La líder de Fuerza Popular venció a Roberto Sánchez en un ajustado escrutinio y asumirá el poder para el periodo 2026-2031.
Keiko Fujimori se convirtió formalmente en la nueva presidenta electa de Perú. Tras una agónica espera de 22 días, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este lunes el escrutinio del 100% de las 92,766 actas de la segunda vuelta celebrada el pasado 7 de junio, ratificando el retorno del fujimorismo un cuarto de siglo después de la caída del régimen de su padre, Alberto Fujimori.
A sus 50 años, la líder de Fuerza Popular quiebra un ciclo de 15 años de persistencia política y tres derrotas consecutivas (2011, 2016 y 2021). Con este triunfo, se inscribe en la historia como la primera mujer en ser elegida democráticamente para portar la banda presidencial en el país andino.
Un país dividido por 49 mil votos
Las cifras oficiales revelan una polarización absoluta en el electorado peruano, repitiendo la tendencia de las dos últimas citas presidenciales que también se definieron por márgenes mínimos. Fujimori alcanzó un total de 9,223,396 votos, adjudicándose el 50.135% de los sufragios válidos. En la otra orilla, su contendiente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez —quien postuló bajo la sombra política del encarcelado exmandatario Pedro Castillo—, sumó 9,173,755 votos, equivalentes al 49.865%.
La brecha que separó a ambos líderes fue de apenas 49,641 votos, desencadenando de inmediato un clima de alta tensión. Mientras que Keiko Fujimori llamó a la calma en sus redes sociales expresando que recibe el resultado «con mucha humildad, prudencia y responsabilidad«, Sánchez adelantó que no reconocerá la legitimidad de la nueva presidenta, denunciando sin pruebas un supuesto fraude en el voto exterior. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prevé la proclamación oficial de los resultados para el próximo viernes 3 de julio, dejando la entrega de credenciales para el 15 de julio y la respectiva asunción de mando el 28 de julio.
El fin del «techo invisible» del antivoto
Para llegar a este punto, la heredera del fujimorismo tuvo que sortear una de las trayectorias más accidentadas de la política contemporánea. Desde que asumió el rol de primera dama en 1994 a los 19 años tras la separación de sus padres, su apellido se convirtió tanto en su mayor capital político como en su cruz más pesada.
Durante años, el denominado «antivoto» —alimentado por la memoria de la autocracia de los años noventa, los abusos a los derechos humanos y sus propios problemas legales— funcionó como un techo infranqueable en los balotajes. Sin embargo, para este proceso de 2026, diversos factores diluyeron esa resistencia.
Por un lado, el fallecimiento de su padre, Alberto Fujimori, en 2023 cerró simbólicamente una herida histórica en la memoria colectiva del país. Por otro lado, el archivo definitivo en enero de 2026 del mediático «caso Cócteles» —ordenado por el Poder Judicial bajo los lineamientos del Tribunal Constitucional— liberó a la candidata de la asfixiante presión penal. El fiscal José Domingo Pérez la había acusado de lavado de activos por presuntos aportes de la constructora Odebrecht, un caso que la llevó a cumplir más de 500 días en prisión preventiva a lo largo de tres períodos distintos.
Pese a haber enfrentado la elección más fragmentada de la historia nacional con un récord de 35 candidatos, Fujimori logró imponerse en la primera vuelta del 12 de abril con un modesto pero suficiente 17.18% de los votos, abriendo las puertas a este definitivo balotaje.
Plan «Perú con Orden»
Fujimori, administradora de empresas graduada de Boston University y con una maestría en Columbia University, asumirá las riendas de una nación golpeada por una severa crisis de gobernabilidad, sumando el antecedente de haber tenido ocho presidentes en la última década debido a constantes choques con el Legislativo.
Su plan de gobierno, denominado «Perú con Orden», se estructurará bajo el liderazgo de su plancha presidencial, integrada por los excongresistas Luis Galarreta Velarde (primer vicepresidente) y Miguel Ángel Torres Morales (segundo vicepresidente). Los pilares fundamentales anunciados para su gestión son:
- Seguridad ciudadana: considerada la mayor urgencia social ante el avance del crimen organizado. Propone el despliegue de 1.000 patrulleros inteligentes, 10.000 cámaras de seguridad, Centros de Comando en las 24 regiones del país y la edificación de cuatro mega penales bajo la administración temporal de las Fuerzas Armadas.
- Economía: captar inversiones privadas anuales por montos de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, fijando la meta de reducir el déficit fiscal al 1% del PBI para el año 2031.
- Desarrollo social: edificar 3.000 instituciones educativas y reducir los índices de pobreza monetaria en el país al 15% en un plazo de cinco años.
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