El Congreso de Bolivia derogó la ley que limitaba el poder presidencial. Rodrigo Paz podrá usar al Ejército ante los bloqueos que paralizan al país.
El Parlamento de Bolivia eliminó la norma que regulaba los estados de excepción. Con el voto de más de dos tercios de la Cámara de Diputados, el presidente Rodrigo Paz quedó autorizado para desplegar a las Fuerzas Armadas y contener la crisis social que cumple 21 días de protestas y bloqueos de carreteras.
La decisión del Poder Legislativo suprime la Ley 1341 (conocida como «ley Eva Copa»), aprobada en 2020 durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez. Aquella normativa obligaba a una rigurosa fiscalización del Parlamento y limitaba la acción militar a situaciones en las que la Policía se viera completamente superada. Con su anulación, el Gobierno central asume el control directo para liberar las rutas nacionales.
No obstante, al suprimirla, el país ingresa en un complejo escenario jurídico: la Constitución delega en el Ejecutivo la atribución de dictar el estado de emergencia, pero exige una ley regulatoria que ahora ha quedado extinta.
Bloqueos, desabastecimiento y pérdidas millonarias
La medida legislativa responde a la presión de 21 días consecutivos de huelgas y cortes de rutas impulsados por sindicatos mineros, campesinos de la Federación Túpac Katari, el movimiento indígena Ponchos Rojos, la Central Obrera Boliviana (COB) y bases afines al expresidente Evo Morales.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este martes un total de 61 cortes de rutas que afectan a seis de los nueve departamentos del país, concentrándose la mayor gravedad en La Paz, Oruro y Cochabamba. La consecuencia inmediata es el aislamiento de las principales urbes del altiplano, que ya sufren un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos esenciales como el oxígeno medicinal.
- Kilómetros de camiones de carga internacional permanecen varados en los corredores que conectan con los puertos de Chile y Perú. Sindicatos de choferes urbanos se sumaron a las protestas debido a la falta de carburantes y para exigir indemnizaciones por los daños mecánicos provocados por combustibles de mala calidad distribuidos a inicios de año.
- En Cochabamba, el sector lechero acumuló pérdidas por más de 10 millones de bolivianos (USD 1,44 millones). Ante la imposibilidad de acopiar el producto, el municipio debió autorizar la venta de emergencia en plazas públicas. Por su parte, la Federación Nacional de Avicultores advirtió sobre un inminente desabastecimiento de pollo debido a la falta de insumos en las granjas, mientras que el sector textil regional computa mermas por USD 100.000.
- Los bloqueos lamentablemente ya se han cobrado vidas. Se registran cuatro fallecidos —entre ellos un menor de 12 años— que no lograron recibir atención médica a tiempo debido a los cercos viales, sumados a un manifestante muerto por herida de bala el pasado sábado durante un operativo de despeje en la ruta La Paz-Oruro.
Cruces políticos y la sombra de Evo Morales
Durante el debate parlamentario, los legisladores oficialistas apuntaron de manera directa contra el expresidente Evo Morales, señalándolo como el principal artífice de las movilizaciones destinadas a forzar la renuncia de Rodrigo Paz. Diversas bancadas exigieron formalmente que la justicia proceda con la aprehensión del exmandatario.
“La ley 1341 fue creada para quitarle prerrogativas constitucionales a nuestro presidente. ¿Cómo quieren que reaccionemos ante la violencia? ¿Con florcitas, con pañuelitos blancos? No. Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas”, sentenció Manolo Rojas, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La raíz de las protestas iniciales radicaba en reclamos salariales, el descontento frente a una normativa agraria y el rechazo a las políticas liberales del Ejecutivo, como la anulación del impuesto a las grandes fortunas. No obstante, el conflicto escaló velozmente hacia demandas de índole política y de representatividad social.
A nivel internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, manifestó su preocupación por los acontecimientos y calificó las movilizaciones como un intento deliberado de desestabilización democrática contra el actual Gobierno.
Entre la fuerza y la convocatoria al diálogo
En un intento por desactivar la escalada antes de aplicar las prerrogativas de fuerza que le otorgó el Congreso, el presidente Rodrigo Paz ensayó un giro estratégico. En un acto público celebrado en Sucre, el mandatario pidió disculpas por las demoras de su administración en atender los reclamos sectoriales y convocó formalmente a la instalación del primer Consejo Económico y Social.
La cita, programada para este miércoles a las 10:00 hora local, pretende sentar a las organizaciones sociales en una mesa de negociación donde se prevé analizar una cartera de más de 2.000 proyectos que contarían con el respaldo financiero de organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la CAF.
No obstante, la advertencia del Ejecutivo fue tajante: el diálogo representa la última vía pacífica. Con la Ley 1341 derogada, el Gobierno ya dispone del andamiaje legal necesario para emplear el poder militar, trasladando el conflicto de los despachos políticos a las calles.
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