El peor desastre de la historia reciente de Venezuela deja daños multimillonarios que el Estado, en quiebra y bajo tutela, no puede costear solo.
Venezuela cierra la fase de rescate tras el doble terremoto del pasado 24 de junio en el norte del país para enfrentar un desafío monumental: la reconstrucción de las zonas afectadas en Caracas, La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua. Las estimaciones iniciales de los daños materiales ya anticipan una factura económica astronómica para una nación severamente asfixiada. Imágenes satelitales confirman el colapso de vías, decenas de edificios reducidos a escombros y severas reducciones de iluminación que evidencian la pérdida del suministro eléctrico en amplias regiones.
Daños de hasta US$ 20.000 millones
Las estimaciones preliminares sobre el costo total de los daños varían según las entidades, pero todas coinciden en que la cifra requerida es astronómica en comparación con la realidad financiera del país.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) calculó los daños físicos directos en US$ 6.700 millones, basándose en un análisis de 1,7 millones de estructuras en las zonas afectadas. La organización advirtió que el rango de daños directos podría oscilar entre los US$ 4.700 millones y los US$ 8.700 millones, aclarando que esto no incluye la totalidad de la infraestructura ni los costos de reconstrucción a largo plazo, los cuales suelen ser entre 1,5 y 3 veces mayores que el impacto directo. De confirmarse la base de US$ 6.700 millones, representaría cerca del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) venezolano.
Por su parte, economistas locales proyectan escenarios más severos. Asdrúbal Oliveros estima que el costo real de reconstrucción se situará entre los US$ 12.000 y US$ 15.000 millones, siendo la vivienda, el comercio, el transporte, la logística y la infraestructura las áreas más críticas. Con una mirada aún más pesimista, Alejandro Grisanti, socio de la consultora Ecoanalítica, sitúa el costo total en torno a los US$ 20.000 millones.
Una economía asfixiada antes del sismo
El desastre ocurre en un contexto de extrema precariedad. El PBI de Venezuela se contrajo más de un 70% entre 2014 y 2021 debido a la hiperinflación, desequilibrios fiscales y el colapso de la producción petrolera, lo que empujó a una de las mayores olas de emigración del mundo. De hecho, antes de los sismos, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ya reportaba que más de 5 millones de personas requerían asistencia alimentaria urgente en la nación.
A esto se suma que Venezuela se encuentra en default técnico de su deuda pública desde 2017, acumulando compromisos impagos cercanos a los US$ 170.000 millones, lo que le impide financiarse de forma ordinaria en los mercados internacionales. Las sanciones económicas remanentes de Estados Unidos restringen todavía más las opciones de crédito.
Fondos prometidos: una gota en el océano
Hasta el momento, los recursos internacionales y nacionales anunciados se quedan sumamente cortos frente a las necesidades reales:
- Gobierno de Estados Unidos: prometió más de US$ 300 millones en asistencia humanitaria directa.
- Gobierno venezolano: la presidenta Delcy Rodríguez anunció la movilización de US$ 200 millones asignados previamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
- Gobierno de China: el presidente Xi Jinping ordenó el destino de US$ 17 millones en ayuda.
- Naciones Unidas: el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia liberó de forma inmediata US$ 15 millones.
«Las primeras cifras que han salido de la ayuda internacional han sido pobres», afirmó Alejandro Grisanti en una entrevista a BBC Mundo, señalando la enorme brecha existente.
Obstáculos políticos y financieros
La viabilidad de la reconstrucción no solo depende de conseguir el dinero, sino de quién lo gestionará. El país atraviesa una inédita configuración política tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por una operación militar estadounidense y su posterior traslado a Nueva York. Su sucesora en el cargo, la presidenta Delcy Rodríguez, ejerce actualmente el poder ejecutivo con el respaldo explícito del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
Aunque Rodríguez aseguró estar negociando con Washington y el FMI para «recuperar recursos», el camino financiero es incierto. El FMI reanudó relaciones técnicas con Caracas en mayo para supervisión, pero enfatizó que esto no se traduce en financiamiento inmediato. Los antecedentes de la pandemia —cuando el FMI negó fondos especiales a Venezuela argumentando dudas sobre la legitimidad institucional del gobierno de entonces— sugieren que cualquier ayuda futura estará condicionada a estrictos planes de auditoría.
Analistas de firmas como Síntesis Financiera apuntan que, además de la desconfianza internacional por los históricos problemas de corrupción y falta de transparencia del Estado, el país enfrenta una severa pérdida de capital humano capacitado tras años de declive ético y económico.
Para sortear las sospechas y optimizar los fondos, expertos sugieren la creación de una «autoridad única independiente» encargada de canalizar los recursos de forma transparente, una fórmula aplicada con éxito en otras catástrofes mundiales. Sin una articulación profunda entre el Estado supervisado, la sociedad civil y la comunidad internacional, la reconstrucción del norte de Venezuela corre el riesgo de quedar estancada entre los escombros.
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