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Cristina Kirchner recurre a la ONU para revisar su condena

Cristina Kirchner ONU

Cristina Kirchner acudió a la ONU para suspender la inhabilitación perpetua tras la condena en la causa Vialidad y pedir la revisión de su sentencia.


Tras agotar la totalidad de las instancias judiciales en el país, la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner inició una ofensiva internacional al presentar una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El objetivo central de la presentación es revertir las supuestas irregularidades procesales de la causa Vialidad y lograr una medida cautelar urgente que suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sanción que le impide competir en elecciones.

El anuncio formal se realizó este miércoles al mediodía durante una conferencia de prensa en el NH Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. En el encuentro participaron el abogado defensor Carlos Beraldi junto a los juristas internacionales Rafael Valim (Brasil) y Javier Borrego (España), exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La estrategia ante el organismo internacional, con sede en Ginebra, se activó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara el pasado 10 de junio de 2025 la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua fijada por el Tribunal Oral Federal 2. Al agotarse la vía interna, la exmandataria —quien actualmente cumple arresto domiciliario— resolvió priorizar el canal de la ONU para someter el caso al escrutinio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los tres frentes del pedido cautelar

El equipo legal enfoca la urgencia del reclamo en tres medidas cautelares clave:

  • Suspensión de la inhabilitación política: buscan frenar la sanción proscriptiva hasta que el organismo analice la cuestión de fondo. El abogado Borrego estimó que esta cautelar podría resolverse en octubre.
  • Flexibilización de la prisión domiciliaria: solicitan retirar la tobillera electrónica, eliminar el régimen restrictivo de visitas y permitir el acceso al aire libre, además de cesar tratos que calificaron de discriminatorios.
  • Integración de la Corte Suprema: cuestionaron el funcionamiento del máximo tribunal argentino, señalando que la presencia de solo tres jueces vacía de garantías el recurso judicial efectivo.

El jurista brasilero Rafael Valim invocó como antecedente el caso del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva durante la investigación Lava Jato, donde el mismo organismo internacional reconoció violaciones a las garantías del debido proceso.

Argumentos de la defensa y respuesta local

La presentación ante la ONU argumenta que en el juzgamiento de la causa Vialidad existieron «mecanismos irregulares de asignación de causas (forum shopping)», falta de imparcialidad en los magistrados, restricciones a la defensa técnica y violaciones al principio de presunción de inocencia. Asimismo, objetaron la pericia técnica sobre solo cinco de las 51 obras investigadas y recordaron que gran parte de esos contratos ya habían sido sobreseídos en la justicia provincial.

A la par del anuncio técnico, la expresidenta desplegó un frente mediático al publicar simultáneamente una columna de opinión en los diarios El País de España y Libération de Francia. Bajo el premisa de que «cuando la Justicia interfiere en la disputa política, la democracia se vacía de contenido», denunció ser víctima de un esquema de proscripción y hostilidad atravesado por el machismo estructural en el sistema judicial.

En el plano judicial local, el abogado Carlos Beraldi explicó que, de obtener una resolución favorable o una cautelar de la ONU, recurrirán a la Cámara de Casación Penal invocando el artículo 366 (inciso F) del Código Procesal Penal Federal. Aunque los pronunciamientos del Comité de la ONU no son de cumplimiento automático ni vinculantes en la jurisprudencia argentina, ese artículo abriría la puerta legal para solicitar formalmente la revisión de la sentencia firme.

Fuentes de la defensa admitieron que el trámite de fondo ante las Naciones Unidas demandará años, pero confían en que un fallo internacional fortalezca de manera inmediata la posición política de la expresidenta.

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