El Gobierno español desplegó al Ejército en Ceuta tras la llegada de miles de migrantes desde Marruecos. Hay 27 muertos y tensión en Europa.
La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una crisis humanitaria y de seguridad sin antecedentes recientes tras el cruce masivo e irregular de decenas de miles de migrantes procedentes de Marruecos a través del espigón fronterizo del Tarajal, tanto a nado como por vía terrestre. Ante la gravedad de los acontecimientos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó este viernes al enclave para evaluar sobre el terreno un operativo que ya incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas y el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La marea humana, alimentada por rumores de apertura de pasos fronterizos y una creciente presión migratoria en la zona de Fnideq, desbordó rápidamente las capacidades de contención locales. Mientras las estimaciones del Gobierno de Ceuta señalan que cerca de 49.000 personas habrían ingresado en un lapso de entre 24 y 48 horas, fuentes policiales y análisis televisivos iniciales barajaron rangos más cautos de entre 2.000 y 20.000 personas. El impacto en la ciudad, de apenas 83.000 habitantes, ha colapsado los servicios de recepción y la red urbana, donde miles de jóvenes deambulan sin refugio.
La emergencia marítima dejó un saldo trágico. Al menos 27 personas han muerto ahogadas en el mar en los últimos días —18 de ellas en una sola jornada—, según las últimas intervenciones de los equipos de rescate y la Guardia Civil. Para frenar los pasos a nado y garantizar una barrera de contención física y visual, Sánchez anunció la instalación de un sistema de boyas en el espigón fronterizo, así como la agilización de expedientes de devolución en coordinación con Rabat.
Tensión institucional y respuesta estatal
La magnitud del desborde generó un choque directo entre las autoridades ceutíes y el Ejecutivo central. El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó la situación como una “absoluta emergencia humanitaria” y exigió la declaración de la emergencia de interés nacional bajo el amparo de la seguridad nacional. Sin embargo, el Ministerio del Interior desestimó activar el Sistema Nacional de Protección Civil al precisar que la legislación vigente no contempla los flujos migratorios dentro de este catálogo de riesgos.
En su comparecencia desde el enclave, Pedro Sánchez calificó el episodio como una “violación de la integridad territorial de España” y aseguró que el Estado utilizará todos los recursos disponibles para restaurar el orden. El mandatario atribuyó la avalancha a la acción de redes de tráfico de personas, al tiempo que reafirmó la colaboración con el gobierno marroquí para acelerar los retornos, pesar del silencio público inicial de Rabat y de los duros enfrentamientos registrados en el lado marroquí de la frontera.
Onda de choque y fractura en la Unión Europea
El desborde en el enclave español ha desatado una inmediata reacción en cadena entre los socios de la Unión Europea. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sugirió la posibilidad de aplicar medidas extraordinarias como la suspensión del acuerdo de libre circulación de Schengen con España, postura respaldada por su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y apoyada públicamente por la ministra del Interior de Finlandia, Mari Rantanen. Asimismo, el Gobierno de Francia ordenó el refuerzo inmediato de los controles en su frontera con España y activó la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida, mientras países como Suecia y Países Bajos exigieron a Madrid «recuperar el control» de la frontera exterior comunitaria.
Por su parte, la Comisión Europea ha cerrado filas en torno a la defensa de las fronteras exteriores. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, tildó de “inaceptables” las imágenes procedentes de Ceuta y exigió frenar los cruces irregulares. Bruselas ofreció a España refuerzo financiero, técnico y operativo a través de la agencia Frontex, mientras intensifica los contactos diplomáticos con Marruecos para contener las salidas y asegurar el cumplimiento de los acuerdos de repatriación.
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