ocupación ilegal, las cuales actualmente demoran un promedio de tres años. La norma facilitará la identificación expedita de los inmuebles y simplificará la burocracia judicial para la obtención de medidas cautelares protectoras en favor de los propietarios damnificados.
Capítulo III: Modificación de la Ley de Tierras Rurales. Se propicia la derogación de las trabas generales a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros impuestas por la legislación sancionada en 2011. «La Argentina se hizo grande gracias a quienes llegaron de otros países a invertir y producir», defendió Ravier. Sin embargo, aclaró que se mantendrán y endurecerán los controles específicos sobre compras efectuadas por Estados extranjeros, corporaciones de carácter soberano o sociedades controladas por estos, requiriéndose autorizaciones especiales bajo pena de nulidad por ilicitud.
Capítulo IV: Modificación de la Ley del Manejo del Fuego. El Gobierno impulsará la reforma de la norma promovida en su momento por el diputado Máximo Kirchner, la cual —según el vocero oficial— «castiga doblemente» al productor agropecuario damnificado por un siniestro al vedar el uso comercial o el cambio de destino de sus tierras incendiadas. Ravier subrayó enfáticamente que esta enmienda no altera en lo absoluto la Ley de Bosques Nativos, cuyo estándar de protección ambiental permanecerá intacto.
Capítulo V: Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. Finalmente, se promoverá la digitalización integral de los trámites, el establecimiento de plazos máximos obligatorios de resolución y la creación de una Ventanilla Única Federal para democratizar y unificar el acceso a la información de los registros de todo el territorio nacional, garantizando mayor agilidad y transparencia en las transacciones comerciales.